Uno de los cabecillas de un presunto fraude de fuel de 280 millones fue indultado por Zapatero

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero indultó a uno de los cabecillas de Biomar Oil, la petrolera de un presunto fraude de hidrocarburos por valor de 280 millones de euros, en 2007 después de que le condenaran a cuatro años y medio de cárcel por cometer varios delitos económicos. Sus iniciales son J.C.C.. Se trata de un abogado salpicado en 2012 por el caso Emperador contra las mafias chinas tras ser acusado de colaborar con una organización para blanquear dinero.

Él, junto con el empresario T.T.H. y el actor J.M.G., controlaban el holding TCM, del que dependían varias empresas. Fuentes conocedoras señalan que precisamente el nombre de la matriz representa la inicial del apellido de los tres mencionados. La Audiencia Nacional los dejó en libertad hace unos días después de que la Fiscalía pidiese medidas cautelares de retirada del pasaporte, prohibición de salida del país y firma mensual en sede judicial.

Biomar Oil fue su operadora estrella: una empresa que llegó a facturar en 2022 más de 1.000 millones de euros por la compraventa de combustible, lo que que provocó recelo dentro del sector, que comenzó a acusarla de incumplir con las reglas del mercado. Finalmente, la compañía en verano de 2024, el Ministerio de Transición Ecológica la inhabilitó por acumular una deuda en la mezcla de los biocombustibles de más de 200 millones de euros.

Unas semanas antes de la detención, como adelantó este periódico, el holding vendió a Hafesa (hoy llamada Haxx) sus terminales de Tancar (en Cartagena) y ODT (en Málaga). Un movimiento corporativo que generó críticas dentro del sector petrolero por la situación de la parte compradora: su dueño está huido de la Justicia en Dubái (Emiratos Árabes) y en ese momento la empresa esperaba una sentencia inminente de la Audiencia Nacional, que acabó semanas después condenándola a una multa —recurrible— que supera los 150 millones de euros.

Precisamente a principios de 2024, Repsol y el gigante canario de hidrocarburos Disa denunciaron a todos los mencionados ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) «por la realización de actos de competencia desleal en el mercado de distribución mayorista de carburantes». En concreto, cabe resaltar a las siguientes personas físicas y jurídicas: Hafesa, Grupo TCM (Biomar, TCM Investors, Tancar, ODT y Biozenite, que fue inhabilitada en junio de 2025), Martankship y al abogado indultado por Zapatero, J.C.C, al empresario T.T.H y al actor J.M.G, antes mencionados.

Unos meses después de la denuncia de la CNMC, surgió una asociación llamada Aopyde que buscaba hacer frente a las grandes patronales del sector: la AOP (que representa a las seis empresas más potentes del país, y donde se encuentra Repsol) y la UPI (que no refinan y donde se encuentra Disa). La nueva asociación incluía al grupo TCM, Martankship, entre otros. Aunque buscaban reunir al 15% del mercado, tuvieron muchas negativas, y con el tiempo algunas empresas abandonaron la organización.

El presidente de esta organización —hasta que se disolvió recientemente— era Virgilio Cano (que fue presidente de Tancar y representante de Biozenite), que décadas antes fue un alto cargo del PSOE del gobierno de la Comunidad de Madrid. Una de las luchas de la asociación desde el principio fue contra lo que ellos denominaban «el mal llamado fraude de biocombustibles», un asunto por el que acabaron retirando a Biomar del mercado.

Desde un principio, la asociación consideró injusta la inhabilitación de Biomar, y defendió que había cumplido con las mezclas de biocombustibles (el envío al Ministerio de una serie de certificados que acreditan que el 10,5% del carburante que se vende es de origen verde), lo que les llevó a presentar una querella por prevaricación administrativa contra el subdirector general de Hidrocarburos, José Luis Cabo, responsable de todas estas tramitaciones.

A finales de junio de 2024, un juzgado admitió a trámite la querella. Meses antes, según la empresa, habían presentado múltiples solicitudes de expedición de certificados de biocarburantes ante la Subdirección General de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles. No obstante, todas las solicitudes fueron eliminadas de la plataforma del Sistema de Información para la Certificación de Biocarburantes (Sicbios) «sin justificación».

El cargo público declaró hace un año ante la juez que los datos habían desaparecido de la plataforma Sicbios por «un problema informático» y que se había limitado a firmar el oficio de inhabilitación. Recientemente, la Fiscalía pidió archivar la causa contra este cargo del Ministerio de Transición Ecológica y defendió el sobreseimiento provisional y archivo de la causa «al no desprenderse de lo actuado indicios de un delito de prevaricación administrativa».

«El pago compensatorio impuesto a Biomar no obedeció a una decisión subjetiva o caprichosa de una autoridad o funcionario público, sino que nació del hecho objetivo de que Biomar no presentó los certificados de ventas de hidrocarburos que la Administración le exigía para acreditar que había alcanzado los objetivos de ventas impuestos, cuyo incumplimiento conllevaba por imperativo legal […] el pago compensatorio, cuya cuantía tampoco obedece a una decisión subjetiva de una persona, sino que viene reglada legalmente», argumentó la Fiscalía.