Sánchez quiere ahora regular las tecnológicas tras ocho años legislando a su favor

Pedro Sánchez prometió este miércoles una investigación contra Meta (Instagram y Facebook) por una supuesta violación de la privacidad de millones de usuarios. Con ello ha acentuado su campaña contra las grandes tecnológicas estadounidense a las que pretende regular después de ocho años sin mover ficha. Como ha constatado THE OBJECTIVE, en este tiempo el presidente del Gobierno ha sido uno de los mandatarios europeos que más ha agasajado a estas compañías, legislando a su favor y desoyendo al sector de las telecomunicaciones y de las televisiones que han pedido insistentemente que se equipare la normativa común que les afecta.

En el Foro de Davos de comienzos de este año, Pedro Sánchez abrió su particular guerra contra las grandes tecnológicas como Meta, Google, Microsoft, Amazon o Apple. Allí propuso acabar con el anonimato en las redes sociales, «abrir la caja negra de los algoritmos» y asegurarse de que los directores generales de las redes sociales rindan cuentas personalmente por el incumplimiento de las leyes. Una campaña que coincidió con el apoyo de los presidentes de estas compañías a Donald Trump, de quien el líder del PSOE se esfuerza por desmarcarse y situarse como su principal detractor.

Pero este miércoles ha ido un paso más allá contra lo que Sánchez denomina «tecnobillonarios» o «tecnocasta». Y prometió una investigación en el Congreso contra Meta por vulneración de la privacidad a través de un software que permitía rastrear la actividad web de los usuarios de las plataformas del gigante tecnológico. En esta línea, dijo que impulsará en la primera parte de 2026 una batería de medidas para controlarlas y combatir la desinformación, los discursos de odio, la vulneración de la privacidad y la desprotección de los menores.

Tributación en España

Un movimiento que se suma a que lleva realizado hace más de una semana la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha pedido insistentemente que se limiten las horas que realizan los empleados de estas empresas y que se les obligue a pagar más impuestos. Todo ello, a propósito del anuncio de Amazon de despedir 1.200 trabajadores en España, en medio de un plan de recortes global de más de 12.000 empleados.

Ante esta arremetida conviene recordar que España ha sido uno de los países europeos que ha estado más cerca de las grandes tecnológicas desde la llegada de Sánchez a Moncloa. El presidente no solo les ha cortejado con diferentes reuniones con sus primeros espadas, sino que además ha evitado legislar para endurecer su regulación en al menos dos ocasiones; no ha movido ficha para evitar que sigan tributando en el extranjero; y tampoco ha oído las peticiones de telecos y televisiones para que se equiparen sus condiciones.

En primer lugar, el Gobierno nunca ha legislado para que las grandes tecnológicas tributen en España por los ingresos que realmente registran en nuestro país. Es así como el porcentaje del impuesto de sociedades que terminan pagando sigue siendo mínimo en relación con sus facturaciones reales, porque siguen recaudando a través de sociedades filiales constituidas en países con una fiscalidad más laxa como Luxemburgo o Países Bajos. Algunas han creado sociedades en España, pero prácticamente ninguna tributa por todo su negocio, generando un importante perjuicio a la Hacienda pública.

Ley audiovisual

Por otro lado, en 2022 se legisló con una nueva ley audiovisual con el objetivo inicial de que las plataformas digitales pasaran por caja. Inicialmente, se planteó gravar a los servicios de comunicaciones digitales de Google (Hangouts), Facebook (WhatsApp), Apple (Facetime) y Amazon (Alexa), aunque finalmente quedaron sujetas a esta tasa solo las empresas que se diesen de alta en el registro de operadores. Y estos gigantes digitales no están obligados a hacerlo, porque -dijo el Ejecutivo- se calculó que su impacto en la recaudación sería mínima.

En el caso de la ley audiovisual -que también se aprobó por esas fechas- inicialmente se intentó obligar a Netflix y las plataformas en streaming que tuviesen un mínimo de producción en lenguas cooficiales como el catalán, aunque se les quitó esta obligación en el texto final. También se estableció que estas operadoras pagasen para financiar RTVE aunque la norma retrasó un año su entrada en vigor. Finalmente, estas plataformas han pagado apenas 16 millones al año a la cadena pública, tres millones menos que Movistar, Vodafone y Orange, y con el doble de abonados.

El único movimiento que realmente ha hecho este Gobierno ha sido la implantación de la tasa de servicios digitales, la denominada tasa Google, mediante la cual estas compañías –y todas las empresas digitales– pagaron 277 millones de euros en 2024. Una cifra mínima si se consideran las estimaciones iniciales de este gravamen y todo lo que recaudan estas sociedades en España.

Sánchez y las tecnológicas

Y todo ello, pese a que las grandes operadoras de telecomunicaciones llevan más de un lustro pidiendo que se equiparen sus reglas con las tecnológicas: el mismo terreno de juego tributario, legal y laboral. Por otro lado, las televisiones también llevan años solicitando al Ejecutivo que obligue a estas plataformas a controlar sus contenidos como ya se hace con la tele tradicional. El argumento del Gobierno ante esta inacción es la inversión que llega de las grandes tecnológicas, además del empleo que generan en España. Y para ello, el propio presidente del Gobierno se ha reunido en múltiples ocasiones con los «tecnobillonarios» a los que ahora critica.

En enero de 2020 se reunió en Davos con los directores ejecutivos de Apple, Google y Amazon. Este mismo año lo hizo con Sundar Pichai, CEO de Alphabet; y en abril mantuvo un encuentro por videoconferencia con Brad Smith (presidente) y Satya Nadella (CEO) de Microsoft. En 2022 (también en Davos) se reunió con los directores ejecutivos de Intel, Cisco, Micron y Qualcomm y en 2023 lo hizo con Sam Altman, CEO de OpenAI, destacando la importancia de la gobernanza de la inteligencia artificial.

A principios de 2024 recibió nuevamente a Brad Smith, presidente de Microsoft, quien anunció que la compañía cuadruplicaría su inversión en España hasta los 1.950 millones de euros. Y ese mismo mes se reunió con varias empresas del sector digital, incluyendo a Meta y Cisco, para abordar temas como los derechos digitales, la ciberseguridad y la protección de menores en línea.