La CNMC corrige al Gobierno y pide aumentar la competencia en el megacontrato de 'telecos'
Competencia pide corregir los pliegos para asegurar la no discriminación entre nuevos ofertantes y actuales proveedores
La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados (CNMC), Cani Fernández. | Agencias
El megacontrato de telecomunicaciones de la Administración General del Estado (AGE) se sigue complicando. Este lunes, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado un duro correctivo al pliego elaborado por el Ministerio para la Transformación Digital pidiendo una mayor competencia en el proceso y así permitir que participen más operadores y evitar una posible falta o escasez de oferentes. El valor estimado total de este contrato asciende a 504, 6 millones de euros aunque con un valor real de 382 millones.
THE OBJECTIVE publicó hace una semana que el Gobierno había prorrogado para 2025 el megaconcurso de servicios de telecomunicaciones para la Administración central por los retrasos en la adjudicación del nuevo pliego, que debería estar en vigor el 1 de marzo del próximo año. El Ministerio de Hacienda obtuvo la autorización del Consejo de Ministros para el desembolso de 49,5 millones de euros de manera anticipada para solventar el pago de la ampliación del servicio y evitar que se produzca una interrupción de la prestación. No hay nueva fecha de adjudicación cuando ya estaba abierto el plazo de presentación de ofertas.
Por su parte, la CNMC considera una prioridad estratégica fomentar una contratación pública más eficiente y respetuosa con los principios de libre competencia. En este sentido, el sector de las telecomunicaciones ocupa un lugar clave en la contratación pública debido al alto nivel de gasto que representa y a su tendencia a la concentración. Este es el tercer proceso que se pone en marcha bajo la figura de contratación centralizada (CORA) con la que el Estado busca rebajar la factura final de los servicios.
Críticas de la CNMC
Entre las recomendaciones de la CNMC (no vinculantes) se pide desagregar aún más los cuatro lotes actuales para permitir que participen más operadores y evitar una posible falta o escasez de oferentes. Este diario ha publicado que a septiembre ya se modificaron los pliegos desde los tres lotes iniciales, tras las protestas de Vodafone que indicó que con tan pocas opciones se estaba favoreciendo a Telefónica, en su condición de operadora con mayor tamaño y penetración en los contratos de la administración.
La CNMC pide también realizar un diagnóstico detallado sobre la oferta y las necesidades de los servicios para garantizar una correcta planificación y toma de decisiones; justificar los presupuestos y criterios de forma más detallada; ampliar a dos meses el plazo de presentación de ofertas debido a la complejidad del contrato y ajustar los periodos de implantación según cada lote (entre 9 y 12 meses); o reevaluar las exigencias de solvencia y las reservas sin cargo para evitar barreras innecesarias que limiten la participación de operadores.
También pide favorecer la objetividad y evitar valoraciones subjetivas para garantizar la transparencia del proceso; establecerla considerando el contexto específico del contrato y evitando recurrir automáticamente a las duraciones máximas permitidas por la ley; incluir cláusulas que refuercen el conocimiento de la normativa de competencia y del sector de las telecomunicaciones para disuadir a las empresas de cometer infracciones y asegurar la no discriminación entre los nuevos ofertantes y los actuales proveedores de los servicios en cuanto al acceso a información necesaria para presentar las ofertas.
Detalles del contrato
Desde hace una década, el Estado centraliza todas las comunicaciones fijas, móviles y de datos en un solo contrato, para buscar sinergias y mejores precios con sus proveedores, las operadoras de telecomunicaciones. Todo se tramita a través de la Junta de Contratación y del CORA (Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas) que realiza y formaliza los contratos de acuerdo a las necesidades que les manifiestan los ministerios y sus organismos dependientes.
El contrato en vigor data del año 2019 (Cora 2) que se licitó por 180 millones. Sus ganadores fueron Telefónica, que se adjudicó los lotes de telefonía fija (123 millones) e internet (11 millones), mientras que Vodafone ganó las comunicaciones móviles por 10,3 millones y BT con las comunicaciones internacionales por 40 millones. Estas cifras no incluían IVA con un contrato de cinco cursos a partir de 2020 y hasta finales de este 2024. La gran sorpresa en relación con la adjudicación de 2015 (Cora 1) fue la irrupción de Vodafone, que se quedó con las comunicaciones móviles, hasta entonces en manos de Telefónica.
El tercer concurso (Cora 3) se lanzó inicialmente en junio de este año, fijando tres lotes por un total de 382 millones (valor estimado máximo de 504 millones). Un importante crecimiento que se justificó por la necesidad de incorporar por primera vez al contrato el servicio de centros de datos en la administración. Es así como salieron a concurso la red nacional, que cubría las redes multiservicio de datos, telefonía fija y comunicaciones móviles a nivel nacional; red Internacional, para las necesidades de la Red Internacional de la Administración General del Estado; y servicios de Interconexión de Centros de Proceso de Datos, Seguridad e Internet. Sin embargo, ahora se encuentra paralizado.
