El Gobierno no intervendrá el ERE de Vodafone y lo deja en manos de la autoridad laboral
A una semana de que expire el plazo de negociación, la empresa ha mejorado su oferta y reducido los despidos a 898
Una de las concentraciones de la plantilla de Vodafone en protesta por el ERE. | Marta Fernández / Europa Press
El Gobierno no intervendrá en el expediente de regulación de empleo (ERE) de Vodafone, pese a las críticas y amenazas de Sumar y de la vicepresidenta, Yolanda Díaz, y de las peticiones de los dos sindicatos mayoritarios (Comisiones Obreras y UGT). Según ha podido confirmar THE OBJECTIVE, tanto el Ministerio de Economía como el de Transformación Digital -del que dependen las operadoras de telecomunicaciones- dejan todo en manos de la autoridad laboral, el único órgano competente para pronunciarse sobre un proceso de despidos.
Por otro lado, la negociación del expediente deja muy poco margen a alguna intervención, ya que todo debe cerrarse la próxima semana. Los sindicatos esperan tener la propuesta final el próximo lunes para luego trasladarla a sus asambleas y valorar la posibilidad de cerrar un pacto ratificado posteriormente por la autoridad laboral competente.
En la última semana, miembros de Sumar y la propia Yolanda Díaz han presionado públicamente al resto del Gobierno para que intentara frenar este ERE o que buscase mecanismos para reducir su afectación o mejorar sus condiciones. La principal crítica es que el Ejecutivo haya autorizado hace menos de dos meses la toma de control de Vodafone por parte del fondo Zegona y que solo cuatro semanas después pusiese en marcha un expediente de despidos masivos.
Condiciones a Zegona
También critican que una empresa con beneficios pueda realizar despidos masivos, aunque la operadora de telecomunicaciones lleva diez años acumulando pérdidas de 4.5000 millones. Del mismo modo, este martes, CCOO y UGT se concentraron a las puertas del Ministerio de Transformación Digital para pedir esta intervención y tras una reunión improvisada con el titular de la cartera, José Luis Escrivá, lograron el compromiso del ministro de revisar «si las condiciones del expediente tienen que ver con las condiciones que han acordado con el Ministerio».
Así lo indicó el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, tras el encuentro con Escrivá, aunque estas palabras no han sido ratificadas oficialmente por el ministro. Al respecto, en el Gobierno explican a este diario que esto en ningún caso significa que él vaya a intervenir en el ERE y que se seguirá el procedimiento y el cauce normal que indica que el procedimiento debe ser refrendado por la autoridad laboral competente.
En lo que respecta a la autorización de la Junta de Inversiones (que aprobó la toma de control de Zegona) indican que está condicionada a que se cumplan los compromisos, por lo que una eventual revisión no modificaría la realización del ERE. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha indicado que al fondo británico se le impusieron varios compromisos de inversión y de mantener empleos de alta cualificación. Aunque las fuentes consultadas indican que estas condiciones no excluyen la realización de un ERE.
Propuesta de Vodafone
Respecto del camino del expediente en la autoridad laboral, se pueden abrir dos caminos. Si hay acuerdo, la próxima semana deberá ir directamente a la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo, ya que Vodafone es una empresa con centros de trabajo en dos o más comunidades autónomas y con menos del 85% de su plantilla en Madrid. De lo contrario, hubiese tenido que ir al departamento laboral de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, ninguna instancia laboral suele cambiar los ERE si es que hay un acuerdo previo entre las partes.
Si no hay acuerdo, deberán acudir al SIMA (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje), donde se intentará buscar un acuerdo y acercar posturas. Según han indicado los sindicatos a este diario, esta opción está sobre la mesa, pero siempre está sujeta a la mejora de las condiciones de la empresa.
La última propuesta se recibió este jueves por la tarde. Redujo los despidos a 898 personas, lo que supone reducir en 300 afectados los 1.198 planteados originalmente. Se han mejorado además las condiciones de indemnización con un paquete de 45 a 33 días por año trabajado dependiendo de la antigüedad del empleado y un máximo de 24 mensualidades. Respecto de las prejubilaciones, podrán acceder las personas con 58 años o más y más de 10 años de antigüedad, rentas con el 75% del salario regulador.
Propuesta de los sindicatos
Se mantienen además las garantías de no afectación a los dos miembros de una pareja, a personas con una discapacidad reconocida de un 65% o más, a víctimas de violencia de género acreditable antes del ERE; que la voluntariedad tenga veto o un plan de recolocación con duración de seis meses.
No obstante, los sindicatos siguen considerando esta oferta insuficiente, ya que exigen como mínimo las condiciones del ERE de 2021, con 50 días por año trabajado y un máximo 33 mensualidades, prejubilaciones desde los 55 años y 10 años de antigüedad y rentas hasta los 63 años para personas de 55 a 57 años, 64 años para personas de 58 y 59 años y 65 años para mayores 60 años. También piden una indemnización lineal de 4.166 euros y un plan de recolocación de doce meses.
