Las tensiones financieras obligan a Digi a buscar una salida a bolsa en España

Digi, la cuarta operadora de telecomunicaciones de España, explora fórmulas para mejorar su liquidez ante el reto de seguir invirtiendo en redes sin perder rentabilidad. Y una de las opciones que cobra más fuerza es la salida a bolsa, una de las últimas cartas que le va quedando para financiarse después de acudir frecuentemente a la banca y de haber cerrado acuerdos para desprenderse de parte de su red de fibra. Un movimiento que, sin embargo, fuentes del sector financiero consultadas por THE OBJECTIVE creen que deja al descubierto sus actuales tensiones financieras.

El diario Expansión adelantó que la compañía había fichado a Rothschild para explorar esta salida a bolsa y que las estimaciones hablan de un valor de empresa de aproximadamente unos 2.500 millones de euros. Pero la decisión no está tomada y los movimientos son todavía preliminares, según fuentes del mercado. El caso es que Digi sigue creciendo a un muy buen ritmo gracias a su modelo de bajo coste, pero no lo suficiente como para financiar su ambicioso plan de crecimiento, en especial en redes móviles. El reto es sostener ese crecimiento sin que se erosione la rentabilidad.

En el primer semestre, elevó sus ingresos hasta los 445 millones, un 19% más interanual, pero con un ebitda —beneficios operativos brutos— de 82,7 millones, equivalente a lo registrado un año antes. Comercialmente, tiene más usuarios que nunca (hasta junio volvió a arrebatar medio millón a sus rivales), con una base de 9,7 millones de servicios (entre los móviles y red fija), un 29% más que hace un año, pero el precio medio por cliente cae un 10%, hasta 8,1 euros mensuales. Muy por debajo de la media del sector. Por ejemplo, el ARPU convergente de Telefónica es de 91,7 euros y el de MasOrange se sitúa en los 52,3 euros.

Costes financieros

Digi gana más en términos absolutos, pero la rentabilidad relativa se erosiona. Cada euro rinde menos, los márgenes se estrechan, la caja se resiente y afronta la prueba más difícil de su modelo: convertir el crecimiento comercial en rentabilidad y generación de efectivo. Todo ello en un contexto en el que los costes financieros comienzan a lastrar a la operadora. En el primer semestre invirtió otros 169 millones, destinados especialmente a financiar el encendido de su red móvil heredada de los remedies de MasOrange, registrando un flujo de caja operativo negativo de 86 millones.

Sus cuentas de 2024 reflejan también que tiene una deuda con entidades de crédito de 271,9 millones y que su fondo de maniobra es negativo en 152,8 millones. En términos financieros, este último dato es una señal de alerta importante, ya que puede indicar dificultades para pagar a proveedores y otras deudas en el corto y medio plazo. Lo que genera la actividad no alcanza para cubrir el esfuerzo inversor en red y crecimiento. Digi vende más, pero aún no convierte ese crecimiento en excedente de caja. Por ello, para sostener el ritmo depende de financiación externa u operaciones extraordinarias.

Y es en este contexto es donde encaja la salida a bolsa. Digi busca la entrada de inversores institucionales para que se queden con no más del 30% de capital, lo que les llevaría a recaudar unos 800 millones. Una operación que en el mercado se interpreta como un termómetro de tensión: necesita capital fresco para financiar su capex (inversión) y sostener el despliegue de red en un entorno de márgenes comprimidos. Y las ayudas de su matriz en Rumanía serán menores, ya que el grupo debe afrontar también el coste de sus despliegues en Portugal y Bélgica, lo que condiciona su capacidad de destinar recursos adicionales a España y aumenta la presión sobre la financiación.

Digi y las fusiones

Parte de ese oxígeno ha llegado con la venta de activos. El grupo se desprendió de poco menos de la mitad de su red de fibra en España, traspasada al fondo Macquarie, dueño del operador Onivia, por 750 millones de euros. Y en junio de este año logró 84 millones de la banca para financiar nuevos despliegues de su red de fibra en Andalucía, en el marco de su asociación con Abrdn para crear un vehículo de inversión para esta tecnología. Desde el punto de vista de la financiación, en 2024 abonó 124 millones al sindicato bancario y los siguientes vencimientos llegarán en 2027, tras una serie de préstamos que se han acumulado en el último lustro.

Digi obtiene liquidez inmediata, pero a cambio debe alquilar esa infraestructura a largo plazo y cede control sobre una parte de sus activos estratégicos. En paralelo, su cobertura móvil descansa en un acuerdo de 16 años firmado con Telefónica desde el 1 de enero de 2025, que combina roaming nacional y RAN sharing. El pacto garantiza eficiencia y capilaridad, pero también ata una estructura de costes elevada hasta que su propia red alcance masa crítica.

Por otro lado, la hipótesis de una compra por parte de Telefónica —o de MasOrange— también flota en el mercado. Industrialmente, apagaría la disrupción del low cost, estabilizaría precios y daría a su comprador el control sobre el segmento de volumen, probablemente manteniendo la marca. Pero el obstáculo regulatorio es importante, ya que la Comisión Europea aprobó la fusión entre Orange y MásMóvil con grandes condicionantes que precisamente favorecieron a Digi con una nueva red móvil, para tener una mayor competencia.

Problemas regulatorios

Una eventual adquisición de Digi por cualquiera de las dos grandes operadoras chocaría con ese marco y tendría alto riesgo de veto o de exigencias de desinversión que anularían la lógica económica y las eventuales sinergias. Del mismo modo, si Telefónica intentase comprar Vodafone, las puertas se cerrarían para algún otro movimiento de consolidación de la operadora de origen rumano, ya que la Comisión Europea no toleraría que existiera un duopolio con solo dos players en España. Como mucho permitiría tres, si logran convencerla de que su ideal de cuatro actores ya no es viable.

En el mercado creen que a Digi ya no le basta con ganar volumen. No hay dudas de que ha triunfado en la batalla comercial, pero ahora se enfrenta al reto de la disciplina financiera para convertir la escala en beneficios sostenibles. Sus márgenes se ven presionados por un ARPU muy bajo y unos costes crecientes; el capex elevado sigue consumiendo caja y aumentando el apalancamiento a nivel de grupo. En paralelo, cualquier operación de consolidación estará condicionada por el escrutinio de Bruselas.