Varios juristas exigen al Estado que pague a los 65.000 perjudicados por el 'timo' de la solar

Varios juristas participaron el pasado viernes en un evento energético que pidió justicia para las 65.000 familias afectadas por el recorte de las renovables. Luis Pérez, socio del despacho de abogados de Cuatrecasas, Reyes Gómez, socia de Regulatorio de la consultora PwC, Alfonso Luciano, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III y hasta el filósofo Javier Gomá se han unido para defender esta causa. Al tiempo que determinados fondos de inversión afectados están siendo recompensados con indemnizaciones gracias a los laudos del Banco Mundial, estas familias no corren igual suerte tras el carpetazo del Tribunal Supremo a este caso.

El evento, que tuvo lugar en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, fue impulsado por la asociación Anpier (Asociación nacional de productores de energía fotovoltaica). El título de la ponencia era el mismo del libro que se presentaba: La equidad en el tratamiento de los inversores en energías renovables, coordinado por Juan Castro-Gil, vicepresidente de la Fundación Renovables y socio cofundador de la Asociación Española del Derecho de la Energía.

Entre las recomendaciones que figuran en la obra cabe mencionar dos relacionadas con el trato diferenciado de los inversores nacionales y extranjeros: «Adoptar las medidas necesarias para que los inversores españoles en energía fotovoltaica, que han visto recortada su retribución, no reciban peor trato que los inversores de los países signatarios de tratado sobre la Carta de la Energía» y «establecer los mecanismos que se estime convenientes para compensar el esfuerzo singular que el cambio retributivo implica para los inversores españoles».

En el volumen se abordan muchos otros temas de este extenso episodio. El asunto central es el término de la equidad, un concepto clave para comprender el problema de estas familias. Se aborda el arbitraje internacional de inversores desde la perspectiva del derecho de la Unión Europea, la viabilidad jurídica de medidas extraordinarias reparadoras de violaciones de la equidad y la importancia de los intangibles en la aplicación del principio jurídico de la equidad.

Los afectados explican lo que ocurrió hace más de una década: «En su inmensa mayoría, ciudadanos jubilados que habitan entornos rurales destinaron sus ahorros e hipotecaron sus hogares en lo que era la inversión más importante de sus vidas, fundamentalmente en los años 2007-2009, porque el propio Estado español solicitó a la ciudadanía que apoyaran con sus inversiones personales el proceso de maduración de las fuentes de generación renovable, y lo presentó como una inversión ética, patriótica, rentable y segura».

«A los dos años de tener en funcionamiento sus instalaciones de generación fotovoltaica, en 2010, se inició un carrusel de recortes retroactivos que fue destrozando estas inversiones, un proceso justificado con argumentos falaces y acompañado de informaciones al ciudadano igualmente falsas para justificar estas acciones, achacando a estas instalaciones el denominado déficit de tarifa (…) La sucesión de recortes se inició en 2010 y se consolidó en 2014 y sus implicaciones eran muy diversas en función de la tipología de la instalación (…) El recorte medio en la retribución fue del 30%, una magnitud que, como se proyectó con carácter retroactivo y para toda la vida útil regulatoria, supone un montante descomunal e insoportable para los pequeños productores, algunos de ellos soportan recortes de hasta el 45%».

Crítica a Alberto Nadal

Durante el encuentro apareció el nombre de Alberto Nada, secretario de Estado de Energía cuando se llevó a cabo el recorte de las renovables que había comenzado en 2010, bajo el Gobierno de Rodríguez Zapatero. El ingeniero Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables y vinculado al partido político Sumar, afirmó: «Nadal ha hecho unas declaraciones de que hay que recortar las subvenciones que viven los sectores energéticos. Y como ya hay costumbre, y tiene carrerilla con lo que hizo en el año 2013 y 2014, nos podemos temer lo peor de hacia dónde va esto».

La respuesta de uno de los ponentes de la mesa fue la siguiente: «Lo esperamos con temor… cuando alguien tiene la historia que tiene» y añadió que esperaba que no volviese a ocupar un puesto donde se tomasen decisiones que afectaban a este ámbito. Tras esta intervención, un asistente vinculado al PP recordó lo difícil que fue tomar esa medida, y que se hizo para salvar al sistema eléctrico.