Alarma empresarial por el «dramático» impacto de la nueva subida del salario mínimo

La nueva subida del salario mínimo hasta los 1.221 euros mensuales ha generado alarma en el ámbito económico. Patronales, empresarios y expertos alertan de que esta decisión del Gobierno frenará la creación de empleo y dificultará las subidas en el resto de sueldos. Aunque el incremento pactado entre el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz y los sindicatos para 2026 se ha fijado en el 3,1%, el aumento acumulado en los últimos años ya se sitúa en niveles cercanos al 60%. A ello se suman problemas como los crecientes costes laborales por el récord de absentismo laboral y de bajas médicas y por la mayor presión fiscal que resulta de la escalada en las cotizaciones sociales y la no deflactación del IRPF acorde a la inflación.

Esta situación ha provocado que contratar sea cada vez más caro en comparación con hace unos años. De hecho, el año pasado ya se empezó a observar un ligero descenso en el número de trabajadores de las empresas más pequeñas. En el mundo empresarial existe la predicción generalizada de que esta tendencia no hará sino aumentar próximamente: las grandes compañías pueden ser capaces de contratar y pagar más a sus trabajadores, pero las pymes tendrán problemas para subir sueldos, crear nuevos puestos o incluso mantener los que ya tienen.

«Subir los salarios erradica la pobreza y es bueno siempre que nos lo podamos permitir», plantea Jorge Calviño, vicepresidente de la Asociación Española de Directivos de Recursos Humanos, pero puntualiza que «las organizaciones tienen que poder asumir esos incrementos de salario». Esgrime que «si eres Telefónica o una empresa grande, no vas a tener ningún problema, porque normalmente tus trabajadores están muy por encima del SMI, pero cuando lo trasladas a una tienda, una pescadería o un negocio pequeño de barrio, termina ocurriendo que no pueden permitirse ni siquiera mantener a sus trabajadores».

El ejecutivo alerta de que «la carga social de las pymes es prácticamente insostenible» y que en los últimos años el salario mínimo «ha subido cerca de un 60%, pero no ha subido la facturación de los negocios». «Ya no es que el negocio no tenga beneficios, es que a largo plazo es probable que, si tenía tres trabajadores, posiblemente solo pueda contar con dos», apunta a THE OBJECTIVE, y se pregunta «dónde ha ido a parar» el dinero del aumento de recaudación provocado por la no deflactación del IRPF conforme a la inflación, que incrementa la presión fiscal.

Calviño pide «no poner toda la presión en las empresas porque no es justo», y si bien «hay quien sí podrá» asumirlo, impactará «en la tienda de ultramarinos» y «más del 90% del tejido empresarial» que «es ese ejemplo». Por ello considera que «no todo es infinitamente elástico» y que «en una empresa grande es más fácil que se mitigue y gestione» el aumento del SMI y de costes laborales en forma de elementos como las cotizaciones, ya que «puede haber contrataciones e incrementos de salarios». Sin embargo, «la realidad del tejido económico en España son las pymes, un autónomo o un empresario con un equipo pequeño y para ellos empieza a ser dramático».

Fuentes de CEOE estiman en 1.872 millones de euros el coste para las empresas de este nuevo incremento, que también «supone un impacto en la negociación colectiva, porque empuja al alza las tablas salariales». En la patronal prevén que la medida conllevará «una dificultad importante añadida para el campo y sectores intensivos en mano de obra, como la limpieza, por ejemplo, en los que los márgenes son cortos y se suele contratar con la administración, que sigue sin indexar el SMI a los contratos públicos».

También Cepyme lamenta que «el alza del 66% del SMI desde 2018 ha hecho que se condicione de forma artificial la fijación de los salarios en muchas provincias al no tenerse en cuenta la realidad de sus estructuras productivas, el tamaño medio de las empresas o las dinámicas de demanda», lo cual desvincula «muchos empleos de la productividad» y «limita los incentivos vinculados a la progresión profesional». Este «punto de partida de los salarios se encuentra desvinculado de la realidad económica» y genera «problemas en términos de competitividad y viabilidad de un número creciente de empresas», advierte la patronal, que cuantifica en 23.000 las pymes que han tenido que echar el cierre en los últimos cinco años y subraya que en 2025 la economía creció un 2,8%, pero el número de trabajadores en la gran empresa subió un 4,8% frente al incremento «residual» del 0,4% en la microempresa y el descenso del 0,5% en compañías de uno o dos trabajadores, que son las «más afectadas por medidas como el alza del SMI».

Los sindicatos han valorado positivamente la subida del salario mínimo y muy especialmente el hecho de que se haya introducido una bonificación para evitar que parte del aumento fuese a parar a Hacienda. Organizaciones como USO reclamaban ir un paso más allá y que los empleados que cobraran el SMI y también todos aquellos que percibieran rentas equivalentes estuviesen totalmente exentos de tributación para no cargar presión fiscal sobre los trabajadores más empobrecidos. Por su parte, un empresario consultado por este medio acusa de «populismo electoral» a la ministra por presionar más a las empresas sin centrarse en elevar la productividad que permitiría mejoras en todas las retribuciones, mientras que varios economistas explican que el descuento fiscal en el IRPF para ingresos de hasta 20.000 euros afecta a la gente que está cerca del salto del primer tramo y con esta deducción se evitará que paguen más impuestos, lo que equivale a que la Agencia Tributaria siga sin llevarse nada de los salarios más bajos, aunque del resto recaudará más por la no actualización de los tramos a las subidas de precios de los últimos años.

Este era uno de los caballos de batalla en el pulso entre los ministerios de Trabajo y Hacienda, que se ha saldado en este caso en favor de Yolanda Díaz. Sin embargo, otra pugna se ha resuelto en favor de la posición de María Jesús Montero: la indexación de los contratos públicos a la inflación, como ocurre con las pensiones o los funcionarios. Se daba por hecho que Díaz tenía en sus manos consensuar por primera vez la subida del SMI con la patronal siempre y cuando lograse que Hacienda compensase a los contratistas públicos por los mayores costes, pero esta medida se ha descartado finalmente porque supondría una modificación sustancial de los prorrogados presupuestos generales del Estado, que conllevaría más cambios entre partidas de ministerios como el de Transporte, donde se llevan a cabo más licitaciones.