Moncloa trata de torpedear la fiebre inversora en los 'data centers' con más exigencias verdes
Se quiere convertir un código voluntario de eficiencia energética de la UE en una norma estricta y obligatoria
Centros de datos. | EP
El Ministerio de Transición Ecológica tiene en su mesa un real decreto, cuyas alegaciones sigue estudiando hoy, que tiene en vilo a parte del sector energético. Se trata de una norma que incluye en su último artículo un aspecto crucial que pone en jaque las inversiones en los data centers en España, porque convierte un código voluntario de la Unión Europea en una regla que obliga a estas instalaciones a cumplir con unas exigencias muy severas en materia de eficiencia energética.
En algunos círculos financieros del país tratan de descifrar por qué el Gobierno está desincentivando la fiebre inversora por los data centers. Existe mucho interés —según ha podido constatar THE OBJECTIVE a través de fuentes financieras— por levantar estas infraestructuras en España por parte de los fondos de inversión, los gigantes tecnológicos y las eléctricas. Sin embargo, el Gobierno pone trabas porque recela de estas instalaciones de procesamiento de datos necesarios para el desarrollo de la inteligencia artificial.
En el sector preocupa el real decreto por el que se regula la eficiencia energética y la sostenibilidad para los centros de datos. En concreto, genera controversia el artículo 6 de esta norma (llamada «mejores prácticas del Código de Conducta Europeo sobre eficiencia energética de los centros de datos») en la que se exige un estricto cumplimiento en el talón de Aquiles de los grandes proyectos de centros de datos: la eficiencia energética.
Estas instalaciones requieren de un importante consumo de agua y de electricidad, y la nueva normativa forzará a los inversores a aumentar el coste en mantenimiento. «Para los centros de datos de potencia superior a 100 megavatios (MW), deberán acreditar cumplir las mejores prácticas del sector, considerándose para ello estar situados dentro del 15% de instalaciones con mejores prestaciones, para los indicadores relevantes, que incluirán, al menos, la eficacia en el uso de la energía, eficacia en el uso del agua, factor de reutilización de la energía y coeficiente de energía renovable en el sector para instalaciones o proyectos asimilables», reza el artículo en cuestión.
Obliga a cumplir un código voluntario
Los expertos constatan que existen normas comunitarias que buscan priorizar la eficiencia energética y de agua en los centros de datos, pero señalan que en este real decreto, este asunto se lleva «más allá». Hay otras normas —como la necesidad de evaluar si es posible una red de calor para la reutilización del calor residual— que sí vienen de la Unión Europea para que se cumplan, pero no ocurre así con la que se desarrolla en el último artículo de la norma del Gobierno.
Con esta norma se obliga a los data centers de más de 100 megavatios a cumplir el código voluntario de la Unión Europea en materia de buenas prácticas para estas instalaciones, y además a que estén dentro del 15% de las instalaciones con mejores prácticas. Una medida que además fuerza a los dueños de las infraestructuras a invertir tecnológicamente «sin parar». Con el problema añadido de la incertidumbre que esto crea para el inversor, que desconocerá cuánto capital debe destinar para estar siempre en ese exigente rango del 15%.
Además del consumo de agua y electricidad de los data centers, al Gobierno también le preocupa el número de puestos de trabajo, que se cree que será inferior al de otras industrias. Por otro lado, existe la sospecha, comentada en algunos despachos financieros, de que el Ejecutivo quiera castigar a las comunidades gobernadas por el Partido Popular (PP) que están apostando fuertemente por esta industria. De hecho, el lugar preferido para la instalación de estos proyectos es Aragón, por su extensión y por la presencia de energías renovables.
Data Centers, en último lugar
La exigencia extrema en la eficiencia energética no es el único obstáculo que ha puesto el Gobierno a los data centers. El pasado verano, según publicó este medio, el Ministerio para la Transición Ecológica, a través de una resolución sobre los concursos de capacidad de acceso de demanda en determinados nudos de la red de transporte, cargó contra estas instalaciones al primar proyectos de «producción de hidrógeno verde y gases renovables y electrificación de industria y minería».
«Resulta innegable la aparición en los últimos años de un fuerte apetito por el acceso por parte de los centros de procesamiento de datos (…) No obstante, no puede ignorarse que estas nuevas demandas en carga base supondrán inevitablemente un incremento de las necesidades de producción de energía eléctrica que requerirán, en mayor o menor medida, respaldo de las tradicionales instalaciones de producción térmicas para cubrir los momentos de ausencia de recurso renovable (…) En definitiva, la adicionalidad en las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a estas solicitudes de capacidad de acceso de demanda lleva a esta Secretaría de Estado de Energía a valorar con un criterio más favorable a aquellos otros consumos que contribuyen netamente a la reducción de emisiones.», sentenció el ministerio en la resolución del 11 de julio de 2025.
Unos meses después, en septiembre de ese año, el Gobierno presentó la planificación eléctrica hasta el año 2030 en un evento al que acudieron los principales espadas de las energéticas. Durante el acto se presentó un plan de inversión de 13.000 millones de euros para potenciar la red eléctrica. Y de nuevo, Transición Ecológica se ratificó en su apuesta contraria a los centros de datos al facilitar mayor demanda del hidrógeno (13,1 gigavatios) y de la industria (9 gigavatios) a la nueva red que a los data centers (3,8 gigavatios).