Las regiones se enfrentan a Moncloa por excluir a la nuclear del plan de seguridad energética

«Es injustificable». Esta es la respuesta que se escucha en algunos despachos de las comunidades autónomas por el intento del Gobierno de dar luz verde a un plan de seguridad energética que no cuenta con la energía nuclear. Hace un mes, el Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de la Presidencia del Gobierno señaló que en cuanto se tuviese el borrador del nuevo plan (que no se ha actualizado desde 2015 y después de nueve meses del apagón), se enviaría a las comunidades para que hagan «sus comentarios».

A diferencia de lo que opina el Gobierno —que insiste en poner fin a la energía nuclear en 2035—, las comunidades autónomas defienden que es necesario prorrogar la vida útil de las centrales. La mayoría de las regiones tienen Ejecutivos del PP, y el último en redactar un plan de seguridad energética fue también un Gobierno popular: una guía que tiene como objetivo «garantizar el suministro de energía» en el país. En ese documento se menciona que «la generación eléctrica nuclear contribuye a la seguridad del suministro y contribuye a reducir la emisión de gases de efecto invernadero».

En la órbita del Gobierno, algunas voces que asesoran en energía al Ejecutivo se han lanzado en los últimos días al ataque contra la nuclear. La consejera independiente de Red Eléctrica, Natalia Fabra, tachó recientemente los estudios que defienden la nuclear como «informes muy bien pagados» y rechazó la nuclear como tecnología para el mix energético por el «daño» que le haría a las renovables. Algo que choca frontalmente con lo que piensan consultoras de prestigio, expertos, organismos internacionales (como la Agencia Internacional de la Energía) y gobiernos de otros países, que están certificando un giro pronuclear en el resto del mundo.

Pero en el Ejecutivo no se atisba ningún movimiento que altere la hoja de ruta del Gobierno. De hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró hace unas semanas en la cumbre económica de Davos (Suiza) que el objetivo seguía siendo eliminar la nuclear en 2035. En Extremadura, Comunidad Valenciana y Cataluña es donde existe mayor sensibilidad por este asunto, porque cuentan con las centrales nucleares más importantes. También las energéticas presionan para evitar el cierre de esta tecnología, porque genera estabilidad para el sistema.

Nuevo choque energético

Este no es el primer choque energético que mantienen las comunidades autónomas con el Gobierno. Ahora mismo las regiones están pendientes de que el Ejecutivo apruebe una planificación eléctrica que cuenta con 13.600 millones de euros de inversión. En juego hay proyectos industriales, desarrollos residenciales y nuevas viviendas, data centers e hidrógeno verde. Existe recelo entre las autonomías por si se beneficia a Cataluña y País Vasco frente al resto. El ministerio recibió hace varias semanas 1.200 alegaciones a su planificación.

El Ministerio de Transición Ecológica analiza ahora las peticiones. Se supone que la planificación de la red eléctrica no se aprobará hasta dentro de varios meses, porque todavía falta un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Además, se tiene que aprobar en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados antes de que dé luz verde definitiva el Consejo de Ministros.

Suministro diversificado

Por otro lado, la estrategia de seguridad vigente de 2015 afirma lo siguiente: «También es destacable la diversificación en fuente con un mix en el que, junto a las dos fuentes primarias de energía dominantes —el petróleo y el gas—, la energía nuclear, el carbón y las energías renovables constituyan el esquema de generación energética en España (…) nuestro país cuenta con un mix de generación de electricidad diversificado que combina múltiples tecnologías. Se compensa así de forma adecuada nuestra dependencia de petróleo y gas natural con el empleo de fuentes autóctonas, en las que, además del carbón y la energía nuclear, destaca la capacidad de producción con energías renovables, como la eólica y solar fotovoltaica».

Fuentes conocedoras de la última estrategia aseguran a este medio que se buscó «una unión energética en la Unión Europea para un suministro seguro y estable y se apostó por un suministro diversificado y sostenible, por reducir la dependencia externa, fortalecer el mercado energético, promover energías renovables, mejorar la eficiencia energética y proteger infraestructuras. Fue una apuesta clara por situar la energía como una política de Estado».