La CNMC teme un recurso judicial de las eléctricas por su retribución de las redes
El Ministerio se ha posicionado con el regulador, pero el Consejo de Estado es clave en caso de llevarlo a tribunales

La presidenta de la CNMC, Cani Fernández. | EP
Se cierne una batalla judicial entre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y las eléctricas. En 34 días debe entrar en vigor la nueva retribución propuesta por el regulador, fijada en el 6,58%. Las compañías del sector presionan para elevarla hasta el 7,5%. Sin embargo, la CNMC cuenta con un elemento de presión para que acepten su cálculo: si no hay acuerdo, existe el riesgo de que la retribución se mantenga en el 5,58% actual durante el próximo periodo regulatorio (2026-2031).
Las eléctricas se apoyan ahora en el Consejo de Estado, al que han solicitado cambios en el cálculo de la tasa. El informe de este organismo es preceptivo, pero no vinculante. Aun así, si su dictamen señala fallos en la metodología empleada, podría convertirse en un argumento sólido para que las compañías intenten anular la tasa en los tribunales, un movimiento que teme el regulador.
Ese es el arma con el que cuentan las energéticas después de que el Ministerio de Transición Ecológica no se haya posicionado de su lado en esta batalla, sino del lado del regulador tras no haber convocado la Comisión de Cooperación (un organismo compuesto por tres personas de la CNMC y tres personas de la Secretaría de Estado de Energía), que se activa si hay discrepancia entre ellos.
Según fuentes conocedoras de la situación, una vez que se aprobara la tasa, a través de una circular de la CNMC, quedaría agotada la vía administrativa. En ese caso, se tendría que impugnar a través de un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. La última instancia sería el Tribunal Supremo.
El regulador cuenta con un argumento de autoridad para no subir la tasa: «Hay que arbitrar entre lo justo para uno, pero sin ser injusto con los consumidores. Todo lo que suba la tasa lo acaban pagando estos últimos». Según argumentan fuentes del sector energético, «la tasa de retribución afecta a las inversiones hechas, con lo que subirla no solo influye en lo que la empresa va a invertir, sino en todo lo que va a cobrar con lo que tiene hecho, porque retribuye todos los activos con vida regulatoria».
Las eléctricas, en el Ministerio de Ciencia
Mientras tanto, las eléctricas presionan con poner en juego las inversiones si no suben la tasa que retribuye sus redes. El pasado jueves, los directivos del gestor de la red de transporte, Red Eléctrica, y las principales energéticas, enumeraron una serie de riesgos a los que se enfrentará la red hasta 2030 en un evento en el Ministerio de Ciencia. Mostraron su preocupación por «la concatenación de recortes de gasto que propone la CNMC, que lleva a la precarización del servicio y tiene consecuencias negativas para la cadena de suministro: pérdida de empleo y deslocalización en contra de los objetivos europeos de desarrollo de proveedores locales».
«El crecimiento del país no puede entenderse sin una red eléctrica acorde al tiempo actual. Nuevas industrias, pero también la movilidad eléctrica, la bomba de calor, el autoconsumo… en definitiva, un país descarbonizado y electrificado necesita tener como base una red eléctrica robusta, segura y flexible y para conseguirlo no hay otro medio que una inversión acorde a los países de nuestro entorno que equipare las primas de riesgo asociadas».
En el ojo del huracán está el modelo totex (gastos totales), la nueva metodología empleada por la CNMC que rompe con el viejo esquema que se basa en aplicar una tasa de retorno al coste de mantenimiento, operación en inversiones por medio del capex (el gasto en la inversión a largo plazo) y el opex (gasto en las operaciones diarias) que llevan a cabo las eléctricas. Lo que busca es retribuir los activos —por ejemplo, los cables o los transformadores— para que se pague por el servicio. Trata de establecer confianza entre el regulador y las eléctricas y obligar a estas últimas a invertir en digitalización para diseñar un sistema de información real que dé señales a los agentes y permita la flexibilidad.
Dentro de la CNMC preocupa otro problema, y es que se le responsabilice también del apagón. El pasado jueves, la senadora por el PP Carmen Riolobos se enfrentó a la directora de Energía del regulador sobre la actuación de este antes, durante y después del colapso eléctrico del 28 de abril. La línea de interrogación se centró en tres reproches principales: la falta de actualización normativa, la ausencia de reacción ante avisos de riesgo reiterados y la escasa supervisión sobre los agentes del sistema. La senadora también subrayó que la CNMC había advertido públicamente en enero de 2025 del «alto riesgo de apagón» por problemas de tensión y caída de demanda, sin que ello se tradujera en medidas regulatorias urgentes.
