La Airef advierte a Moncloa: el gasto en defensa y pensiones limitará la financiación autonómica

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha avisado este miércoles de las limitaciones a las que se ve sometida a la hora de emitir informes sobre la situación macroeconómica. El retraso del ciclo presupuestario del Gobierno es palpable. El Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha enviado aún el Plan Presupuestario a la UE, ni tampoco ha presentado los objetivos de estabilidad —conocidos como techo de gasto— ni, claro está, los Presupuestos Generales del Estado de 2026. Una consideración —ha señalado la Airef— que «constituye el principal instrumento de política económica» y que «afecta a la supervisión fiscal de este organismo y a la posibilidad de planificación de otras administraciones públicas, así como a la calidad institucional».

Pese a esta «difícil» tarea, y sin contar con los mimbres necesarios, la Airef ha aprovechado este momento para hacer una revisión al alza del PIB de 2025 al 3% y de 2026 al 2,1%. Pero, eso sí, proyectando una desaceleración del crecimiento a medio plazo, hasta el 1,5% en 2030, y advirtiendo además de que, si bien se observa una mejora de las previsiones, también se mantiene que el déficit retomará la senda ascendente en 2026. Esta, básicamente, está impulsada por el envejecimiento —afectado por el gasto de pensiones, sanidad y dependencia—, los compromisos en defensa y el gasto en intereses.

Son factores que dejan a la administración del Estado —señala Cristina Herrero, presidenta de la Airef— con una capacidad muy limitada y, prácticamente, con un margen cero ante una reforma del sistema de financiación autonómica, teniendo en cuenta los compromisos de control fiscal con la Unión Europea.

La convergencia de las reglas de gasto

De ahí la importancia de cumplir con las reglas de gasto y de hacer converger la regla de gasto nacional con la europea, porque —ha destacado Herrero—, aunque el cumplimiento de la regla de gasto nacional en 2025 sería suficiente para cumplir con la tasa de referencia recogida en el Plan Fiscal Estructural a Medio Plazo, no lo sería en 2026 y en 2027.

Por eso, en opinión de Cristina Herrero, una de las primeras actuaciones que el Ministerio de Hacienda tiene que acometer es «asegurar la consistencia de los objetivos de estabilidad con las dos reglas de gasto vigentes, porque, al no adaptarse el marco nacional a la reforma del marco europeo, hay divergencias importantes, y hasta que no se superen las diferencias, la propuesta de objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda debe ser consistente con varias reglas».

El poco margen de la Administración central

En cuanto a la reforma del sistema de financiación autonómica, la Airef «siempre ha procurado no entrar, salvo que inevitablemente tenga que entrar, en la medida en la que interviene o influye la sostenibilidad de las cuentas públicas», ha indicado Herrero. «Lo que sí nos parece es que no se puede estar abordando esta reforma de manera separada. Por ejemplo, dar más objetivo de déficit a las comunidades autónomas y tratar la reforma del sistema de financiación y, por otra parte, tratar la quita de deuda. Hay que meterlo todo, y ver la condicionalidad fiscal, la reforma del sistema y la quita de deuda de manera conjunta».

«Sin entrar en valoraciones —ha añadido—, y con los datos que presentamos, quien tiene una posición difícil en términos de déficit es la Administración central, incluida la Seguridad Social. Porque no olvidemos los tres factores que presionarán al alza sobre el déficit a partir de 2026: envejecimiento de la población, pensiones y sanidad y dependencia; compromiso en materia de defensa y aumento del gasto en intereses, mayoritariamente de la Administración central».

Esperando a Hacienda

«Aquí, de lo que se trata —ha explicado Herrero— es de ver qué recursos tenemos y ver cómo se pueden repartir. Pero solo centrándome en la evolución del déficit y de los factores que presionan al alza, la Administración central lo tiene difícil para poner más recursos sobre la mesa. Así pues, lo que podríamos pensar es que, a lo mejor, lo que hay que hacer es una redistribución de los recursos entre comunidades autónomas, aunque lo primero que hay que hacer es ver qué manta tenemos y cómo nos la repartimos».

A lo largo del encuentro con los medios de comunicación, la presidenta de la Airef ha señalado que, de momento, no conoce las fechas de la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que se podría plantear la reforma del sistema de financiación autonómica, paso previo a la elaboración de los Presupuestos Generales. Herrero ha recordado a THE OBJECTIVE que el Ministerio de Hacienda tiene la obligación anunciar este Consejo al menos con 72 horas de adelanto, pues la Airef es miembro con voz, pero sin voto.

¿Prescindir del Plan Presupuestario?

Por otro lado, la presidenta también ha revelado la intención que emerge desde la UE respecto del Plan Presupuestario. «Este es un plan que España no ha presentado aún, pese a que hay que hacerlo antes del 15 de octubre. Un plan que sirve para concretar la actualización del programa de estabilidad, que se había mandado en primavera, y por el que, a los países de la zona euro, se les pedía concretar el primer año de la actualización del programa de estabilidad».

En la regulación actual, solo se permite demora en la presentación del Plan Presupuestario (BDP) cuando un país está inmerso en un proceso electoral o de formación de gobierno. Ha pasado en varios países en 2025, y lo que hicieron fue presentarlos más tarde.

Pero lo que ocurre ahora es que se está reformando el reglamento que regula los planes presupuestarios, «y lo que conocemos es que parece que se abre la posibilidad de una interpretación más flexible de los casos en los que no sería obligatorio mandar ese Plan Presupuestario». «Y se cita expresamente cuando el Gobierno no pueda elaborar un proyecto de Presupuestos para su aprobación en el Congreso». De modo que parece que se cambiaría por un diálogo técnico entre el Estado miembro y la Comisión Europea. Lo que, en opinión de Herrero, «es una falta de transparencia y de discrecionalidad en el arranque del marco fiscal europeo».