Los inspectores avisan del repunte de facturas falsas y piden nacionalizar el control tributario

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha solicitado este viernes desde Salamanca la nacionalización del actual sistema de inspección financiera y tributaria, dado el incremento exponencial de facturas falsas que se están detectando, especialmente en zonas de grandes dimensiones, como es el caso de la Comunidad de Madrid. Además, así se podría atajar el fraude que acometen algunas empresas de hidrocarburos, especializadas en difuminar su negocio por varias provincias.

Ana de la Herrán, presidenta de este organismo, ha sido clara a la hora de afirmar que «las empresas saben dónde van», y se aprovechan de la regionalización con la que actualmente funciona el sistema de inspección y, también, de las sentencias de los tribunales, que muchas veces capan el trabajo de los inspectores de Hacienda, cuando quieren extender sus investigaciones a otras provincias, donde tienen suficientes indicios de que hay vínculos de fraude. Por eso -ha defendido-, el Estado tiene que hacer lo posible para que no sigan creciendo las facturas falsas, y, por tanto, hay que dar más pasos, porque en muchos casos, se habla de ’empresarios’ a los que se les ha quitado todo, y, sin embargo, siguen generando ese tipo de facturas.

De ahí que la propuesta de este cuerpo del Estado pase por un nuevo Estatuto -demanda que se viene haciendo desde hace 20 años-. Un estatuto que sirva para coordinar la lucha contra el fraude, a través de un sistema tributario nacional, que dote de unidad y establezca mecanismos eficaces de participación, en la misma, del resto de Administraciones Tributarias, tanto en sus órganos de dirección, como en sus planes de actuación y objetivos, configurando una Administración de todos y para todos, independiente y profesional.

Los gastos ilegales por la financiación singular

En el broche del XXXV Congreso, los inspectores de Hacienda del Estado, Ana de la Herrán Piñar, José María Peláez y Antonio Morales Martín han defendido ante los medios el análisis de los principios constitucionales de nuestro sistema tributario, así como una propuesta de reforma. Así, han hecho hincapié en el principio de igualdad, a tenor de las informaciones conocidas relacionadas con los pasos que el Gobierno central y la Generalitat está dando sobre la financiación singular a Cataluña.

A este respecto, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ha señalado que sigue pendiente de la denuncia elevada, a propósito de los gastos ilegales que se están haciendo para perseguir una Agencia Tributaria Catalana independiente del resto -cuando aún no está aprobado por el Parlamento ni reflejado en el BOE-, dinero que -señala-, es de todos los contribuyentes. Esta cuestión la ha puesto sobre la mesa Josep Borrell.

Además del principio de igualdad, preocupa también en esta reflexión los principios de capacidad económica, el de progresividad, el de no confiscatoriedad y el de generalidad, de donde emana el planteamiento de una especie de delegación central de contribuyentes.

Movilización de funcionarios

En pro del principio de generalidad -que significa que todos estamos obligados a contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, y, por tanto, todos estamos obligados a pagar tributos, ligados a los principios tributarios de capacidad económica e igualdad, haciendo referencia a la prohibición de discriminaciones o del establecimiento de privilegios en materia de fiscalidad-, el IHE propone, entre otras figuras: actuaciones sin conocimiento del obligado tributario; pago a confidentes para denuncias de delitos; introducción en la Ley General de Tributos de un régimen especial para determinados obligados tributarios defraudadores o, entre otros planteamientos, la creación de la policía fiscal y de la ONAF.

Y en gran medida, como se ha señalado al comienzo de este artículo, la nacionalización de competencias de la inspección financiera y tributaria, eliminando la competencia regionalizada en función del domicilio fiscal. Para desplegar este cometido, los inspectores de Hacienda del Estado defienden que, con esta nacionalización, se ganaría en flexibilidad en la asignación de recursos humanos, permitiendo movilizar funcionarios allí donde haya mayor carga de trabajo.

De este modo -remarcan a THE OBJECTIVE-, también se aprovecharía mejor la especialización de algunos funcionarios que tienen una mayor experiencia en sectores o estructuras empresariales concretas, por ejemplo, en multinacionales o, tecnológicas. Esto también permitiría homogeneizar criterios y procedimientos, reduciendo discrepancias entre delegaciones, máxime cuando, la AEAT ya funciona con bases de datos centralizados, y por lo tanto, la limitación territorial es administrativa, pero no es técnica.