Hacienda incendia el sector petrolero al permitir ser «operador confiable» solo a Repsol y Moeve
Fuentes del sector critican que esta decisión del Gobierno puede llevar a una competencia desleal
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. | EP
El Ministerio de Hacienda tiene en tensión a las petroleras del país. En los próximos días —el 31 de enero— acaba el plazo para ser reconocido como «operador confiable» en el sector de hidrocarburos y solo Repsol y Moeve, de momento, lo han conseguido. Un distintivo clave, porque permite a una empresa sortear una medida contra el fraude del fuel que ha sido impulsada por el Gobierno y que obliga a las empresas a aportar una garantía por el IVA al extraer carburante, lo que supone un esfuerzo financiero por los avales millonarios.
El objetivo de la norma es asegurar que el 21% de IVA que se aplica a cada salida de carburante de un depósito fiscal se pague realmente y no se pierda a través de entramados de empresas o facturas falsas antes de que toque declararlo. Ello ha provocado en los últimos años un agujero de cientos de millones para el Estado. Sin embargo, y según ha podido saber THE OBJECTIVE, este escenario de no incluir a operadoras que sí cumplen con los requisitos ha provocado un enfado en el sector, por apreciar competencia desleal.
Para ser «operador confiable» es necesario cumplir los siguientes cuatro requisitos: estar inscrito en el registro de extractores, tener un volumen mínimo de extracciones durante el año natural anterior de, al menos, 1.000 millones de litros de gasolinas, gasóleos y biocarburantes, haber hecho operaciones al por mayor durante los tres años anteriores y tener acreditada solvencia financiera. Entre las empresas afectadas están BP, Galp, Axoil y Hatta Energy, entre otras, que siguen pendientes de la decisión de la autoridad fiscal.
Hacienda lo retrasó un año
El pasado diciembre, Hacienda dio luz verde a esta medida, conocida coloquialmente como ‘solución italiana’ porque se inspira en la aprobada en dicho país para luchar contra el fraude. No obstante, llegó tras un año de que esta fuese publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por medio de la Ley 7/2024, y después de haber sido aprobada previamente en el Congreso de los Diputados. Un retraso que no pasó inadvertido en el sector. Finalmente, la obligación entrará en vigor el día 1 de febrero de 2026.
En los dos últimos años, el Gobierno ha llevado a cabo una política estricta para inhabilitar y dar de alta a compañías en el sector de hidrocarburos. En los últimos años, ha habido las siguientes altas de operadores: nueve compañías en 2022, 17 en 2023, nueve en 2024 y dos en 2025. Por otro lado, las inhabilitaciones durante esos mismos años han sido la siguientes: dos en 2022, cero en 2023, nueve en 2024 y 13 en 2025». Uno de los más sonados en los últimos meses, y según avanzó este periódico, fue la salida de Gunvor Marketing España de esta actividad.
El gran fallo de Hacienda con el fraude
El sector no olvida lo que está considerado como el gran fallo de Hacienda para luchar contra este fraude. A principios de 2023, la Agencia Tributaria puso en marcha un censo llamado Redef (registro de extractores de depósitos fiscales). El objetivo era controlar a todas las empresas del sector para evitar el fraude. El problema fue que, al mismo tiempo, Hacienda les dio el poder a todas las empresas de la cadena para extraer combustible del depósito. El Real Decreto 249/2023 permitió a sociedades limitadas de 3.000 euros, sin capacidad técnica ni económica, tener capacidad de almacenamiento en una terminal y extraer el combustible de allí.
Muchas de estas compañías se dedicaron a comprar combustible dentro del depósito sin pagar el IVA (porque las operaciones dentro del depósito no abonan este tributo) y vender dicho producto fuera del depósito recaudando el IVA, pero no repercutiéndolo cuando Hacienda se lo solicitaba al cabo de un tiempo. Según fuentes conocedoras del asunto, 2023 «fue uno de los años con mayor fraude fiscal de fuel».
Este escenario empujó al Ministerio de Transición Ecológica a corregir a Hacienda y eliminar la posibilidad de que cualquier empresa pudiese vender combustible desde el depósito fiscal, incluyéndolo en una medida dentro del Real Decreto 8/2023 contra las consecuencias económicas y sociales de los conflictos de guerra que se aprobó el 28 de diciembre de 2023, y que se hizo efectivo a principios de 2024.