Las tramas de comisionistas actuaron en un número «elevado» de rescates de la SEPI

Nadie se atreve a reconocerlo de forma oficial, aunque la mayoría de los empresarios consultados admiten que la sombra de los comisionistas sobrevoló los rescates de la pandemia hechos por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Fuentes presenciales consultadas por THE OBJECTIVE reconocen que muchas empresas interesadas en el salvavidas público fueron contactadas por tramas de asesores que ofrecían sus gestiones e intermediación para acelerar las ayudas y conseguir mejores condiciones y que incluso un número «elevado» de estas operaciones aprobadas llegaron a contratar estos servicios.

La SEPI concedió entre noviembre de 2020 y junio de 2022 uno total de 30 rescates, aunque posteriormente Celsa renunció a sus ayudas (550 millones), lo que dejó el total de las subvenciones otorgadas en 2.681 millones. De ellos, se sabe por investigaciones judiciales que al menos dos -el de Air Europa (475 millones) y el de Tubos Reunidos (113 millones)- pagaron a comisionistas para que agilizaran las gestiones y la concesión de la ayuda. El primer rescate habría abonado 164.000 euros a Víctor de Aldama para la mediación, y el segundo, 114.950 a la trama del expresidente de la SEPI Vicente Fernández, Leire Díez y Antxon Alonso.

Hay sospechas que señalan a José Luis Rodríguez Zapatero como mediador en la concesión de 53 millones a Plus Ultra. Además de las investigaciones periodísticas que así lo indican, la semana pasada el exministro José Luis Ábalos dijo que el expresidente del Gobierno le había presionado para que aprobara esta ayuda. Pero hay más. Otras fuentes incluso sitúan el rescate de Ávoris por 320 millones como otra de las operaciones tuteladas desde el entorno de Aldama, aunque en este caso no hay audios que lo confirmen.

Víctor de Aldama

El caso es que buena parte de los rescates aprobados por la SEPI contaron con la presencia de comisionistas. Fuentes empresariales y dentro de la sociedad pública consultadas por este diario no se atreven a aventurar una cifra, pero admiten que es un número relevante y -desde luego- muchos más casos que los cuatro actualmente en el punto de mira. Incluso algunos se atreven a calificar estas mediaciones como un modus operandi usual. Es decir, el camino habitual y necesario si se quería tener éxito en la concesión.

Para empezar, este diario ya publicó en octubre del año pasado que Víctor de Aldama ofreció sus servicios al menos a otras tres empresas que pidieron rescates al fondo de ayuda de la SEPI durante la pandemia. Lo hizo después de la concesión a Air Europa y precisamente utilizando esta operación como carta de presentación y garantía de éxito. Según pudo saber TO en ese momento, el empresario contactó personalmente con directivos en busca del salvavidas público, garantizándoles el plácet del Gobierno, mejores condiciones y mayor velocidad en la tramitación.

Y ahora conocemos la intermediación del grupo Hirurok, compuesto por Vicente Fernández, Leire Díez y Antxon Alonso. El auto indica que podrían haber actuado «al menos durante el periodo comprendido entre 2021 y 2023» y que habría tenido «proyección en distintos puntos del territorio nacional, alcanzando varias Administraciones públicas». Incluso se indica que los componentes del grupo habrían desplegado sus capacidades, «obteniendo decisiones favorables a sus intereses provenientes de diversas Administraciones públicas y a través de diferentes cargos públicos, implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI».

Vicente Fernández

Este diario ya publicó la semana pasada que Fernández siguió ejerciendo como presidente de la SEPI «en las sombras» incluso después de ser cesado en octubre de 2019, lo que le llevó a tutelar los rescates más polémicos como el de Air Europa (noviembre de 2020), o los de Duro Felguera, Air Europa o Ávoris, todos ellos en marzo de 2021. Todo ello antes de que Belén Gualda asumiera como nueva primera ejecutiva y tras 18 meses de interinidad del vicepresidente, Bartolomé Lora.

Fernández habría cobrado una comisión por sacar adelante el rescate de Tubos Reunidos en julio de 2021, lo que indica que siguió teniendo influencia en la SEPI incluso tras la llegada de Gualda, que precisamente tenía como principal tarea corregir el descontrol que se estaba produciendo hasta entonces en la gestión de las ayudas. Si consideramos además que la acción del grupo Hirurok se produjo hasta al menos 2023, es lícito sospechar que podrían haber influido potencialmente en todos los expedientes cuyo plazo de concesión expiró en junio de 2022, tras una prórroga de seis meses a finales de 2021.

Las fuentes consultadas indican que no solo Aldama y Fernández ejercieron de intermediarios. Hay varias tramas entrelazadas de comisionistas que, al calor de la desesperación de las empresas por la crisis generada por la covid, también ofrecieron sus servicios y llegaron a cobrar por sus gestiones. Y el patrón era el mismo. Con el mensaje de tener buenos contactos en la SEPI y los respectivos ministerios prometían éxito y —aunque no está claro si finalmente las operaciones salieron adelante gracias a ellos— obtenían contratos de asesoramiento.

Comisionistas y la SEPI

En estos rescates hay dos etapas muy diferenciadas. La primera, marcada por el descontrol, con un grupo de funcionarios de la SEPI intentando sacar los expedientes con pocos recursos y muchas presiones; y la segunda en la que —tras Plus Ultra— se nombra a Belén Gualda y se contratan asesores externos para desbloquear las peticiones que se acumulaban por decenas. En total, se aprobaron 30 expedientes por 3.200 millones (incluida la posterior renuncia de Celsa), pero se rechazaron otros 43 por importe de 2.100 millones.

Fuentes consultadas por este diario indican que a partir de la segunda parte de 2021 y hasta mediados de 2022 se produjo un gran cuello de botella porque la SEPI y sus asesores redoblaron el control y endurecieron los requisitos. Un caldo de cultivo para un puñado de comisionistas que ofrecieron rapidez y éxito en las tramitaciones. A esas alturas, muchas empresas llevaban varios meses solicitando la ayuda y —asfixiadas por las pérdidas que se acumulaban— recurrieron a intermediarios para agilizar sus expedientes.