España sigue sin gastar 100.000 millones de fondos europeos a un año de que expire el plazo

Con solo un año para gastarlos, España sigue sin grandes avances en la ejecución de los fondos europeos Next Generation, según las condiciones impuestas por la propia Comisión Europea. Los últimos datos actualizados de la plataforma Elisa del Ministerio de Economía indican que hasta el 31 de agosto se han resuelto convocatorias por valor de 56.741 millones de euros en ayudas, a los que habría que sumar otros 6.000 millones en concepto de préstamos. Un total de 62.741 millones entre las dos herramientas.

Según el análisis hecho por THE OBJECTIVE, con 12 meses para completar la ejecución queda por gastar el 62% de todo el montante asignado por Bruselas, equivalente a unos 100.000 millones de euros. Esto supone tener que resolver 8.350 millones de media cada mes si se quiere cumplir con los plazos y no tener que devolver dinero. Una situación que se antoja compleja si consideramos que desde enero –cuando se ha acelerado el reparto– se han gastado unos 2.000 millones mensualmente, aunque en julio y agosto se resolvieron apenas 3.000.

Después de la pandemia, España consiguió que la Unión Europea le concediera un total de 163.000 millones que se incluyeron en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que lleva en marcha desde comienzos de 2021. De ellos, unos 80.000 se destinaron a ayudas directas y otros 83.000 a préstamos a bajo interés que se incluyeron en la Adenda que se aprobó en octubre de 2023.

Reparto por autonomías

No obstante, en cuatro años la Administración ha sido incapaz de garantizar una gestión fluida del dinero, lo que nos ha llevado a encarar el último año con un atasco importante. Los datos de Elisa indican que las ayudas directas son las que se han gestionado con mayor velocidad, aunque todavía con recursos pendientes de adjudicar por valor de 23.000 millones (un 29% del total). Si consideramos las convocatorias en marcha por 82.500 millones –unos 5.000 más que todo lo asignado– se elevaría el porcentaje no ejecutado al 32%.

De este montante, la Administración central (AGE) ha ejecutado 34.268 millones y las autonomías y entidades locales otros 22.000. En el caso del Gobierno, la ejecución es peor, porque se han reservado 53.400 millones para programas de los diferentes ministerios, mientras que las administraciones locales solo han recibido 29.000. Dentro del gasto directo de la AGE, las autonomías más favorecidas han sido la Comunidad de Madrid con 5.525 millones, Cataluña con 5.360, Andalucía con 3.782 y Valencia con 3.542.

En el caso de los préstamos, no hay un registro público oficial. Se sabe que se han destinado 83.000 millones en diferentes instrumentos y fondos públicos y que hasta finales de junio –según palabras del propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo– se habían resuelto 4.500 en operaciones ya formalizadas y «más de 7.000 millones en el pipeline de proyectos ya identificados y, por lo tanto, próximamente también estarán formalizados». Si se incluyen los meses de verano, la ejecución total apenas llega a 6.000 millones, un 7% del total.

Reparto de los fondos europeos

¿Qué pasará? El Gobierno es perfectamente consciente de que no cumplirá con los plazos, pero intentará aprovechar el máximo posible asumiendo que una parte importante finalmente se perderá. Y es que algunas conversaciones preliminares en las que participaron todos los miembros del bloque comunitario, la Comisión Europea cerró la puerta a realizar alguna prórroga en el calendario de ejecución de los fondos europeos Next Generation.

Por ello, el Gobierno lleva varios meses estudiando una serie de fórmulas para poder comprometer los recursos destinados a los préstamos, aunque no se adjudiquen o ejecuten en el plazo establecido. En principio, la normativa de aplicación de estos fondos Next Generation indica que solo se considera gastado el dinero ya pagado y entregado a un proyecto en marcha, aunque en el Ejecutivo español creen que se pueden utilizar fórmulas para asegurar los préstamos cumpliendo el objetivo de Bruselas, pero sin repartir formalmente el dinero.

La Adenda del Plan de Recuperación identifica a sociedades públicas como las entidades que deben garantizar el pago de estos préstamos. Entre ellas encontramos a la SEPI, a Cofides, al Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Fondo de Resiliencia Autonómico, pero también entidades de nueva creación como la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), adscrita al Ministerio de Transformación Digital, y la nueva Sepides, dependiente del Ministerio de Industria.

Planes de Bruselas

La idea es poder utilizar estos organismos para adjudicar en una primera instancia los préstamos, con el compromiso firme (y con fechas concretas) de adjudicarlos a su destinatario final. Con todo, el gran problema para el Ejecutivo español es el escaso interés que existe en la empresa privada por participar en el reparto de créditos que tendrán que ser devueltos. Aunque tengan tipos de interés muy bajos, es una apuesta arriesgada si consideramos el complejo e incierto futuro económico internacional.

La clave es lo que esté dispuesto a tolerar la UE. Fuentes comunitarias indican que la Comisión Europea es consciente de la complejidad de adjudicar los recursos, aunque han advertido en varias ocasiones a España de su lentitud. Frente a esto, quieren evitar el fracaso de que España –u otro país– termine devolviendo el dinero adjudicado para reconstruir Europa tras la pandemia. Por ello, en Bruselas también hay predisposición a flexibilizar la forma en que se computa el gasto si efectivamente se establecen compromisos que aseguren su reparto a corto plazo. Es así como en los próximos doce meses el Gobierno intentará gastar todas las ayudas y el máximo posible de préstamos, intentando que una parte de estos últimos se pueda adjudicar fuera de plazo.