Los inspectores desautorizan a Sánchez por poner en peligro la igualdad entre regiones

Un grito en el cielo y una enorme «preocupación y alarma» por la «incertidumbre y desafíos» a los que se enfrentan los inspectores de Hacienda del Estado, y también los fiscalistas, los secretarios, los interventores, los tesoreros y, en líneas generales, los grandes funcionarios y profesionales, por la deriva de una normativa «impredecible y cambiante» que está acelerando el Gobierno. Esto último vendría dado por el compromiso poselectoral de entregar un cupo fiscal a los catalanes y trocar el actual sistema de oposiciones para que entren por la puerta de atrás nuevos empleados públicos sin garantías y con condiciones sesgadas.

Durante dos días, más de 600 inspectores de Hacienda del Estado se han reunido en Salamanca para celebrar su XXXV Congreso del gremio. A última hora, la directora de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández Doctor, decidió no acudir. En este encuentro, Ana de la Herrán Piñar, presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), volvió a reiterar la condena de los profesionales por el declive del Estado de derecho. Fundamentalmente, por el temor que tienen a que la financiación singular derive en la ruptura del actual sistema autonómico, apoyado en el gran pilar de la solidaridad y la igualdad entre regiones, que implicaría además un incremento del fraude fiscal.

En el acto inaugural, Ana de la Herrán expresó su «preocupación y alarma» por el hecho de que se planteen modelos de financiación singular como el exigido por ERC al Gobierno, modelos que «lejos de reforzar la equidad, fragmentan la Agencia Tributaria, rompen la caja y dificultan la coordinación».

De ahí la sucesión de críticas del total de ponentes de estas jornadas. Durante este jueves, entre otros relevantes expertos, intervinieron Daniel Marín Arribas, economista del Consejo General de Economistas de España (Refor); Gemma Martín Meléndez, vicepresidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado; Pedro Herrera Molina, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la UNED; Marta Jiménez Blanco, consejera de Hacienda del Ministerio de Hacienda de España en Washington; María Ángeles García Frías, catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Salamanca y letrada del Tribunal Constitucional; Antonio Morales Martín, secretario de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado; Elisa de la Nuez Cascado, abogada del Estado y presidenta de la Fundación Hay Derecho; Alberto Bravo Queipo de Llano, presidente de la Asociación Profesional de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Apsital); Antonio Roma Valdés, presidente de la Asociación de Fiscales y Ana Ercoreca de la Cruz, presidenta de Fedeca.

¿Dónde está Europa?

Hartos de las «malas praxis legislativas y de los vicios» que está adquiriendo este Ejecutivo, colando cambios normativos a través de decretos ley o proposiciones de ley, sin recurrir apenas a los informes técnicos y del Consejo de Estado, los inspectores de Hacienda se han llegado a preguntar estos días si es justo que el Gobierno tome decisiones políticas como la amnistía o la financiación singular para Cataluña sin antes haber abierto un debate público y consultado a la ciudadanía.

Se preguntan también cuál es el papel de Europa para garantizar la igualdad de los españoles frente a decisiones políticas que no calculan las consecuencias que pueden acarrear para la seguridad jurídica del país y su integridad. Los más de 600 inspectores departieron sobre justicia y tributos, rindiendo homenaje a la Escuela de Salamanca, cuyos doctores sentaron las bases de la economía moderna ya en el siglo XVI. También hablaron de competitividad económica y el actual sistema tributario, así como del Estado de derecho y la Constitución Española. Pero, sobre todo, abordaron la singularidad de la financiación para Cataluña, subrayando el preocupante anuncio de la Comisión Bilateral Estado-Cataluña para ceder la recaudación y gestión del IRPF a la Agencia Tributaria de esta región de España a partir de 2026.

Una reflexión pausada y técnica

El catedrático Pedro Herrera Molina fue uno de los primeros ponentes en señalar que un sistema tributario que se precie tiene que ser justo, claro y neutro. En su opinión, eso exige en sí una reflexión pausada, técnica y lo más imparcial posible, que puede nacer de un comité de expertos ad hoc de carácter permanente y alejado de las influencias políticas. También planteó una mayor coordinación entre la Dirección General de Tributos y la Agencia Tributaria.

En definitiva, se trata de encontrar la fórmula para que no emerjan iniciativas como la financiación singular para Cataluña que exige ERC a cambio de su apoyo al Gobierno y que, por supuesto, no se abuse de decretos ómnibus o de proposiciones de ley sin prescripción alguna del Consejo de Estado. En Salamanca se ha defendido un diseño normativo con una reglamentación clara y con un sistema que a la vez sea estimulante para mejorar la competitividad económica y capaz, al tiempo, de evaluar la eficacia de los beneficios, como así hace la Airef. Además —señaló Herrera Molina—, de este modo, también se podría impedir que las cotizaciones empresariales, como destaca el Instituto de Estudios Económicos que dirige Gregorio Izquierdo, no sean un 34% superiores a la media de la Unión Europea, obstaculizando la competitividad de España.

Sin espacio en la Constitución

Para María Ángeles García Frías, letrada del Constitucional, valorar la financiación singular de Cataluña es poco menos que una quimera, en tanto no está en el BOE y no se sabe cuál va a ser la propuesta final ni si habrá modificaciones. Experta en federalismo fiscal y financiación local, derechos fundamentales y tributación internacional, a García Frías, en conversación con THE OBJECTIVE, le llama especial atención lo precipitado de un decreto ley que versa sobre esta singularidad, sin pensar antes en el diseño y en los medios materiales y humanos necesarios para llevarla a cabo.

Añade que justo este 31 de octubre el Parlamento tendrá que pronunciarse e informar si está de acuerdo o no con la tramitación y proposición de ley, a no ser que se alarguen más los plazos. Recuerda que estamos en un escenario en el que de momento no contamos con presupuestos generales a la vista y destaca que una iniciativa como esta no se puede llevar sin modificar antes la Ley de Financiación Autonómica. Por consiguiente, no se puede conseguir a golpe de reformas de ley, porque esto requiere de una ley orgánica y «esta financiación singular no cabe en la Constitución».

Sin pasar por unas oposiciones

Por su parte, Alberto Bravo Queipo de Llano, presidente de la Asociación Profesional de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Apsital), puso el foco en los criterios políticos con los que se conduce el actual gobierno. En su opinión, se apoya en «falacias» para cambiar el actual acceso de algunas carreras de funcionarios públicos, como puede ser la de los inspectores de Hacienda o la de los jueces.

Bravo Queipo de Llano, partidario de las becas, sostiene que el razonamiento del cambio de modelo por parte del Ejecutivo no atiende a razones, porque la mayoría de jueces y fiscales no son hijos de jueces ni fiscales (según un informe del Consejo General del Poder Judicial, solo lo son el 5%). También fue crítico con el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, y la manera de «estabilizar» en España a trabajadores en las administraciones sin necesidad de pasar por una oposición.

El contraejemplo de Koldo y las señoritas

Elisa de la Nuez, presidenta de la fundación Hay Derecho, fue tajante a la hora de establecer que el declive del Estado de derecho arranca desde hace 20 años. Llegados a este punto, «hacen falta luz y taquígrafos», sin hurtar el derecho que tienen los ciudadanos a opinar sobre determinadas actuaciones que ni siquiera van en los programas políticos, y se tratan igual que la amnistía. Todo ello sin debatir informes y trabajos técnicos sobre las consecuencias, como el elaborado por el economista Ángel de la Fuente, director de Fedea.

La función pública, añadió, tiene que ser profesional, y «los funcionarios tienen que estar técnicamente preparados, para ser el contrapeso». En cualquier caso, lo que no puede ser es «que un portero de discoteca acabe de asesor de un ministro o que unas señoritas de compañía acaben trabajando en empresas públicas».