España suspende en ocho de los 12 criterios con los que la UE evalúa la contratación pública
En el 28% de los concursos hay un solo candidato y los procesos de licitación se prolongan 157 días de media
El número medio de empresas que se presentan a las licitaciones lleva reduciéndose desde 2021. En la imagen, la ministra María Jesús Montero. | Ilustración de Alejandra Svriz
España suspende en ocho de los 12 criterios con los que la Comisión Europea evalúa la transparencia y el trato igualitario en la contratación pública. Adjudicaciones a dedo, sin publicidad, amaños, excesivo peso de criterios subjetivos, falta de concurrencia, abuso de la contratación menor y mínima presencia de las pymes protagonizan el día a día de los contratos públicos en España. THE OBJECTIVE ha dejado patente de forma reiterada esta situación a través de sus informaciones. Estos factores tienen un enorme coste para el erario público y facilitan el favoritismo entre empresas afines.
La evaluación recogida en un informe de la Comisión Europea, que tiene en cuenta las contrataciones de todo 2022 (último dato disponible), muestra un panorama negativo en la contratación pública en España. El informe de la Comisión Europea ha ido incorporando incidencias y más información desde esa fecha.
Las irregularidades y anomalías llevan años produciéndose y ya están enquistadas en el sistema. El detalle de los datos analizados por THE OBJECTIVE indica que en algunos aspectos como la velocidad de los procesos o la proporción de contratos que no incluyen el número de registro del proveedor, España obtiene las peores notas. El informe destaca que en el 28% de los contratos ejecutados en España tuvieron un solo postor, una situación que encarece la adjudicación y cierra la puerta, fundamentalmente, a las pymes.
Destaca el informe que en el análisis están excluidas las adjudicaciones directas, es decir, negociadas sin convocatoria de licitación. Incide además en que la proporción de licitaciones públicas con un solo licitador aumentó en 2022 hasta alcanzar el nivel más alto de los últimos diez años. «Todavía hay 13 países con un porcentaje elevado (incluida España) lo que demuestra que hay margen de mejora en los próximos años».
Abuso de las contrataciones directas
En cuanto al porcentaje de adjudicaciones directas, España es uno de los países que más abusa de esta opción. De las 30 naciones analizadas, nuestro país ocupa el puesto 25 entre las que más contratos a dedo otorga, el 10%. Países como Chipre -39%-, Rumanía -23%-, Bulgaria -23%-, Eslovenia y Estonia -ambas 11%-, superan a España, que apenas consigue un aprobado bajo en otro criterio: valor de las publicaciones por PIB. Tener una puntuación elevada implica que las empresas pueden presentar ofertas. Así se consigue una mejor relación calidad-precio. También implica una mayor transparencia, ya que hay más información disponible para el público.
Nuestro país tampoco apuesta por las compras conjuntas, que solo suponen un 1% del total. Este indicador refleja la frecuencia con la que los compradores públicos adquieren un producto o servicio juntos. Comprar en grandes cantidades suele generar mejores precios. En este sombrío panorama, España destaca positivamente en un criterio, ya que incluye en sus licitaciones aspectos diferentes a la valoración económica, como el técnico y el basado en el juicio de valor.
157 días para decidir el contratista
Las administraciones españolas son las que más tiempo tardan en tomar la decisión final sobre una adjudicación. De media superan los 157 días. Los procedimientos muy largos son malos, señala el informe de la Comisión, porque son más costosos y generan incertidumbre tanto para los compradores públicos como para las empresas.
Un aspecto muy importante es la participación de las pymes, mayoritarias en España, en los contratos. Nuestro país se encuentra en la media entre los 30 países analizados. Las pymes están presentes en el 48% de las licitaciones. Peor valoración reciben nuestras administraciones en ofertas que excluyen a pymes. Estas suponen el 42%.
Tampoco España sale bien parada en el indicador que muestra la proporción de contratos adjudicados que no incluían el número de publicación de la convocatoria de licitación correspondiente. Esta es una variable de calidad. Una nota elevada, como la que tiene nuestro país, evidencia que los compradores públicos no proporcionan suficiente información sobre sus actividades de adquisición.
Las cifras de OIReScon
En España, el nivel de gasto en contratación pública de 2023 alcanzó el 11,55% del producto interior bruto (PIB) y el 24,87% del total del gasto público, según los datos de contabilidad nacional publicados por Eurostat. Mientras, según el último informe de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), el importe de la contratación pública superó el año pasado los 107.500 millones. Por su parte, en 2023 se pusieron en marcha 196.763, un 7,66% más que en 2022.
El tipo de procedimiento a través del cual se licitó mayoritariamente en España en 2023 fue el procedimiento abierto ordinario, alcanzando 75.894 millones de euros. Le siguió en importancia el procedimiento de negociación sin publicidad mediante el que se licitaron 10.800 millones de euros. El tercero fue el procedimiento basado en acuerdo marco, con un peso del 5,8%.
Cabe destacar, en sintonía con las conclusiones del informe de la Comisión, que el número de empresas que se presentan a las licitaciones lleva tres años de caída. Así, han pasado de una media de cuatro ofertas de empresas por contrato público en 2021 a tres en 2023.
