Los ocho días en los que España perdió la confianza de los inversores

Los días que pasaron entre el apagón que dejó a toda España sin luz, la caída del servicio de Renfe entre Madrid y Andalucía y la inverosímil encuesta para someter a consulta pública la OPA del BBVA han mermado considerablemente la confianza de los inversores extranjeros para hacer negocios en España. Incluso algunos fondos y asesores con los que ha hablado THE OBJECTIVE se atreven a calificar esta sucesión de acontecimientos como uno de los episodios más nocivos que ha vivido la reputación de España y no dudan en calificarlo como un punto de inflexión que podría perjudicar gravemente los flujos de inversión hacia nuestro país en el medio y largo plazo.

Las fuentes consultadas por este diario advierten que lo que ocurrió entre el pasado lunes 28 de abril, la noche del domingo siguiente y finalmente el lunes 5 de mayo ha socavado los cimientos de la estabilidad institucional española y enviado pésimas señales a las empresas españolas y extranjeras, dejando la sensación de que España ya no es un país con suministros fiables, que tiene una red ferroviaria que es menos segura y un Gobierno que no respeta las decisiones del máximo organismo de Competencia, como es la CNMC. Precisamente los pilares que seguían sosteniendo la confianza inversora.

Un cóctel sumamente peligroso que llega en momentos de incertidumbre internacional, con Estados Unidos amenazando a todo el mundo con una guerra comercial sin cuartel y con las empresas buscando refugio en países que den seguridad jurídica. En el caso español, desde estas páginas se ha advertido en muchas ocasiones del descontento de los inversores con las políticas del Gobierno que desde hace más de dos años persiguen a la empresa privada con constantes ataques públicos.

Reunión con inversores

Constantemente se amenaza con nuevos impuestos -como los extraordinarios al sector energético y bancario-; se emprenden guerras contra quienes se atreven a contradecir lo que dice Moncloa, como el caso de Ferrovial; aumenta el intervencionismo en empresas estratégicas -como Telefónica-; además se torpedean movimientos empresariales como la compra de Talgo. Consideran también que existe un progresivo aumento de los costes laborales para instalarse en España, con los sucesivos aumentos del salario mínimo y ahora la aprobación de la reducción de la jornada laboral.

Hasta la fecha, la inversión extranjera había logrado mantenerse gracias al tirón de las renovables y de las inversiones en proyectos greenfield, con bajos costes laborales en comparación con el resto de países de nuestro entorno, y a las buenas comunicaciones de los transportes, en especial las ferroviarias. Sin embargo, no hay que olvidar que la inversión extranjera neta que llegó a España en 2024 (la que excluye los proyectos de desinversión) cayó un 5% hasta los 22.757 millones de euros y todo gracias al tirón de Reino Unido, que representó la mitad de todo este montante.  

Todo comenzó el lunes, 28 de abril. En medio del Invest in Spain Summit convocado por el Ministerio de Economía y el ICEX precisamente para escenificar el gran momento de la inversión extranjera en España, unos 120 empresarios y directivos de 75 multinacionales de 25 países se quedaron a oscuras. Inversores provenientes de Londres, Nueva York, Berlín, París, Tokio, Shanghai, Pekín y Abu Dabi vieron como el imponente Real Casino de Madrid se quedaba sin luz y sin internet. Tampoco funcionaron sus móviles, lo que generó una estampida y la casi automática cancelación de un evento que debería haber sido clausurado por Pedro Sánchez. “Fue un bochorno absoluto”, dijeron quienes participaron en una cita reservada solo para primeros directivos que acostumbran a decidir las inversiones de sus empresas.

Acoso a las energéticas

La decepción de los inversores continuó al día siguiente, con el señalamiento que Pedro Sánchez hizo de las empresas energéticas a las que convocó a una reunión en la Moncloa para obtener respuestas. No parece demasiado conveniente culpar a compañías como Endesa, Iberdrola, Edp, Naturgy y Acciona Energía que han atraído a socios extranjeros y miles de millones de euros en inversión en renovables en el último lustro. Y tampoco parece acertado poner en duda el papel de la empresa privada cuando hay muchos fondos que eligen precisamente España por su energía barata y por la seguridad de su suministro, algo que ya no es fiable tras el apagón del pasado lunes.

Aunque no sería lo único. Después de varios días poniendo en la picota a las eléctricas y cuando parecía que el foco mediático se apagaba, el domingo 4 por la noche se interrumpía el servicio de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, dejando sin servicio a casi 12.000 pasajeros. Es probable que algunos inversores se quedaran atrapados en estos trenes, pero lo peor es la imagen que se transmitió al mundo de que en España las cosas dejaban de funcionar. Y en especial considerando que situaciones similares se han producido en los últimos meses y la respuesta -en cuanto a la seguridad del suministro- sigue sin llegar.

BBVA y Sabadell

El colofón vendría el lunes 5 de mayo. En una comparecencia en la 40 Reunión del Cercle d’Economía -un foro con centenares de empresarios e inversores españoles- Pedro Sánchez anunció una consulta pública inédita para que los ciudadanos dieran su opinión sobre la OPA del BBVA al Sabadell, una operación que el viernes anterior había autorizado la CNMC. Con este movimiento se desautorizaba frontalmente al regulador y se abría una etapa inédita de incertidumbre en un movimiento que debería generar confianza, precisamente todo lo contrario de lo que ha transmitido el Ejecutivo.

Mención aparte merece la consulta en sí misma, en la que este diario pudo comprobar que podía participar cualquier persona, con nombres falsos e incluso hacerlo varias veces. El caso es que todos estos movimientos del Gobierno para frenar la OPA no hacen más que torpedear una operación privada y, de paso, desalientan que cualquier otro banco (u otra empresa) intente realizar algún tipo de movimiento en este sentido. Incluso fondos como Alantra han llegado a decir que esta consulta puede generar un gran daño para la seguridad jurídica de España. Todo un cóctel que aleja un poco el interés por invertir en España, dicen las fuentes consultadas.