El Gobierno estudia usar la DANA para flexibilizar el acceso a los fondos europeos
El Ministerio de Economía negocia con Bruselas una modificación de la adenda del Plan de Recuperación y Resiliencia
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. | Europa Press
El Ministerio de Economía estudia aprovechar las negociaciones con las que quiere incorporar la DANA a la Adenda del Plan de Recuperación y Resiliencia para flexibilizar las condiciones y desbloquear futuros pagos de fondos europeos Next Generation. Según ha confirmado THE OBJECTIVE, el Gobierno tiene esta opción sobre la mesa cuando se acumulan los retrasos en la ejecución y las dificultades para cumplir algunos hitos y compromisos, y aumentan los problemas para aprobar cambios legislativos comprometidos con Bruselas.
Este martes, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunció que se planteará una modificación de la Adenda al Plan de Recuperación, «para incluir un vector específico para Valencia» y redirigir fondos europeos «hacia proyectos estratégicos que vayan más allá de la reacción inmediata. Que vayan a reconstruir, a modernizar, a tener una economía más resiliente y, por tanto, más productiva hacia adelante». Indicó además que el Gobierno espera tener esa propuesta de adenda «antes de final de año».
De esta manera, los representantes del Gobierno han iniciado el análisis y las conversaciones con Bruselas. De hecho, en estos momentos ya está en marcha un proceso de evaluación que abre la puerta a enmiendas en todo el Plan de Recuperación. Unos cambios que deberían ser validados por la Comisión Europea hasta tres meses después de su presentación oficial, que debería estar cerrada a finales de este año o a comienzos de 2025.
Pagos realizados
Sería la tercera modificación del Plan de Recuperación, tras la propia adenda aprobada por la Comisión Europea en octubre de 2023 y los cambios introducidos en junio de este año para liberar el cuarto pago de los Next Generation a España. Este último se validó por 9.842 millones, tras la retención de 158 millones al no haberse cumplido una de las inversiones previstas para la digitalización de las empresas. Desde 2021, España ha recibido 47.943 millones en cuatro pagos y un adelanto, tras cumplir 181 hitos y objetivos del Plan vinculados a transferencias, el 36% del total. Falta todavía la entrega de más de 110.000 millones.
Respecto de esta nueva actualización de la adenda, desde el Ministerio de Economía reconocen a este diario que está sobre la mesa una modificación de estos hitos y compromisos que quedan -sujetos al quinto y sexto pago de los fondos europeos- pero que por el momento es un análisis que «no está cerrado». Agregan además que hay hitos que corresponderían a pagos futuros que ya están cumplidos y que se podrían adelantar, aunque no se refieren a los compromisos con los que hay más problemas para sacar adelante.
El calendario original de pagos de fondos europeos situaba el quinto desembolso en el primer semestre de este año y el sexto en la segunda parte de 2024. No obstante, el último pago realizado fue a junio, tras un año de retrasos y después de que España realizara modificaciones para ajustar sus reformas a los hitos comprometidos con la Comisión. En este sentido, en Bruselas hay certeza de que el Gobierno no pedirá ningún nuevo desembolso hasta 2025 y después de que se apruebe la nueva modificación de la adenda.
Enmienda a la adenda
En el punto de mira se encuentra la reforma fiscal que el Gobierno negocia estos días con sus socios parlamentarios y que -a día de hoy- no tiene los votos suficientes para salir adelante. Dentro del quinto pago se enmarca además una reforma a la ley del agua, mejorar las infraestructuras de tratamiento, la entrada en vigor de una ley que reforme el sistema universitario y más tributos relacionados con ingresos medioambientales.
Pero ¿qué podría cambiar con esta nueva enmienda a la adenda? Expertos consultados por este diario indican que -aunque todavía quedan- la mayoría de las leyes prometidas para tener acceso a los Next Generation ya se han aprobado, por lo que las modificaciones deberían centrarse en el plazo de ejecución de proyectos y en las condiciones para el acceso a los fondos. Es decir, flexibilizar lo que ya comprometió el Ejecutivo español para no perder los recursos asignados.
Esto tiene dos lecturas: por un lado, el Gobierno reconocería que no llega a tiempo, pese a sus constantes lecturas optimistas sobre la ejecución; y por otro, respondería a las demandas de quienes critican que los Next Generation no se están utilizando de manera adecuada. Con todo, los más críticos advierten que la DANA y la reconstrucción de Valencia no puede ser la coartada para camuflar cambios por la incapacidad del Gobierno para ejecutar los fondos.
Fondos europeos recibidos
Este diario ya ha publicado que el Gobierno se encamina a cerrar el peor año de la ejecución de fondos europeos desde que se lanzó el Plan de Recuperación y Resiliencia. Los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) indican que hasta el 30 de septiembre se han hecho pagos por 5.024 millones, el 13,9% del total de los Next Generation comprometidos en los presupuestos (PGE) y equivalentes a 36.249 millones.
En 2021 se hicieron pagos por 11.003 millones, un 45,5%; en 2022 el dato cayó hasta los 11.271 millones, un 39,6%; y en 2023 se situó en los 9.822 millones, un 27,3%. Si sumamos los cuatro años de ejecución de los fondos europeos, solo se han realizado transferencias (dinero que se transfiere a organismos públicos, comunidades autónomas, entes locales o destinatarios finales, en concepto de convocatorias de fondos europeos) por 37.120 millones.
Un dato que dista de los 43.035 millones que dice la plataforma Elisa que se han adjudicado hasta este mismo 30 de septiembre, lo que confirma que no todo lo que se ha resuelto ha llegado efectivamente a su destinatario. Al menos hay 5.915 millones que todavía se encuentran en el limbo, pese a ser licitado a un destinatario final. Con todo, el montante adjudicado hasta la fecha representa el 27% de los 160.000 millones asignados por la UE, el 23% si se consideran solo los pagos realizados.
