Las empresas advierten del colapso ante una oleada de populismo económico de Sánchez

En medio de los casos de corrupción que salpican al Gobierno, desde Moncloa se ha filtrado la nueva estrategia del presidente Pedro Sánchez: resistir todo el verano y ofrecer pactos sociales a sus socios en el Congreso para terminar la legislatura y llegar en condiciones a 2027. No obstante, fuentes empresariales advierten a THE OBJECTIVE del peligro de una nueva oleada de populismo que podría asestar un duro golpe a la economía, justo en momentos en los que la confianza empresarial está seriamente mermada precisamente por la avalancha de casos judiciales que podrían eternizarse en los próximos meses.

El primer riesgo que ven es el peaje que el Gobierno tendrá que pagar a Sumar para mantener su apoyo a la coalición con nuevas concesiones en el ámbito laboral. Con la reducción de la jornada tramitándose en el Congreso -hasta la fecha con pocos avances- creen que Yolanda Díaz podría aprovechar la coyuntura para dar nuevos pasos hacia la rigidez laboral que (en su opinión) tanto daño ha hecho a las pymes. Esto supone una nueva lucha por subidas del salario mínimo e incluso alguna reforma en las cotizaciones que pueda encarecer aún más la contratación.

Más complejo será el apoyo de Podemos -uno de los más críticos ante la oleada de casos de corrupción- y de los socios de la izquierda independentista de BNG y ERC. Pero para ello Sánchez tiene varias monedas de cambio como seguir aumentando la presión fiscal a las fortunas. En los últimos meses se ha elevado el tramo para que los grandes patrimonios aporten más, aunque la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha indicado que queda margen para que “paguen más los que más tienen”.

Sánchez y los independentistas

Por otro lado, no se descarta una nueva ofensiva para que las grandes empresas sigan aumentando su aportación al fisco, ya sea como impuestos extraordinarios, como el caso del de las eléctricas y la banca, o abordando un nuevo gravamen lineal para las sociedades con mayor facturación. La guerra en Oriente Medio o el aumento del gasto en Defensa puede ser una justificación idónea para elevar la recaudación, como ya lo fue en su momento la crisis energética y la bajada de los tipos de interés.

En enero, el PP, Junts, PNV y Vox votaron en contra de mantener el impuesto extraordinario a las energéticas pese a lo pactado por el PSOE con los partidos de izquierda. Sin embargo, se prorrogó el de la banca, lo que indica que todo dependerá de la aritmética parlamentaria que el Gobierno y Sánchez puedan encajar para sacar adelante proyectos de esta naturaleza.

Y es aquí donde pueden venir nuevas concesiones independentistas. Con la amnistía para Carles Puigdemont pendiente de una serie de resoluciones judiciales, parece que las únicas cesiones posibles pueden ser en el apartado económico. En el caso de Cataluña, todavía están pendientes algunos traspasos de infraestructuras, además del nuevo concierto catalán que les equipare con el País Vasco. Incluso se ha hablado de ceder parte de la administración tributaria, lo que podría tener un efecto devastador para la caja común y el sistema basado en la solidaridad de los territorios.

Ralentización del PIB

Si a esto le sumamos que el PNV podría pedir nuevas concesiones económicas para País Vasco, tenemos un cóctel explosivo que podría agregar nuevas tensiones a un aparato productivo sostenido exclusivamente por el gasto público y el aumento de la población que dispara el consumo y aumenta la fuerza laboral, aunque con cifras discretas de productividad. Más rigidez laboral sumada a inequidad, desigualdad fiscal y nuevos impuestos es una fórmula que seguirá ahogando a las empresas y a las pymes. Un escenario que empeorará si Sánchez cierra acuerdos “de agenda social” con sus socios de investidura para mantenerse en el poder hasta 2027.

Este entorno es menos favorable si consideramos -como ya explicó este diario- que los inversores (españoles y extranjeros) están perdiendo la confianza en España por la oleada de casos de corrupción que podrían perpetuarse en el tiempo. Con una inversión extranjera a la baja (que ya cayó un 45% en el primer trimestre) y una inflación con el riesgo de remontar fruto de la guerra arancelaria y los conflictos de Oriente Medio, lo peor que puede pasar -según los empresarios consultados- es que Sánchez siga tensionando el aparato productivo.

Todo podría terminar influyendo en una ralentización del crecimiento económico. Los datos conocidos esta semana indican que el PIB español creció apenas un 0,6% en este trimestre porque ya empieza a encajar el frenazo del comercio exterior y la inestabilidad global. Hace solo tres semanas, la OCDE publicó su último informe en que rebajaba dos décimas sus estimaciones para España: hasta el 2,4% en 2025 y el 1,9% en 2026; aunque las estimaciones del Gobierno y la Unión Europea siguen manteniendo una mejora del 2,6% y del 2,2%, respectivamente.