Sánchez culmina su control del Ibex con más vigilancia al sector eléctrico y el veto al BBVA

El Gobierno ha dado un paso más para controlar a las grandes cotizadas del Ibex. Las nuevas medidas aprobadas en el Consejo de Ministros este martes no solo reforman el sistema eléctrico redoblando las inspecciones a las energéticas, sino que además establecen una férrea supervisión sobre el BBVA para que en tres años -prorrogable a otros dos- no pueda realizar ninguna integración con el Banco Sabadell. Dos paquetes normativos que, según indican compañías del selectivo a THE OBJECTIVE, consuman una nueva escalada en el afán intervencionista del Ejecutivo, que asesta el enésimo golpe a la confianza empresarial e inversora.

El análisis que se hace en el sector empresarial es demoledor en dos sentidos: el primero, porque vuelve a señalar directamente a las eléctricas por el gran apagón que afectó a España en abril; y el segundo porque envían un torpedo en la línea de flotación de la libertad de las empresas para fusionarse y hacer opas, uno de los pilares del mercado. Nuevamente -indican- cualquier movimiento corporativo tiene que necesariamente estar sometido a la voluntad de La Moncloa, una voluntad que parece que no responde a ningún criterio técnico, sino que simplemente a motivaciones políticas.

En el caso del apagón, entre las medidas anunciadas este martes por la ministra de Transición Energética, Sara Aagesen se encuentran nuevas inspecciones técnicas a las empresas del Ibex: Iberdrola, Endesa y Naturgy. Cada seis meses, en el caso de la evaluación de las obligaciones de control de tensión; y cada tres años, con un plan de inspección extraordinario de las capacidades de reposición del sistema, con atención a las instalaciones con arranque autónomo y las redes de distribución. 

Eléctricas del Ibex

También se han dado nuevas competencias a Red Eléctrica para vigilar 30 millones de contratos de luz; se ha prometido menos burocracia para las renovables; y medidas anti especulación contra los data center. Del lado de las facilidades empresariales, se establecerán rebajas de luz a la industria e incentivos fiscales a nuevas instalaciones verdes. En este sentido, el análisis que hacen en el Ibex es que se ha premiado al operador de red -cuyo 20% es del Estado-, pese a su responsabilidad en el apagón, al mismo tiempo que se ha aprovechado la coyuntura para establecer más controles contra empresas a las que se ha señalado durante toda la investigación.

Del mismo modo, se considera que no se ha hecho ninguna mención a las nucleares, pese a las peticiones del sector para mantenerlas más tiempo en el mix energético y, por el contrario, se sigue profundizando en el modelo en el que solo tienen cabida las renovables y la energía verde. Nadie duda de que éste es el futuro, pero en el sector creen que se ha desaprovechado la oportunidad para establecer parámetros equilibrados para tener en el corto y medio plazo variadas fuentes de energía que puedan convivir mientras se consolida la transición ecológica que busca el Ejecutivo.

Lo mismo pasa con el sector de los data centers, ahora mismo el más dinámico en términos de construcción de grandes inmuebles. Al respecto, se establecerán medidas anti especulación, pero fuentes del Ibex critican que se parte de la base de que el sector especula, algo que -dicen los inversores- vuelve a señalar al mundo inmobiliario en plena guerra por el precio de la vivienda.

BBVA y Sabadell

En el caso de la opa del BBVA, se ha establecido la imposibilidad de que el banco vasco se fusione con Sabadell al menos durante tres años a partir de la adquisición. Unas condiciones que pasan por mantener personalidad jurídica y patrimonios separados y autonomía en la gestión. Esta autonomía deberá reflejarse en la financiación y crédito; en particular, a pymes; recursos humanos (no se podrá realizar ERE); en mantener la red de oficinas y servicios bancarios; y en preservar su obra social a través de sus respectivas fundaciones.

Pero el peor requisito -a efectos de independencia empresarial- es que transcurrido este plazo, BBVA y Sabadell deberán remitir a la Secretaría de Estado de Economía un informe detallando el modelo de gestión autónoma que se ha llevado a cabo y publicar un plan estructural para reflejar el interés general en su futura estrategia corporativa. Si estos informes no convencen, el Gobierno podrá prorrogar dos años la prohibición de fusionarse.

El paquete de medidas hace sustancialmente menos atractiva la operación para el BBVA -de hecho, el banco ya ha dicho que evaluará su impacto para ver si es rentable seguir adelante-, pero el gran problema es el golpe que asesta a las operaciones corporativas. Es un pésimo precedente para futuros inversores que (sumado al escudo antiopas que limita la inversión extranjera) deja la confianza en mínimos. A partir de ahora, queda la sensación que cualquier fusión o adquisición que se quiera hacer en España debe contar solo con el plácet del Ejecutivo, un Gobierno con criterios más políticos que técnicos, dicen en el Ibex.

Apoyo de Junts y ERC

En el caso de la opa de BBVA, el Gobierno ha estado en contra del proceso desde el principio atendiendo -dicen en el sector- a presiones políticas de los socios del PSOE, Junts y ERC. De hecho, el propio president de la Generalitat, Salvador Illa, hizo suyos los argumentos del Sabadell (mantener el empleo y la soberanía bancaria catalana) para hacer campaña contra la operación. Para nadie es un misterio que el mayor caladero de votos de Pedro Sánchez es Cataluña y que los partidos independentistas le sostienen con sus votos en el Congreso.

Todo esto sin contar con que se endurecen las condiciones a una opa que hace semanas fue aprobada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y que había sido validada incluso por la Comisión Europea, que manifestó recientemente que el mercado europeo debe consolidarse para ser más competitivo. Con el dictamen del Ejecutivo de este martes, nada de esto será posible en al menos tres años, con posibilidad de ampliarse a cinco cursos. Estamos, por tanto, ante un dictamen que contraviene al propio regulador español y a las autoridades comunitarias.