Preocupación en el Gobierno por el asalto de los fondos de inversión a las redes digitales

El Gobierno mira con preocupación la ofensiva de fondos de inversión extranjeros para comprar infraestructuras digitales de fibra óptica, la joya de la corona de la conectividad en España, según ha podido confirmar THE OBJECTIVE con fuentes conocedoras de la situación. El despliegue de estas redes ha sido una de las prioridades del Plan de Recuperación y Resiliencia con más de 1.000 millones de euros para llevar la digitalización a todo el territorio, por lo que consideran vital que en todo momento estén en manos de operadores industriales locales para asegurar la autonomía y la seguridad estratégica.

Este diario ha dado cuenta de los avances de los fondos de inversión para quedarse con las infraestructuras digitales, en especial las redes de fibra óptica, responsables de la conectividad y de la implantación y vertebración de la digitalización de España. Unas redes que se construyeron en un primer momento gracias al esfuerzo de las operadoras privadas como Telefónica, Orange y Vodafone y que han tenido un segundo impulso gracias a Digi, Avatel y Onivia.

Sin embargo, en el último lustro -y en especial en el último año- se han acelerado las operaciones de fondos extranjeros para adquirir estas redes y cada vez con infraestructuras de mayor envergadura, después de que las telecos hayan abierto el capital de nuevas sociedades de fibra (FiberCo) para monetizar sus redes y dar entrada a socios con liquidez. Es así como en el foco del Gobierno se encuentran dos movimientos que se cerrarán durante 2025: la venta de parte de la red de la joint venture de fibra de Telefónica y Vodafone y la FiberCo que quieren crear MasOrange y Vodafone.

Capital español

Hasta la fecha las operaciones han sido en pequeñas compañías o paquetes de unidades inmobiliarias de menor relevancia, pero en la medida que estos fondos se acerquen a las redes de Telefónica o MasOrange, las mayores de España y las únicas con cobertura en todo el territorio, existe el temor en el Ejecutivo de que no tengan vocación industrial y que su interés solo sea de sacar rendimiento económico.

Desde el Gobierno se plantean como líneas rojas que estas redes siempre tengan como socio mayoritario a las operadoras de telecomunicaciones, aunque compartan accionariado y que en lo posible, se dé entrada a otros inversores españoles que puedan garantizar que el capital de infraestructuras se quede dentro de nuestras fronteras. En el Ministerio de Economía y el de Transformación Digital se están monitorizando estas operaciones y -cuando toque aprobarlas- impondrán condiciones para asegurar que las redes de fibra cumplan con estos criterios.

La sociedad de Telefónica y Vodafone se constituyó hace un mes incluyendo 3,5 millones de unidades inmobiliarias y la idea es vender hasta un 40% de su propiedad (el 50% quedaría en manos de Telefónica y el 10% en Vodafone). Según han publicado medios especializados Axa, Vauban, GIC y CDPQ están dispuestos a pujar por la empresa valorada en 2.000 millones, aunque en los últimos días también se ha sumado el interés de Pontegadea, la patrimonial de Amancio Ortega que ya participa en Telxius, la filial de cables submarinos de la española. En este caso, no hay dudas de que en el Ejecutivo prefieren como socio al gallego antes que a los fondos extranjeros.

Red de MasOrange

Una venta muy similar a la realizada en 2022 cuando Telefónica cerró la cesión del 45% de su red de fibra rural, Bluevia, a los fondos de inversión Vauban y Credit Agricole por 1.021 millones. Una empresa con aproximadamente el 10% de toda la red de la compañía española. En ambos casos hablamos de porcentajes pequeños de la red de Telefónica, actualmente cifrada en 29 millones de hogares pasados, algo que hasta la fecha da cierta tranquilidad al Gobierno ya que el grueso, unos 23 millones, seguirá en manos del operador industrial.

La otra operación en el punto de mira es la joint venture de fibra entre MasOrange y Vodafone que además tiene dimensiones mucho más grandes que la de eventual venta de Telefónica. Hablamos de 11,5 millones de hogares pasados de los cuales unos nueve millones vienen de la antigua Orange, el segundo mayor inversor en fibra de la historia de España después de Telefónica. Actualmente, la compañía liderada por Meinrad Spenger tiene 17 millones hogares en propiedad, por lo que la mitad de su red pasaría a esta nueva empresa a la que también se quiere dar entrada de un socio financiero.

Este diario ha informado de que la firma de la sociedad se producirá en los próximos días y a partir de ahí se comenzarán a dar los pasos regulatorios y operativos para tenerla en marcha antes del primer trimestre de 2025. Una fecha en la que también deberían conocerse los primeros interesados por comprar hasta un 40% de la sociedad, dejando el 50% a MasOrange y el 10% a Vodafone. En el sector se da como seguro que la puja será entre fondos del estilo de Axa, Vauban, GIC y CDPQ o KKR, Cinven, Providence, Macquarie o Allianz.

Fondos de inversión

En el Gobierno preocupa el hecho de que la mitad de la red de fibra de la segunda mayor operadora en infraestructuras -la primera en clientes- pueda estar participada en un 40% por un fondo y que en el futuro incluso pueda hacerse con una participación mayoritaria. Por eso es vital asegurarse que estas redes estarán en el medio y largo plazo en poder de operadores industriales que tengan sede en España y que generen empleo en nuestro país.

Entre los movimientos recientes que han pasado -o pasarán- por el filtro del Ministerio de Transformación Digital, encontramos la venta de Digi de seis millones de unidades inmobiliarias (la mitad de su actual red de fibra) al fondo Macquarie por 750 millones. Este vehículo inversor ha integrado estos hogares en Onivia, su operadora mayorista a la que ha ido incorporando todas las compras que lleva haciendo hace un lustro, la mayoría a la extinta MásMóvil. En este caso, Onivia se presenta como una operadora española y con vocación de permanencia en nuestro país.

La otra operación es la compra de Avatel por parte de Víctor Rodríguez (uno de los actuales socios) y Josep Maria Echarri. La quinta empresa de telecomunicaciones española tiene tres millones de unidades de fibra óptica con gran presencia regional y en la España vacía, por lo que el destino de sus infraestructuras es muy importante para el Gobierno. A su favor juega que Echarri -pese a ser un inversor financiero- viene de la mano de socios españoles y que su apuesta es mantener la vocación industrial.