Lío en el sector petrolero: la derrota de Sánchez en el Congreso deja solo ocho operadores
Fuentes jurídicas señalan que hay razones para que las empresas demanden al Estado por responsabilidad patrimonial
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. | EP
El Congreso de los Diputados acaba de rechazar el Real Decreto 2/2026 con el que el Ministerio de Hacienda buscaba subsanar sus exigentes requisitos para ser operador confiable de hidrocarburos en España. Hasta ahora, y según ha podido constatar THE OBJECTIVE, solo ocho empresas tienen autorización desde febrero para vender combustible a las gasolineras. Una situación que, según fuentes del sector, va a generar un oligopolio y una subida en los precios para el consumidor final.
Con la nueva normativa impulsada por el Ejecutivo se buscaba, por un lado, rebajar la cantidad de extracciones mínima para ser «confiable», pasando de 1.000 millones de litros anuales a 500 millones y, por otro, contabilizar ese volumen de ventas en los 12 meses naturales inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud y no en el año natural anterior. Un movimiento que se intentó sin éxito hace ya meses, justo cuando se iba a aprobar el Real Decreto-ley 9/2024 que lo regulaba. En este se introdujo una modificación a la baja hasta los 550 millones de litros, pero el real decreto no fue convalidado, por lo que la modificación decayó y se quedó con la redacción de los 1.000 millones.
Tras la aprobación del real decreto —que ha estado un mes vigente—, algunas empresas enviaron sus solicitudes y estas estaban siendo estudiadas por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF). Para ello, las empresas han tenido que aportar una ingente cantidad de documentación (auditorías, certificados de que están al corriente con la Seguridad Social, certificados de estar también al corriente con la Agencia Tributaria, balances, certificados bancarios, saldos medios, datos de ventas, entre otros). Algunos afectados además se quejan de que el Ejecutivo elimina para la contabilidad de ese objetivo de 1.000 millones las extracciones de gasóleo B (que sirve para calefacciones) y el gasóleo C (para procesos industriales).
Demandas de responsabilidad patrimonial
Fuentes conocedoras del sector petrolero se quejan de «la falta de seguridad jurídica» en un sector regulado como el petrolero, del que dependen decenas de empresas y miles de trabajadores. Fuentes jurídicas aseguran que «todos los operadores al por mayor que estaban en disposición de obtener esta cualificación como operadores confiables por cumplir con el nuevo requisito de los 500 millones, el BOE les ha redactado los argumentos para una demanda de responsabilidad patrimonial frente al Estado».
Según las mismas fuentes, el Real Decreto 2/2026 fundamentó la necesidad de este cambio en dos puntos: «En primer lugar, para combatir el fraude de hidrocarburos con la mínima carga administrativa a los operadores afectados y, en segundo lugar, la urgencia de este real decreto se justifica en la necesidad de que los operadores reconocidos pueden obtener autorizaciones de manera ágil como operadores confiables, dotando de seguridad jurídica a este proceso […] dando una salida inmediata a la situación actual, cuyo mantenimiento supondría incurrir en mayores costes a estas empresas y a la propia Administración».
Las petroleras pendientes
Las compañías confiables para el sistema son a día de hoy Repsol, Moeve (antes Cepsa), BP, Galp, Meroil, Disa, Esergui y Dyneff. Hay 50 petroleras que se quedan sin margen de maniobra en el sector porque, al no lograr la condición de «operadoras confiables», tienen que conseguir un aval o seguro de caución del 110% de la cuota de IVA de los dos últimos meses. Una exigencia que la mayoría no puede cumplir por falta de músculo financiero.
Estas cincuenta empresas, además, vienen de haber sobrevivido una cacería de brujas por parte de Hacienda en los últimos meses que ha despojado del Redef (el título clave para vender combustible del depósito fiscal a la estación de servicio) a decenas de compañías sospechosas. Una medida controvertida porque algunas de ellas ni siquiera habían sido acusadas de ningún fraude, y han tenido que reorientar su negocio.
De esta forma, y tras la caída del real decreto 2/2026, regresan los cuatro requisitos para participar de nuevo en el sector de los hidrocarburos: tener un volumen mínimo de extracciones durante el año natural anterior de al menos 1.000 millones de litros de gasolinas, gasóleos y biocarburantes, haber hecho operaciones al por mayor durante los tres años anteriores, tener acreditada solvencia financiera y contar con el mencionado Redef.