El Gobierno solo tiene 5.000 millones de fondos europeos para dar ayudas directas a Valencia
El Ejecutivo ya ha comprometido en convocatorias 74.811 millones de euros de subvenciones de los ‘Next Generation’
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo. | Europa Press
El Gobierno cuenta con un margen relativamente estrecho de 5.000 millones para conceder ayudas directas a las localidades valencianas afectadas por la riada en el marco de los fondos europeos Next Generation. El Ministerio de Economía anunció el pasado 12 de noviembre que negociará con Bruselas una modificación de la Adenda al Plan de Recuperación y Resiliencia para redirigir parte de sus recursos «hacia proyectos estratégicos de reconstrucción y de modernización» en la zona. Partidas que -en principio- deberán estar más centradas en créditos que en subvenciones, según ha podido confirmar THE OBJECTIVE.
Los datos de la plataforma Elisa -creada por Economía para hacer un seguimiento de la ejecución de los Next Generation– indican que hasta el 30 de septiembre hay comprometidos 74.811 millones de euros en ayudas para diferentes convocatorias (de los que se han resuelto 43.035 millones), con lo que solo quedarían 5.000 millones para completar el montante total adjudicado por la Comisión Europea para entregar subvenciones. Estos 5.000 millones serían los únicos que se podrían destinar a Valencia en concepto de ayudas directas, si no se quitan recursos de las licitaciones ya comprometidas.
España tiene 160.000 millones de fondos europeos Next Generation, pero solo 80.000 son ayudas directas y los otros 80.000 corresponden a préstamos movilizados a través de la adenda presentada hace un año y que ahora el Gobierno quiere enmendar para incluir «un vector para Valencia». Así, ante un escenario en el que gran parte de las subvenciones ya están comprometidas, el Ministerio de Economía deberá tirar de estos préstamos (que en su mayoría no están adjudicados) para reforzar los fondos que quiera utilizar para la reconstrucción en las provincias afectadas.
Fondos europeos
La diferencia es importante, ya que no es lo mismo contar con ayudas directas que no se devolverán en el futuro que tener que asumir créditos, aunque sean garantizados por entidades como el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que deberán reembolsar en los próximos años. Por ello, el propio Gobierno ha preferido adjudicar primero casi todos los fondos europeos correspondientes a subvenciones y repartir posteriormente los créditos de la adenda.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunció hace dos semanas que planteará una modificación a la adenda para redirigir fondos europeos «hacia proyectos estratégicos que vayan más allá de la reacción inmediata. Que vayan a reconstruir, a modernizar, a tener una economía más resiliente y, por tanto, más productiva hacia adelante». Indicó además que el Gobierno espera tener esa propuesta de adenda «antes de final de año».
Hasta la fecha se desconoce qué proyectos se van a incluir en esta enmienda a la adenda del Plan de Recuperación ni el montante que se va a utilizar, pero está claro que será muy difícil explicar a los afectados que hay que pagar créditos en vez de recibir ayudas directas. Por otro lado, los créditos están pensados para la colaboración de empresas privadas, que son las que deberán devolver los préstamos, y ya algunas han manifestado su reticencia a esta fórmula que ven poco atractiva en el contexto de los fondos europeos. Por eso, parece difícil que con estas condiciones puedan salir adelante proyectos de la envergadura a la que se refiere el Gobierno.
Préstamos ICO
Hay un evidente riesgo de que los fondos europeos que se destinen a paliar los efectos de la DANA sean mayoritariamente créditos, como los montantes que el Gobierno ha repartido en su primer paquete de ayudas a los afectados de la riada. Este diario ya contó que de los 10.600 millones que se pusieron a disposición de familias, empresas y ayuntamientos apenas 2.100 millones serán ayudas reales y no reembolsables.
De hecho, el principal eje de acción por volumen económico para la reconstrucción y rehabilitación de las zonas afectadas fue una línea de préstamos ICO de 5.000 millones avalados por el Estado. Dinero que en definitiva deben conceder los bancos y entidades financieras -y no el Gobierno central- en concepto de préstamos a las compañías y los particulares.
Compensación de Seguros
Los criterios de adjudicación son similares a los planes activados en la pandemia o tras la guerra de Ucrania, en los que el aval público cubre el 80% y las entidades el 20% restante. Una fórmula que podría usarse también para los futuros préstamos enmarcados en los fondos europeos Next Generation a los que se sumarían tipos de interés muy bajos, cercanos al 0% en la mayoría de los casos.
La otra gran partida aprobada inicialmente para los afectados de las inundaciones de Valencia fue un paquete de 3.500 millones compuesto por indemnizaciones para reparar vehículos, viviendas, locales y todo tipo de daños. En este caso, el coste lo asumirá el Consorcio de Compensación de Seguros -dependiente del Ministerio de Economía- pero que está financiado por fondos de las aseguradoras, que a su vez lo incluyen como parte del coste de las pólizas. Es decir, lo pagan todos los asegurados y no el Estado.
