Telefónica renueva el megacontrato de telecos de la Seguridad Social por 164 millones
La operadora prestará servicios y suministros durante los cinco próximos años al organismo que gestiona las pensiones
Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. | EP
Telefónica se ha hecho con el megacontrato de telecomunicaciones de la Seguridad Social con una oferta que supera los 164 millones de euros. El pliego —adjudicado por la Gerencia de Informática de la Seguridad Social (GISS)— estaba valorado en 219,5 millones, un importe que incluye posibles modificaciones. La duración es de cinco años y cubre toda la infraestructura de red fija y móvil, los servicios de datos, el envío de SMS institucionales y la atención telefónica al ciudadano, según la información a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
Telefónica optó a la licitación en formato de unión temporal de empresas (UTE), uniendo tres de sus filiales —Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones—, y fue la única propuesta admitida. No hubo competencia en ninguno de los cuatro lotes, lo que la convertirá nuevamente en el proveedor exclusivo de las telecomunicaciones de la Seguridad Social al menos hasta 2030.
El nuevo acuerdo sustituye al anterior firmado también con la operadora de telecomunicaciones en 2021 por 112,1 millones de euros de licitación inicial y que estaba valorado en 143 millones tras tres modificaciones aprobadas por la Administración. Aquel contrato, de cuatro años, cubría los mismos servicios, pero con menor alcance técnico y sin integración plena del sistema de contact center.
Un 53% más que en 2021
El aumento del valor global responde, según los pliegos, a la necesidad de ampliar la capacidad de red, reforzar la seguridad y modernizar las comunicaciones internas y externas del sistema público. En términos reales, el coste anual pasa de 35,7 millones en el contrato de 2021 a 32,8 millones en el actual, al distribuirse en un periodo de cinco años.
Telefónica gestionará las comunicaciones de más de 3.000 oficinas dependientes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y dos centros de datos principales (Madrid y Soria), además de la conectividad de los buques sanitarios del Instituto Social de la Marina y las redes de la Tesorería (TGSS), el INSS y el ISM. El contrato incluye servicios de ciberseguridad, mantenimiento, tráfico de voz y videoconferencia, y soporte 24 horas los siete días de la semana.
El acta de la mesa de contratación del 13 de octubre de 2025 confirma que no hubo ningún otro licitador. El procedimiento se resolvió mediante concurso abierto con criterios técnicos y de valor económico, pero solo Telefónica cumplía las condiciones de solvencia técnica y económica exigidas.
Solo Telefónica
La operadora mantiene así un control prácticamente total sobre la red institucional de la Seguridad Social, una infraestructura estratégica que canaliza la gestión de pensiones, cotizaciones, Ingreso Mínimo Vital (IMV) y atención ciudadana. El nuevo contrato consolida la continuidad tecnológica de la GISS con Telefónica y prevé acuerdos de nivel de servicio (ANS) con exigencias de disponibilidad superiores al 99,9%. Los pliegos incluyen también cláusulas de ciberseguridad, auditoría, mantenimiento y penalizaciones por incumplimientos.
Aunque desde el punto de vista operativo garantiza estabilidad y evita una transición tecnológica compleja, el hecho de que solo haya concurrido una empresa refuerza la dependencia estructural del Estado respecto de un único operador en un área crítica de la administración digital. La adjudicación consolida una tendencia que se ha ido acentuando en los últimos años: la concentración tecnológica en torno a un reducido número de operadores capaces de asumir infraestructuras críticas del Estado.
En el ámbito de las telecomunicaciones institucionales, la Seguridad Social es uno de los mayores consumidores de servicios avanzados —redes de alta disponibilidad, telefonía IP, plataformas de voz inteligente y soluciones de movilidad corporativa—, lo que dificulta la entrada de nuevos competidores y eleva las barreras técnicas y financieras. Ese ecosistema explica que, por segundo concurso consecutivo, solo Telefónica haya concurrido.
Crecimiento del contrato
Desde el punto de vista presupuestario, el salto entre ambos contratos refleja no solo la ampliación del alcance técnico, sino también la evolución natural del sistema público hacia servicios cada vez más integrados: comunicaciones unificadas, monitorización centralizada y exigencias más duras de ciberseguridad. Las prestaciones asociadas —especialmente el contact center y la red inteligente— han dejado de ser accesorios para convertirse en piezas esenciales del funcionamiento diario de la Administración.
El crecimiento en el valor estimado hasta los 219,5 millones responde, ademas, a un margen deliberado para incorporar futuras necesidades, algo que ya ocurrió en el acuerdo de 2021, ampliado en tres ocasiones. La GISS apuesta así por una hoja de ruta continuista que da prioridad a la estabilidad, el control de incidencias y una interlocución única para gestionar una red distribuida por todo el país. El reto, como siempre, estará en fiscalizar el cumplimiento de los niveles de servicio y en asegurar que la dependencia tecnológica no limite la competencia futura ni la capacidad de innovación del propio sistema.