La inversión extranjera real cayó un 30% en 2024 y fue la más baja desde la covid

La inversión extranjera real cayó un 30% en España durante el año 2024, constituyendo el dato más bajo desde el curso de la pandemia. Los registros del Informe de inversiones del Ministerio de Economía al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE indican que los flujos netos de capital y patrimonio llegaron a los 16.762 millones de euros, lo que supone un retroceso de poco más de 7.000 millones respecto de los 23.876 registrados en 2023. Cifras que contradicen el discurso triunfalista del Gobierno que frecuentemente apela a la confianza de las empresas extranjeras para avalar su gestión económica.

Los datos que difunde el Gobierno hablan de una inversión extranjera directa (IED) de 36.813 millones durante 2024, lo que supuso  un 19% más que los 30.960 millones de 2023. Estamos hablando del flujo en términos brutos, que incluyen también desinversiones. El dato neto registró una entrada de 22.757 millones, un 5% menos que los 23.875 del año anterior. Esta última cifra es más representativa de los flujos reales, ya que no considera las ventas, por causa de transmisiones entre residentes y no residentes, liquidaciones parciales (reducciones de capital) o totales (disoluciones o quiebras).

Sin embargo, el informe de Economía incluye otras dos clasificaciones: las inversiones en capital y patrimonio y las inversiones en financiación. La diferencia es que la segunda tiene que ver con “la financiación de no residentes a sociedades españolas o sucursales procedente de empresas del mismo grupo a través de depósitos, créditos, préstamos, valores negociables o cualquier otro instrumento de deuda”. No son recursos para realizar actividades productivas ni patrimoniales; por tanto, el dato más fiable, el de inversión extranjera real, es la entrada neta en capital y patrimonio, como coinciden en señalar todos los expertos consultados.

Inversión extranjera neta

De esta manera, la inversión bruta en capital y patrimonio llegó a los 30.818 millones, un 0,5% menos que los 30.960 millones de 2023. El montante final se completa con otros 5.995 millones de flujos de financiación, conocidos también como envíos intra-grupo. Si las cifras se ajustan y se excluyen las desinversiones, se quedan finalmente 16.762 millones de euros netos, un 29,8% menos que el año anterior y el dato más bajo desde los 14.995 millones registrados en 2020, en plena pandemia de coronavirus.

Tras aislar todos los efectos de desinversiones y de los flujos de instrumentos de deuda, quedan unas cifras mucho más reducidas de las que oficialmente hace públicas el Gobierno y que -según los expertos- reflejan mucho mejor la fotografía real de los flujos de capital extranjero en España. Estos 16.762 millones incluyen los proyectos reales, eliminando también el efecto de sanear balance o desinvertir.

Por otro lado, si se incluyen solo inversiones en capital y patrimonio, el país que lidera el ranking es Reino Unido con 8.634 millones, frente a los 5.383 millones de Estados Unidos, 2.389 millones de Francia, 1.895 millones de Alemania, 1.654 millones de Noruega, 1.296 millones de Suecia. 994 millones de México, 942 millones de Italia, 884 millones de Países Bajos y 628 millones de Japón.

Críticas del sector

En las últimas semanas, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha destacado en diferentes foros, dentro y fuera de España, el creciente interés de los inversores extranjeros, lo que -a su juicio- se traduce en una mejora permanente en las cifras globales y en la llegada de nuevos proyectos. No obstante, estos datos de inversión son más abultados (hasta más del doble) gracias a que el Ejecutivo también computa desinversiones y operaciones de financiación entre empresas que no constituyen entradas reales de capital y patrimonio, según la misma nomenclatura que utiliza el Gobierno.

Este diario ha reflejado la preocupación de inversores, analistas y asesores de grandes fondos por la creciente inseguridad en los suministros y servicios públicos de España. Desde hace un par de años, vienen advirtiendo del acoso del Gobierno a las empresas con una excesiva regulación y constantes subidas de impuestos, a lo que ahora se ha sumado la coyuntura de redes ferroviarias que fallan constantemente, una red eléctrica que sufrió un apagón durante todo un día y un Ejecutivo que sigue intentando intervenir en operaciones corporativas, como la opa del BBVA y el Banco Sabadell.

Tampoco hay que olvidar el interés del Gobierno de querer influir en operaciones corporativas que involucran a empresas extranjeras. Este diario informó hace una semana del proyecto de reforzar y endurecer el escudo antiopas que permite al Ejecutivo ser juez y parte de todos los movimientos para adquirir participaciones de más de 10% o 500 millones en cotizadas. Así es como se ha arbitrado en la entrada de STC en Telefónica, Vivendi en Prisa o de los húngaros de Magyar Vagon en Talgo. Intervenciones que no gustan en el sector inversor y que -advierten- puede frenar futuros proyectos de inversión.