Las energéticas se quejan del regalo 'trampa' de 7.700 millones del Gobierno para mejorar la red
La norma del Gobierno vincula parte de esas inversiones al éxito de la conexión, una función que no les compete
La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen. | Europa Press
En un acto del pasado mes de septiembre, el Ministerio de Transición Ecológica dio luz verde a que las eléctricas aumentaran la inversión en las redes de distribución por 7.700 millones de euros, que pagaría el sistema. La medida sentó bien en el sector energético. Durante aquel día se pudo observar cierta complicidad entre los primeros espadas de las eléctricas y altos cargos económicos de Moncloa. Medio año después, los departamentos jurídicos y financieros de las empresas valoran esa lluvia de millones como un regalo «trampa».
En concreto, Transición Ecológica —a través del proyecto de real decreto por el que se regulan los planes de inversión de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica— asegura en la disposición adicional segunda un incremento del límite de inversión en la red de distribución de 1.540 millones de euros en cada uno de los años del periodo 2026-2030. La queja de las eléctricas es que en esta norma se plantea vincular parte de estas inversiones adicionales al éxito de las conexiones. Es decir, que las distribuidoras consigan que los proyectos se conecten y paguen. Una función que creen que no les corresponde.
Este real decreto se da en un momento en el que las energéticas no han logrado mejorar las expectativas que tenían sobre la nueva tasa de retribución de las redes para los próximos seis años, del 6,58%, que aunque ha aumentado con respecto al periodo anterior (5,58%), las empresas buscaban llegar hasta el 7,5%.
Además, existen críticas en el sector energético por el menosprecio que le ha hecho el Gobierno de los data centers, las instalaciones que más apetito generan entre los inversores. El Ejecutivo, a través de una resolución sobre los concursos de capacidad de acceso de demanda, colocó los centros de datos en último lugar, por detrás del hidrógeno verde (tecnología aún muy inmadura) y la electrificación de la industria. De hecho, y sobre esto último, el ministerio se reafirmó en el evento que tuvo lugar el pasado septiembre al facilitar mayor demanda a la nueva red al hidrógeno (13,1 gigavatios) y la industria (9 gigavatios) frente a los data centers (3,8 gigavatios).
Por último, el real decreto por el que se regula la eficiencia energética y la sostenibilidad para los centros de datos ha generado controversia por el artículo 6 («mejores prácticas del Código de Conducta Europeo sobre eficiencia energética de los centros de datos»), que exige un estricto cumplimiento de un código voluntario de la Unión Europea sobre la eficiencia energética en estas instalaciones.
Cinco actuaciones para la inversión
El real decreto estipula que las inversiones deben ir dirigidas a cinco actuaciones: «Control de tensión, incorporación de telemando y telecontrol y transparencia de datos (deberán representar al menos el 10% del total); inversiones anticipatorias (en ningún caso podrán suponer más de un 15%); inversiones necesarias para el suministro de demandas con origen en consumos industriales o residenciales, inversiones necesarias para la descarbonización del transporte y, por último, inversiones para la adaptación de las líneas existentes (no más de un 5%).
Hace unos días, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se pronunció sobre este real decreto: «La situación actual de la red —donde el número de solicitudes de acceso y conexión que se rechazan por falta de capacidad es significativo— aconseja que la aprobación de este Real Decreto sea inmediata para que puedan ponerse en marcha los nuevos procedimientos de planificación de la red, de forma que los diferentes agentes (industria, almacenamiento de energía, centros de datos, hidrógeno verde, construcción residencial…) informen de sus necesidades y se establezcan los requisitos para su acceso».
En un voto particular del informe de la CNMC sobre este real decreto se explicó que «la situación actual debe afrontarse regulatoriamente, favoreciendo un periodo expansivo de inversiones en redes, dando las señales regulatorias adecuadas para realizar inversiones eficientes y estableciendo un mecanismo de contención de la tarifa […]. El mayor riesgo regulatorio que afrontamos los próximos años sería una eventual desacople entre el incremento de inversiones y el incremento de la demanda. La evolución de ambas sendas puede monitorizarse en intervalos de tiempo muy cortos y, si se detectan desvíos no deseados, poder actuar durante la aprobación de los planes de inversión».