El Gobierno recula y licita el servicio universal de 'telecos' en contra del criterio de los técnicos
Hace un mes propuso eliminar esta obligación, pero las presiones de autonomías y consumidores le hicieron rectificar
El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López. | Matias Chiofalo / Europa Press
El Ministerio para la Transformación Digital, dirigido por Óscar López, ha vuelto a licitar el servicio universal de telecomunicaciones en contra de la voluntad de las operadoras y pese a que hace solo veinte días lanzó una consulta pública en la que proponía exactamente lo contrario: eliminar la obligatoriedad de esta prestación por considerar que el actual desarrollo de las infraestructuras garantiza el acceso a las redes de todos los españoles, incluso los de las zonas con mayores problemas históricos de conectividad.
Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE indican que este súbito cambio de opinión –tras un apoyo mayoritario del sector al primer borrador y cuando todas las operadoras de telecomunicaciones daban por hecho que se acabaría este servicio– se ha producido por las presiones de algunas comunidades autónomas, ayuntamientos y asociaciones de consumidores que han visto con temor la posibilidad de que se deje de realizar esta prestación.
Estas mismas fuentes indican a este diario que Óscar López ha adoptado por una solución política para no enemistarse con sus territorios, alcaldes y gobiernos autonómicos, contraviniendo la opinión de los técnicos de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, que siguen manteniendo que a partir de 2025 España no necesita tener un servicio universal, ya que la prestación está cubierta por las actuales infraestructuras digitales.
Servicio universal
El servicio universal de telecomunicaciones es el conjunto definido de servicios cuya prestación se garantiza para todos los consumidores con independencia de su localización geográfica, en condiciones de neutralidad tecnológica, con una calidad determinada y a un precio asequible. En su última actualización, se indica que debe garantizar el acceso a la telefonía fija, a la móvil y en especial a la de internet, con un mínimo de velocidad de descarga de 10 Mbps.
Este servicio universal se licita cada tres años, aunque siempre se queda desierto, ya que es ruinoso y nada rentable para las operadoras. De esta manera, el concurso se adjudica por obligación a Telefónica por ser el viejo operador incumbente. Luego, el resto de las operadoras que facturen más de 100 millones de euros deben retribuirle por este servicio. En el último cálculo actualizado con los ingresos de 2021 (se hace con tres años de retraso) se determinó que el pago total fue de 8,64 millones de euros para 2024.
El pasado 7 de noviembre, el Gobierno lanzó una consulta pública sobre la supresión de prestación del servicio universal como obligación de servicio público para 2025 en la que indicaba expresamente que el sistema actual de cobertura de las redes digitales podía permitir «el cese de la prestación del servicio universal de telecomunicaciones como obligación de servicio público y, por tanto, de la financiación prevista para la misma». La propuesta indicaba que esta suspensión era solo para 2025 y que a partir de la experiencia de ese año se valoraría seguir -o no- con la suspensión en años posteriores.
Programa ÚNICO
La Secretaría del Estado de Telecomunicaciones indicó que «se podría llegar a considerar que la puesta en práctica del Programa ÚNICO Demanda Rural, conjuntamente con la colaboración y el apoyo de otros programas dirigidos a impulsar la universalización de los servicios de telecomunicaciones, junto con la existencia de otros servicios de comunicaciones fijas sobre tecnología terrestre, inalámbrica y satelital proporcionados enteramente por la iniciativa privada, permite llegar a la conclusión de que los servicios de comunicaciones electrónicas incluidos en el concepto de servicio universal de telecomunicaciones están siendo objeto de prestación en unas adecuadas condiciones de cobertura, calidad, asequibilidad y accesibilidad por el conjunto de operadores que actúan en el mercado en libre competencia».
Para el sector, este diagnóstico es completamente acertado, ya que la cobertura de redes de banda ancha fija es cercana al 95% en todo el territorio español y que el 5% restante se cubre con el plan de internet por satélite que el Gobierno licitó a Hispasat. Este plan lleva la banda ancha a toda España, incluso las pocas zonas donde no hay cobertura fija por solo 35 euros al mes, garantizando el 100% de despliegue en todo el territorio español. Por tanto, no es que se suspenda el servicio universal, sino que las actuales redes hacen innecesario que siga existiendo porque hay cobertura en todo el territorio.
No obstante -y contra toda lógica-, el 29 de noviembre se lanzó una nueva consulta pública, esta vez para la licitación pública de la designación de operador encargado de la prestación de los servicios incluidos en el Servicio Universal para 2025 y 2026. Esto no solo supone que la anterior consulta se quede en papel mojado y que las buenas intenciones de eliminar el servicio quedasen en nada, sino que además se prorrogaba al menos dos años más esta obligatoriedad.
Decisión de última hora
«El plazo de designación de operador encargado de la prestación del servicio universal de telecomunicaciones finaliza el 31 de diciembre de 2024, razón por la que hay que proceder a efectuar una nueva designación de operador u operadores encargados de la prestación del servicio universal de telecomunicaciones», indicaron desde el Ministerio para la Transformación Digital.
Y agregaron que «en el caso de que no existiera ninguna manifestación de interés presentada formalmente en el seno de la presente consulta, se procederá a tramitar la designación directa de operador u operadores encargados de la prestación del servicio universal de telecomunicaciones conforme a lo indicado en el artículo 38 del Reglamento sobre las condiciones para la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios, aprobado por Real Decreto 424/2005, de 15 de abril». Esto supone que si no hay ofertas -lo más probable-, nuevamente se termine adjudicando el servicio a Telefónica.
Fuentes del sector consultadas por este diario no entienden la decisión de última hora y la atribuyen a presiones de las autonomías que no han entendido que el fin del servicio universal no significa que se acabara la prestación, sino que, por el contrario, el actual nivel de las redes lo hace innecesario. Por otro lado, advierten que este tipo de movimientos repentinos no ayudan en nada a generar confianza en las operadoras de telecomunicaciones y que al final -dicen- siempre se termina imponiendo el afán recaudatorio.
