El Gobierno no inhabilitó a ningún operador de hidrocarburos en el año de mayor fraude de fuel

El Ministerio de Transición Ecológica no inhabilitó a ningún operador de hidrocarburos en 2023, considerado como el año de mayor fraude de fuel. El papel de la subdirección de hidrocarburos —un departamento dentro del Ministerio de Transición Ecológica que tiene la potestad de inhabilitar operadores sospechosos en el sector de hidrocarburos— y la Agencia Tributaria —a la que se le dio ese año el poder de otorgar y quitar el título clave para el comercio de hidrocarburos— ha generado críticas por parte del sector petrolero por cómo se ha llevado gestión del fraude del fuel.

El fraude ha generado un agujero de cientos de millones. Según los datos analizados por el sector a través de Agencia Tributaria (AEAT), en 2023 el fraude de IVA (impuesto sobre el valor añadido) de los hidrocarburos se disparó 254 millones de euros más con respecto a 2022. Mientras que en 2022 el fraude fue de 460,7 millones de euros, en 2023 alcanzó los 715,1 millones, un aumento porcentual del 55% en doce meses.

Según los datos cotejados por los expertos fiscalistas y financieros del sector de los hidrocarburos consultados por THE OBJECTIVE, «en los últimos años ha habido las siguientes altas de operadores: nueve compañías en 2022, 17 en 2023, nueve en 2024 y dos en 2025. Por otro lado, las inhabilitaciones por fraude durante esos mismos años fue la siguiente: dos en 2022, cero en 2023, nueve en 2024 y 13 en 2025».

Sobre esto último, el sector petrolero pone el foco en la subdirección de hidrocarburos. Una sección del ministerio que, según denuncian desde el sector, ha utilizado criterios muy dispares a la hora de dar de alta a un operador. Uno de ellos es, por ejemplo, el requisito financiero para lograr el título, para el que se exigen tres millones de euros. Sin embargo, según fuentes del sector, el criterio para acreditarlo ha sido muy distinto: «Con stock de producto, con infraestructura, con el dinero depositado en una cuenta a la vista y aportado por el socio único de la empresa, de su patrimonio personal, entre otros».

El poder sobre el sector de los hidrocarburos lo compartió Transición Ecológica con Hacienda a principios de 2023. Así, la Agencia Tributaria puso en marcha un censo llamado Redef (registro de extractores de depósitos fiscales), con el objetivo de controlar a todas las empresas del sector y evitar así el fraude. El problema es que al mismo tiempo, Hacienda les dio el poder a todas las compañías de la cadena para extraer combustible del depósito fiscal.

De esta forma, ese año se facilitó a muchas empresas cometer el fraude de comprar sin IVA (impuesto sobre el valor añadido) dentro del depósito para vender con IVA fuera de este. El dinero recaudado sobre todo por la venta del combustible a las gasolineras no se liquidaba al trimestre, cuando Hacienda lo solicitaba. «Personas inútiles con sociedades limitadas de 3.000 euros sin capacidad técnica ni económica pasaron a coger capacidad de almacenamiento de una terminal y además extraer el combustible de allí», se quejan en el sector.

La medida para combatir el fraude, un año después

El pasado lunes, Hacienda dio luz verde a la norma que combate el fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos. La medida, conocida coloquialmente como ‘solución italiana’, llega un año después de que esta se publicara en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por medio de la Ley 7/2024, tras haber sido aprobada previamente en el Congreso de los Diputados. La obligación entrará en vigor el día 1 de febrero de 2026.

La Ley dispone que «el último depositante del producto deberá de garantizar el ingreso del IVA correspondiente a la entrega del bien extraído del depósito fiscal. Para ello, podrá optar entre constituir un aval con un importe mínimo del 110% del IVA correspondiente a las operaciones asimiladas a la importación realizadas en los dos meses inmediatamente anteriores o el pago a cuenta del 110% del IVA de la operación asimilada a la importación a realizar».

Por otro lado, la orden ministerial ha creado un registro de operadores confiables, integrado por aquellas entidades que han obtenido dicha condición. Los requisitos para lograr ese estatus son: «Estar inscrito en el registro de extractores, tener un volumen de extracciones durante el año natural anterior de, al menos, 1.000 millones de litros de gasolinas, gasóleos y biocarburantes y haber realizado operaciones como operador al por mayor durante los tres años anteriores».