El sector petrolero critica que la empresa beneficiada por el PNV siga tras la condena
Su dueño, Alejandro Hamlyn, está huido, pero el Gobierno le da margen hasta que la sentencia sea firme
El dueño de Haxx (antigua Hafesa), Alejandro Hamlyn. | Hafesa
El sector petrolero sigue de cerca el caso de Haxx (la antigua Hafesa), beneficiada fiscalmente por la Diputación de Vizcaya, controlada por el Partido Nacionalista Vasco (PNV). Voces autorizadas del sector señalan su «incomprensión» porque la empresa continúe con el título de operador y activa en el mercado de hidrocarburos, pese a que ha sido condenada recientemente por la Audiencia Nacional, además de que su dueño, Alejandro Hamlyn, sigue huido de la Justicia.
En los últimos meses, decenas de empresas han perdido el Redef (título que permite a una empresa participar en la compraventa de combustible) por las exigencias de la Agencia Tributaria. La gran mayoría han sufrido ese revés sin ni siquiera tener la sentencia de un tribunal. Fuentes de la Agencia Tributaria aseguran a THE OBJECTIVE que «otras retiradas del Redef sin sentencia firme han sido por otras causas» y señalan que tomarán una decisión sobre Hafesa cuando la sentencia «sea firme».
El Ministerio de Transición Ecológica -que tiene la potestad de habilitar o inhabilitar a una compañía- argumenta que mientras cumpla «técnica y financieramente», no se le puede hacer nada. La empresa, según los registros de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia (CNMC), lleva activa desde mayo de 2015, cuando tenía otra denominación. La empresa ahora se enfrenta a una multa multimillonaria (que supera los 150 millones) por un fraude fiscal en concepto de IVA de hidrocarburos de 154 millones de euros entre 2016 y 2019.
Sobre el hecho de que continúe operando pese a la condena, fuentes de Haxx (antigua Hafesa) señalan: «La condena no es firme, ya que todavía se puede apelar y es lo que vamos a hacer. Además, la sentencia resalta la cultura corporativa de compliance de Hafesa en la actualidad, motivo por el cual, entre otras razones, no acuerda la disolución de la empresa». Además, y según remarcan, «la empresa necesita de su actividad en todo caso para pagar cualquier responsabilidad civil, por lógica».
En la sentencia, a la que ha tenido acceso este medio, la empresa afirma que «en la actualidad ha implementado un sistema de compliance, se ha contratado a un despacho, se ha elaborado un código de conducta, ha abierto canal de denuncias y tiene un presupuesto destinado a ello de 70.000 euros». No obstante, el escrito remarca que «la cantidad es ciertamente irrisoria, si tiene en consideración la facturación del grupo, que asciende a unos 1.500 millones de euros».
Fuentes jurídicas del sector de hidrocarburos auguran que «en cuanto ejecuten la sentencia y tengan que pagar la multa, se quedaran en fondos propios negativos y el Ministerio de Transición Ecológica les tendrá que inhabilitar». La razón de que no le quiten el Redef se debe a que este «revisa la situación actual con la Agencia Tributaria y no la pasada». Es precisamente esto lo que defiende la empresa, que está convencida de que será absuelta tras su recurso: «Lo que se discute en el juicio son los ejercicios 2016 a 2019, nadie pone en duda los ejercicios 2019 a 2025. Hemos pasado todas las inspecciones y cumplimos con todas nuestras obligaciones».
Aplazamiento de 225 millones
Haxx ha provocado cierto recelo en el sector petrolero en los últimos meses después de que este periódico desvelase los beneficios fiscales que recibió por parte de la Diputación de Vizcaya (controlada por el PNV) durante los últimos años, pese a que su operadora estrella, Hafesa Energía, y su dueño, estaban imputados en una causa por fraude de IVA por valor de 154 millones, por la que fue condenada hace unos días.
El Grupo Hafesa logró el aplazamiento de 225 millones de euros en el pago del IVA y del Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) a partir de 2019. Según las notificaciones del acuerdo de concesión de aplazamiento emitidas por la Hacienda Foral, desde finales de 2023 a enero de 2024 la petrolera de origen vasco se habría beneficiado de un trato favorable por parte de la Administración autonómica al permitir aplazar pagos impositivos desde 2019.
De acuerdo con los documentos de la Diputación Foral de Vizcaya, las empresas del entramado que solicitaron el aplazamiento de pago fueron cuatro: DBA Bilbao Port SL, Hamlyn participaciones SL, Hafesa Distribución Oil Siglo XXI SL y Hafesa Suministro de Hidrocarburos. El administrador único de todas ellas era el huido Hamlyn. Este panorama dio lugar a que la empresa fuese acusada dentro del sector de «competencia desleal» porque, según fuentes financieras, cualquier aplazamiento «siempre es un beneficio» y, para más inri, lo hacía la Hacienda Vasca con una empresa investigada por fraude fiscal.
Este año la imagen de la compañía ha quedado seriamente dañada por varios golpes, desde la mencionada condena por fraude fiscal de la Audiencia Nacional hasta la orden de búsqueda y captura contra su dueño, Alejandro Hamlyn, fugado en Dubái (Emiratos Árabes Unidos). Por ello, han llevado a cabo movimientos corporativos en la empresa, como un cambio de sede y de nombre de la compañía y la incorporación de un nuevo CEO.