Ninguna medida anticorrupción presentada por Sánchez evitaría la aparición de otra Servinabar

El plan anticorrupción anunciado este miércoles por Pedro Sánchez no es más que un cúmulo de buenas intenciones y de acciones cosméticas que no atacarán la raíz del problema de la contratación pública que ha dejado en evidencia el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO). Así lo indican fuentes del sector corporativo consultadas por THE OBJECTIVE que coinciden en señalar a este periódico que ninguna de las 15 medidas prometidas evitará que una empresa como Servinabar -señalada en el caso Cerdán– pueda volver a colarse en el sistema de concesiones español.

Estas mismas fuentes califican este plan como ineficaz, ya que no solo no tiene herramientas para evitar que los fraudes sigan produciéndose, sino que engordará aún más el gasto público con una nueva agencia -que estará controlada por el presidente del Gobierno- y más campañas de publicidad. Del mismo modo, establece normas que ya existen como la prohibición de contratar con empresas condenadas por corrupción; y otras que ya llevan un tiempo presentadas, como la ley de transparencia e integridad de los grupos de interés.

Un plan que también intentará controlar desde la Administración central la contratación de gobiernos locales y autonómicos y que paradójicamente apuesta por más transparencia pese a que el Ejecutivo actual es el más opaco de la historia. Sociedades que han contratado con el Estado advierten a este diario de que no hay ni una sola medida que regule la creación de uniones temporales de empresas (UTE), el germen de los casos investigados a Servinabar, ni que eviten que compañías fantasma -sin facturación, objeto social adecuado, ni cuentas o actividad real- se presenten a licitaciones públicas.

Medidas anticorrupción

En definitiva, el plan dice que se castigará a empresas corruptoras, pero no hay medidas, por ejemplo, para controlar a quienes se presenten a concursos públicos y solo exige la obligación de inscribir en el Registro Mercantil las transmisiones de participaciones sociales y crear un registro de socios, por lo que se podrán seguir ocultando los vínculos con funcionarios de la Administración con la que están contratando. Una práctica bastante habitual, según revelan recientes investigaciones periodísticas.

Tampoco se dice nada de cómo se fiscalizará el proceso de contratación. El conjunto de medidas parece enfocado a prevenir, pero no a supervisar cómo se adjudican los contratos, cuáles son los baremos, ni qué metodología se utiliza. Las denuncias ante la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) -de las que solo un 40% se investigan– apuntan a un abuso de los criterios subjetivos, lo que dota de gran discrecionalidad a todo el proceso. Y con el nuevo marco solo se establece la obligatoriedad de tener un comité de expertos (cuyos dictámenes casi nunca son vinculantes), algo que ya se aplica en muchas licitaciones.

Sánchez presentó un plan con cinco ejes en los que intentó poner el foco de la corrupción en todos los estamentos de la sociedad, la política y la economía, menos en el PSOE, que es el partido que ahora mismo está en el punto de mira por las conversaciones interceptadas a Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Ejes que incluyen la prevención de riesgos y fortalecimiento de los controles frente a la corrupción, la protección del informante, investigar, juzgar y sancionar la corrupción, la recuperación de activos y promover una cultura anticorrupción y de integridad en la ciudadanía, la administración y la empresa.

Normas de transparencia

La primera gran medida es la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública como órgano central de prevención, supervisión y persecución de la corrupción. Se propone un órgano independiente (nombrado por el Gobierno) que unifique competencias de otras entidades y tenga la capacidad de fiscalizar órganos de contratación locales y regionales. La clave es ver el grado de intervencionismo que tendría esta entidad y si haría los mismos esfuerzos para intervenir en administraciones del mismo color político, o si, por el contrario, las tintas se cargarán contra otras formaciones.

Otra medida será impulsar la aprobación de la Ley de Administración Abierta y «fomentar un sistema de participación ciudadana en la prevención de la corrupción». El objetivo es promover medidas de transparencia de la actividad pública, como la publicación en un «nuevo» Portal de Transparencia de la Administración del Estado con «información sobre contratos, convenios y subvenciones; presupuestos y cuentas anuales de entidades públicas; retribuciones del personal; declaraciones de bienes; y la agenda institucional de altos cargos, entre otros».

Asimismo, promueve medidas para facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública como un derecho básico de la ciudadanía. Es paradójico que se incluyan estas medidas en el plan porque prácticamente toda esta información ya se puede encontrar de manera pública en el Portal de Transparencia; la que no aparece es porque el propio Gobierno no ha cumplido con los requerimientos de hacerlo.

Corrupción y la IA

El actual Ejecutivo incumple sistemáticamente la mayoría de las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en materias de toda índole, desde gastos de viajes hasta expedientes de empresas rescatadas. Solo en el primer trimestre de este año los diferentes ministerios denegaron 172 solicitudes de información hechas por ciudadanos, la mayor cifra desde que existen registros y que coincide con un bloqueo cada vez más persistente de la Administración Central a requerimientos públicos.

Por otro lado, se promete la extensión de la metodología aplicada a la adjudicación de los Next Generation a toda la Administración e introducir aplicaciones de inteligencia artificial en la Plataforma de Contratación del Sector Público «para automatizar y optimizar la identificación de patrones anómalos o indicios de fraude». En primer lugar, las diferentes informaciones publicadas indican que los sistemas de control de estos fondos europeos no son precisamente un ejemplo a seguir y, de hecho, en febrero de este año la Comunidad de Madrid denunció que la plataforma que fiscaliza estos recursos sigue sin funcionar por completo.

Por otro lado, pensar que la inteligencia artificial va a «identificar los patrones anómalos» parece ingenuo si consideramos que la única forma de endurecer la fiscalización es dotar de más efectivos a trabajar específicamente en esta tarea. Hablamos de miles de contratos públicos en ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y ministerios y para ello lo único que vale -dicen quienes han participado en estas adjudicaciones- es un control férreo de los propios funcionarios y que éstos se dediquen exclusivamente a analizar las empresas que se presentan.

Lista negra de empresas

Otra de las medidas es la exigencia de sistemas de compliance anticorrupción a quien contrate con las Administraciones. Los sistemas de compliance ya son utilizados desde hace años por las grandes constructoras, porque les obliga la CNMV y las normas internacionales de gobernanza. El problema son compañías similares a Servinabar, sin experiencia, casi sin facturación y que aparecen vinculadas a UTEs con firmas del Ibex por exigencias de las administraciones y con la excusa de que el dinero debe quedarse en la región que licita. Mientras no se acabe con esta anomalía poco se podrá hacer para combatir la corrupción.

En lo referido a las licitadoras, se propone el endurecimiento de las penas por delitos contra la Administración Pública en el Código Penal y duplicación de los plazos de prescripción, «junto al aumento de las multas a las empresas corruptoras, calculándolas no sobre los beneficios obtenidos, sino sobre sus ingresos anuales». Una norma que puede tener sentido en grandes corporaciones con facturaciones millonarias, pero que no tiene impacto en pequeñas que han ganado contratos con la administración con ingresos cero y que han disparado sus ganancias al calor de contratos públicos.

Finalmente, se quiere poner en marcha un blacklisting (sistema de lista negra), que permite excluir a una empresa de contratar ante condena firme de corrupción, fraude, cohecho o blanqueo. Este mecanismo ya funciona en los pocos casos en los que ha existido una condena en firme contra una sociedad, aunque ahora se propone automatizar la lista y hacerla común con todas las administraciones. El caso es que quienes contratan, y están en el punto de mira, lo hacen a través de complejos entramados societarios, incluso con vinculaciones en el extranjero, por lo que poco se puede hacer si se bloquea a compañías aisladas y no se ataca a sus propietarios.