Hacienda rectifica su hachazo al sector petrolero por miedo a crear un oligopolio

El Ministerio de Hacienda ha rectificado su norma sobre el sector petrolero por miedo a crear un oligopolio, y su texto apenas ha tenido una vigencia de dos días. El pasado miércoles se aprobaron dos modificaciones, publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que rebajan los exigentes requisitos para ser operador «confiable». Una condición que permite la venta de combustible de los depósitos fiscales a las gasolineras sin garantizar el IVA (impuesto sobre el valor añadido) de los dos últimos meses, lo que suponía un esfuerzo financiero inasumible para la mayoría de los operadores petrolíferos.

Como adelantó este medio, hasta ahora solo ocho operadoras (de las 58 totales) han conseguido ser «confiables» por parte de Hacienda: Repsol, Moeve (antes Cepsa), BP, Galp, Meroil, Disa, Esergui y Dyneff. Para entrar en esa lista de «confiables» de Hacienda era necesario cumplir los siguientes cuatro requisitos: tener un volumen mínimo de extracciones durante el año natural anterior de, al menos, 1.000 millones de litros de gasolinas, gasóleos y biocarburantes; haber hecho operaciones al por mayor durante los tres años anteriores; tener acreditada solvencia financiera y contar con el Redef (el título clave para vender fuera de los almacenes).

El Gobierno ha decidido rebajar la cantidad de extracciones de 1.000 millones de litros a 500 millones y el periodo de contabilización de ese volumen de ventas ya no es el año natural anterior, sino los 12 meses naturales inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud. Un movimiento que se intentó sin éxito hace ya meses, justo cuando se iba a aprobar el Real Decreto-ley 9/2024 que lo regulaba. En este se introdujo una modificación a la baja hasta los 550 millones de litros, pero el real decreto no fue convalidado, por lo que la modificación decayó y se quedó con la redacción de los 1.000 millones.

La norma ha sido un quebradero de cabeza para el Ministerio de Hacienda, que sigue ocultando la lista de «confiables». Analizó dicha ley durante un año —aprobándola el Congreso a finales de 2024— y no la ha activado hasta el pasado 1 de febrero. Para más inri, unos días después la ha modificado, lo que ha provocado todo tipo de sospechas en el sector. Ahora, en el sector petrolero aplauden el cambio tras haber denunciado «competencia desleal».

Según los datos de la CNMC, y tras un análisis de este periódico sobre los que aún tienen «Redef», hoy hay 58 operadoras activas. El resto de operadoras —medio centenar— estaban pendientes de algún movimiento por parte del Gobierno. Los días anteriores a esta modificación, según recogió este periódico, las empresas afectadas se quejaban del escenario: «Están matando moscas a cañonazos», «van a subir los precios» y «se está vulnerando el principio del IVA, que este es para todos, porque con esta medida se discrimina», decían.

Repsol y Moeve

Repsol y Moeve fueron de las primeras compañías en entrar en la selecta lista de Hacienda como operadores «confiables». Sin embargo, en los últimos días —y semanas— ambas empresas se han visto rodeadas de diversos episodios controvertidos. El más reciente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso una multa de 20,5 millones de euros a varias empresas del Grupo Repsol, con la prohibición de participar en contratos públicos. Según el regulador, Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, Solred y Campsa Estaciones de Servicio han aplicado una política comercial «de estrechamiento de márgenes abusivo», en perjuicio de las estaciones de servicio independientes.

Repsol rechazó la sanción: «La decisión se apoya en un relato parcial y descontextualizado, con errores de método y de derecho, que ignora el contexto excepcional de 2022, y no acredita ni posición de dominio, ni efecto de exclusión en el mercado. Repsol actuó con transparencia y en beneficio de los consumidores en el peor momento de la crisis inflacionaria. Es la primera vez en la historia del derecho de la competencia nacional y comunitaria que la CNMC sanciona a una compañía por aplicar descuentos, en este caso superiores a 450 millones de euros, comunicados públicamente y supervisados por la propia Administración, para aliviar la delicada situación de familias y profesionales, todo ello en un contexto excepcional de mercado».

Por otro lado, hace unas semanas, la prensa local de las Islas Canarias reveló la petición de la Fiscalía canaria de «disolver Moeve (antes Cepsa)» por un presunto fraude de 7,7 millones de euros en impuestos sobre derivados del petróleo. Una actuación negada por la empresa, que ha recurrido la causa.