El Gobierno da el primer paso para ampliar las empresas sometidas a su control inversor

El Gobierno ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley de Protección y Resiliencia de Entidades Críticas, que enviará por la vía de urgencia al Parlamento y que busca reforzar la seguridad de infraestructuras esenciales ante amenazas como sabotajes, riesgos tecnológicos y fenómenos naturales. Fuentes conocedoras indican a THE OBJECTIVE que este es el primer paso para que el Ejecutivo extienda la definición de empresas estratégicas, lo que -entre otras cosas- implica que nuevos sectores se vean afectados por el escudo antiopas con el que Moncloa controla la inversión extranjera en industrias clave.

El proyecto presentado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quiere «apoyar a las entidades públicas o privadas que operan en las infraestructuras críticas» y ayudarlas a «estar mejor equipadas para hacer frente a los riesgos». Después del apagón de diez horas que se produjo hace ya más de un mes, el Gobierno quiere reforzar las industrias clave y los tiempos de respuesta. Es así como se ampliará el catálogo nacional de entidades estratégicas, mediante criterios que se establecerán en la Estrategia Nacional de Protección y Resiliencia y que se actualizará al menos cada cuatro años.

Los operadores críticos deberán adoptar un Plan de Resiliencia único que evalúe todos los riesgos potenciales y que contemple medidas de prevención, respuesta y recuperación, así como formación del personal. Por otro lado, la norma amplía los sectores considerados estratégicos e incorpora el hidrógeno, los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración, la seguridad privada y las aguas residuales, que se suman a los ya existentes como salud, transporte y energía.

Sectores afectados

Este diario ya informó hace diez días del interés del Gobierno en ampliar los sectores estratégicos afectados por el escudo antiopas dentro de una serie de medidas para endurecer esta herramienta y adaptarla a eventuales cambios que se puedan producir en el seno de los países de nuestro entorno. Entre estas modificaciones se encuentran establecer más filtros a la inversión, extenderlo a nuevos sectores y hacer permanente las limitaciones para empresas provenientes de la Unión Europea, vigentes hasta finales de 2026.

En estos momentos, la disposición transitoria única que ha prorrogado hasta en tres ocasiones el escudo antiopas para empresas de la Unión Europea establece que los sectores afectados son las telecomunicaciones, la inteligencia artificial, la robótica, los semiconductores, la ciberseguridad, las tecnologías aeroespaciales, de defensa, de almacenamiento de energía, cuántica y nuclear, las nanotecnologías, las biotecnologías, los materiales avanzados y los sistemas de fabricación avanzados.

También incluye el suministro de insumos fundamentales -en particular energía- el sector de hidrocarburos o los referidos a servicios estratégicos de conectividad, materias primas y seguridad alimentaria. Finalmente, incluye medios de comunicación y dentro de ellos los servicios de comunicación audiovisual que se rigen por la ley del sector. Empresas europeas que inviertan más de 500 millones, o que estén en bolsa y que superen el 10% del capital de alguna compañía de estos sectores, deberán someterse al filtro del Ministerio de Economía.

Ley de inversión extranjera

Por su parte, la ley de inversiones extranjeras de julio de 2023 suspende el régimen de libre inversión -y lo somete al escudo antiopas- en sectores críticos, siempre que “exista riesgo de que afecten a la seguridad, salud u orden públicos». Se toma como referencia el catálogo nacional de infraestructuras estratégicas, que es el que se actualizará y se ampliará con la norma dictada este martes. Según esta ley se ven afectados “los insumos provistos por las compañías que desarrollan y modifican software empleado en la operación de infraestructuras críticas en el sector energético, el de aguas, telecomunicaciones, financiero y asegurador, sanitario, del transporte y seguridad alimentaria”.

El solo hecho de extender los sectores críticos ampliará el abanico de empresas extranjeras afectadas por el control de inversiones. Pero es que además el Gobierno quiere incluir bajo este nuevo paraguas también a las empresas europeas. En su último Informe Anual de Control de Inversiones, el Ejecutivo español ya deslizaba su interés de aumentar el radio de acción del escudo antiopas justificándose en los movimientos de países de nuestro entorno y en un contexto internacional cada vez más complejo y peligroso para las infraestructuras críticas y sus empresas.

Empresas afectadas

En este informe, el Ministerio de Economía indicó que los sectores comúnmente cubiertos por este tipo de herramientas incluían defensa y seguridad, energía e infraestructuras críticas, pero «actualmente cada vez más países amplían el alcance sectorial a otros como la automoción, los servicios sanitarios y la industria farmacéutica, la electrónica y semiconductores, los digitales y relacionados con Internet y los metales y la minería».

Esto, en definitiva, aumentará el número de empresas afectadas por el escudo antiopas (y por el control de La Moncloa) hasta prácticamente todos los sectores económicos. Hasta la fecha medio millar de empresas han pedido el plácet el Gobierno y solo se han rechazado dos expedientes, uno de ellos la opa de los húngaros de Magyar Vagon en Talgo. No obstante, en más de la mitad se han establecido condicionantes que obligan a los interesados a tener una buena relación con el Ejecutivo y, en definitiva, someterse a sus requerimientos que muchas veces son más políticos que económicos.