Temor a una subida del carburante tras la orden de Hacienda que fulmina a 50 petroleras
El ministerio oculta el listado oficial y sigue con una purga inédita en el sector pese al fin del fraude de los hidrocarburos
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. | EP
Hay un listado de la CNMC -Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia- que hasta hace unos días era la referencia del sector petrolero para conocer qué empresas pueden vender carburante (principalmente diésel) desde los depósitos fiscales a las gasolineras. Según los datos de este registro, y tras un análisis de este periódico sobre los que aún tienen «Redef» (el título clave para vender fuera de los almacenes), hoy hay 58 operadoras activas. No obstante, el pasado 1 de febrero se hizo efectiva una orden del Ministerio de Hacienda que limita a un selecto grupo de ocho «operadoras confiables» la venta de combustible a las estaciones de servicio y a los transportistas.
El resto de operadoras —medio centenar— tienen que conseguir un aval o seguro de caución del 110% de la cuota de IVA de los dos últimos meses. Un reto «imposible» para la gran mayoría. «Con este obstáculo acabo vendiendo fuera del depósito a un precio mayor que las confiables, y eso es competencia desleal», argumentan desde el sector. Este periódico ha recabado los comentarios que se comparten en terminales, asociaciones y despachos financieros y jurídicos: «Están matando moscas a cañonazos»; «van a subir los precios porque se han quedado muy pocas empresas y es ya un oligopolio»; «se está vulnerando el principio del IVA, que este es para todos, porque con esta medida se discrimina. Unos tienen excepción en el devengo del IVA mientras que otros lo tenemos que garantizar y anticipar».
Las ocho operadoras que sí han logrado ser «confiables» son las siguientes: Repsol, Moeve (antes Cepsa), BP, Galp, Meroil, Disa, Esergui y Dyneff. Existen dos formas de entrar en ese listado: siendo reconocido «operador económico confiable (OEC)» u «operador confiable (OC)». Para esto último, se deben cumplir cuatro requisitos: tener un volumen mínimo de extracciones durante el año natural anterior de al menos 1.000 millones de litros de gasolinas, gasóleos y biocarburantes, haber hecho operaciones al por mayor durante los tres años anteriores, tener acreditada solvencia financiera y contar con el mencionado Redef.
De las decenas de operadoras que estarían fuera de esta lista de confiables hay que mencionar tres. En primer lugar, Axoil -que ha aparecido en los dos últimos años como el cuarto operador del país según la CNMC-; después, Hatta Energy —que se ha convertido en 2025 en el quinto mayor operador en sustitución del Grupo Gunvor— y, por último, InterAlco (Internacional de Alcoholes), otro de los gigantes del sector.
Paralelamente a esa orden, el Ministerio de Hacienda continúa quitando el Redef a operadores al por mayor que aparecen en el listado de la CNMC, como le ocurrió recientemente a Narat BV. Algunas compañías que han sufrido la pérdida de este título clave han tenido que buscar oportunidades de negocio fuera de España, en nuevos mercados o centrando toda su operativa en el trading internacional. Un escenario que ha golpeado su reputación, porque es la misma medida que se ha utilizado para los casos más mediáticos de fraude de hidrocarburos.
Entre el consumidor final y las operadoras que tienen acceso a los depósitos fiscales para vender el combustible están los miles de intermediarios que son las gasolineras. Estas se dividen en cuatro tipos: CoCo (propiedad y gestión de la petrolera), CoDo (propiedad de la petrolera y gestión de un particular), DoDo (propiedad de un particular y gestión del particular) y, por último, DoCo (propiedad de particular y gestión de una petrolera). Posiblemente, las «no confiables» pierdan a muchos de estos clientes porque sus suministradores les tendrán que aplicar un recargo por el nuevo coste financiero del aval del IVA.
La orden de Hacienda está inspirada en una normativa de Italia que buscó acabar con el fraude de IVA. Un problema que ha generado en España un agujero de cientos de millones de euros en las arcas del Estado. Comenzó tras la liberalización del sector y se agudizó en 2023. Es tal la opacidad del ministerio con este asunto que ni siquiera ha publicado un listado oficial de «operadoras confiables» en un sector que está regulado por la CNMC.
La medida a la que ha dado luz verde Hacienda es controvertida, y estuvo durante un año analizándose en el ministerio después de que se aprobara en el Congreso la ley 7/2024 que la regulaba. Un escenario que puede provocar que la CNMC se pronuncie. La CNMC ha sancionado en más de una ocasión a las petroleras por pactar precios.