El Gobierno modifica partidas 'in extremis' para minimizar la pérdida de fondos europeos

El Gobierno ha empezado a modificar de manera acelerada partidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para minimizar la pérdida de fondos europeos Next Generation. Según ha podido confirmar THE OBJECTIVE, ahora mismo los diferentes ministerios se encuentran reorganizando los proyectos para aprovechar mejor recursos que se están quedando sin gastar y que en cuatro años no se han podido repartir bien por falta de interesados, por burocracia o por mala planificación de las ayudas lanzadas a licitación.

El Gobierno también intenta incluir parte de estos fondos europeos en nuevos programas —también en el marco de la Comisión Europea— que den un margen de gasto más allá de agosto de 2026, fecha límite para ejecutar estos recursos, según la normativa de los Next Generation aprobada en plena pandemia. Las cifras de la herramienta Elisa, del Ministerio de Economía, indican que hasta la fecha se han resuelto convocatorias por valor de 56.700 millones en ayudas y otros 6.000 millones en créditos. Una cifra que la Airef rebaja hasta los 55.499 millones.

En los dos casos, el dinero sin ejecutar está en torno a los 100.000 millones, el 62% del total recibido. 117.000 millones, el 72%, si consideramos el montante que efectivamente el Ministerio de Hacienda ha transferido. Y todo lo que no se entregue antes del 31 de agosto tendrá que ser devuelto. Por ello, se buscan fórmulas de emergencia para aprovechar el máximo posible. Este diario ya ha informado de que el Ejecutivo reconoce en privado que se quedarán lejos de gastar los 163.000 millones adjudicados; por eso la nueva batalla es intentar gastar todas las ayudas y lo más posible de créditos, para minimizar los fondos que tendrán que ser restituidos a Bruselas.

Nuevos plazos

Ha comenzado la reorganización de partidas, aunque con menos de un año por delante el margen de maniobra es escaso. La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, presentó un nuevo paquete de ayudas a la descarbonización y la competitividad, dotado con 2.000 millones de euros. Se hará en el contexto del Perte de las Energías Renovables que, hasta la fecha —y después de cuatro años de ejecución—, ha repartido unos 5.770 millones y tiene otros 3.233 en próxima resolución.

Se destinarán a proyectos «que refuercen la cadena de valor industrial y el impulso de la transición energética en general, con apoyo para movilidad eléctrica, soluciones renovables innovadoras, la repotenciación y el almacenamiento, entre otras». La idea es aprovechar un Perte que sí ha funcionado —y uno de los que ha tenido una de las mayores ejecuciones— para tratar de gastar el dinero que va quedando. En este caso, con un anuncio que se hace in extremis a nueve meses de que expire el plazo de Bruselas.

Otra de las novedades es que el Gobierno intenta repartir parte de este dinero a través de otros programas de la Unión Europea que permitan extender los plazos de ejecución. En este caso, se atribuirán parte de estos 2.000 millones al marco europeo de ayudas estatales para la industria limpia (Cisaf), aprobado el pasado junio. El Cisaf permite adjudicar las ayudas hasta el 31 de diciembre de 2028 y distribuirlas más allá en algunos casos. Por otro lado, la Comisión Europea ya ha aprobado un régimen de ayudas de 700 millones en virtud del Cisaf y se espera que otros proyectos financiados con el Plan de Recuperación puedan ejecutarse después del plazo límite del PRTR, el 31 de agosto de 2026.

Fondos europeos y Pertes

Esta es una de las vías que explota el Gobierno para gastar el dinero: la utilización de los resquicios que le permite la Comisión Europea. Pero no es el único. Este diario lleva informando desde comienzos de año que el Ejecutivo trabaja en fórmulas «creativas» para poder gastar más allá de la fecha límite, y una de ellas es la posibilidad de incluir programas dentro de entidades públicas como Sepides o el ICO, que puedan administrar los recursos y repartirlos después.

En la ejecución presupuestaria de septiembre el Ministerio de Economía activó 6.751 millones en concepto de Fondos ICO de apoyo a empresas e infraestructuras de ecosistemas resilientes; 2.654 millones a Fondos ICO apoyo al comercio y turismo de pymes; y 1.050 millones para el Fondo de Coinversión (FOCO) de Red.es.

En paralelo, los nuevos esfuerzos se dirigen a la reestructuración de partidas en proyectos o áreas en las que se han producido las mayores adjudicaciones y donde se ha detectado que hay más interés del mundo empresarial. Por esa razón nuevamente están en el punto de mira el Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC), que ha logrado adjudicar 2.718 millones en ayudas; el Perte de la Economía Social de los Cuidados, que ha adjudicado 2.477 millones; el Aeroespacial con 2.128 millones; el de Salud de Vanguardia con 1.800 millones.