El Gobierno mueve ficha para no perder el control de Indra tras la fusión con Escribano

La fusión de Indra con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) se complica y deja al descubierto una lucha soterrada que podría condicionar el futuro de la primera compañía española de defensa y una de las joyas de la corona de la soberanía estratégica del país. Esta semana el Ejecutivo lanzó una campaña en la que filtró a algunos medios que no se fía de la operación al considerar que existen complejidades técnicas, un «evidente» conflicto de intereses y un efecto impredecible ante las posibles demandas de accionistas díscolos.

Incluso se ha puesto sobre la mesa la salida del presidente de la tecnológica y fundador de EM&E, Ángel Escribano, como una forma de conseguir el apoyo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para desbloquear una operación que originalmente —según el calendario de los promotores de la fusión— se tendría que haber cerrado a finales del año pasado y en la que se ha trabajado formalmente durante 12 meses.

Sin embargo, las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE indican que las principales reticencias de la SEPI no tienen que ver con la gobernanza ni con la complejidad de la operación, ni mucho menos con el temor a posibles demandas de los accionistas. Por el contrario, se trata de una lucha por el control de la compañía a medio y largo plazo. El Gobierno recela de los movimientos de los Escribano: Ángel, presidente de Indra, y Javier, primer directivo de EM&E, fundadores de una de las partes negociadoras y miembros del consejo de administración de la otra.

Gobernanza de Indra

En el Ejecutivo y en la SEPI tienen sospechas de que la fusión será una excusa para que Escribano tome el control de la compañía de defensa. Actualmente, la sociedad pública (adscrita al Ministerio de Hacienda) tiene el 28% de las acciones y los hermanos el 14,3%. No obstante, temen que tras la integración —que se haría bajo una ecuación de canje de acciones y sin efectivo— el Estado pierda el peso que la otra ganará. Y quieren asegurarse de que tendrán el control incluso después de la integración.

Los cálculos internos hablan de que Escribano podría quedar por encima del 20% y muy cerca de la participación del Estado. El problema son las alianzas. Al mismo tiempo, la Amber Capital de Joseph Oughourlian —y su 7,24% en su condición de cuarto mayor accionista— ya ha dejado claro que apoya a los hermanos, por lo que en un futuro escenario en el que las fuerzas de EM&E y la SEPI puedan estar igualadas, el porcentaje del francoarmenio podría decantar la disputa a favor del actual presidente.

Una suma de fuerzas que podría crear un núcleo de control que deje fuera a la SEPI. En todos los escenarios de la ecuación de canje que manejan los Escribano junto a Amber, superarían a la sociedad pública en porcentaje accionarial. Con la actual composición, el Estado tiene la tranquilidad de tener tres consejeros que le aseguran control, estabilidad y gobernanza, algo que podría perder tras la fusión. Escribano tiene actualmente dos consejeros (los dos hermanos) y Oughourlian uno, pero con una nueva distribución de las acciones este reparto podría cambiar e ir en contra de los intereses del Gobierno.

Ayuda de Oughourlian

Y está claro que la Moncloa no quiere perder el control de Indra. Desde que en 2022 pilotaran el movimiento para expulsar consejeros rebeldes —paradójicamente, con la ayuda de Oughourlian— ha convertido a la compañía en el mayor proveedor del Ministerio de Defensa y le ha adjudicado contratos que han casi duplicado su facturación, desde 3.600 millones en 2021 a 5.200 millones de 2025. Es actualmente una de las empresas participadas por el Estado mejor valoradas y los planes pasan por convertirla en un gran campeón europeo. En este contexto, el Gobierno considera fundamental tenerla bajo su supervisión, no solo accionarial, sino que también de gestión.

Hay dos movimientos en paralelo. El primero es la valoración de Indra, y el segundo es el futuro de Ángel Escribano. Este diario ya publicó en mayo del año pasado que había dudas de la SEPI respecto de lo que podía valer EM&E, una empresa que en 2023 facturó 115 millones y que ahora —según dijo Javier Escribano hace un año— valía mucho más de 1.000 millones. Para evitar suspicacias, la sociedad pública pidió cerrar todos los flecos con los balances actualizados de 2025. Por ello, quieren asegurarse de que todo está en orden y que no se pagará un sobreprecio.

Las fuentes consultadas advierten de que la clave es establecer lo que vale realmente EM&E, sobre la base de sus cuentas y estados financieros de 2025, y no acordar una valoración a partir de contratos futuros. El Gobierno ha adjudicado su mayoría en 2025, pero no tendrán verdadero impacto en las cuentas hasta los próximos meses. Esto supone además que, con las nuevas cuentas, probablemente cerradas en marzo, se tendrá que hacer una nueva diligencia debida actualizada.

Ángel Escribano

Los últimos análisis de EM&E —apoyados en informes externos de consultoras y bancos de inversión— apuntan a unos 2.000 millones, aunque el Ejecutivo cree que estamos más cerca de una horquilla entre los 1.300 y los 1.500 millones. Este valor es la clave de la ecuación de canje futura. Cuanto más valga EM&E, los Escribano tendrán más porcentaje de participación de la compañía resultante. Y viceversa, mientras menos valga, la SEPI podrá conservar un mayor control de Indra.

Con todo, hay margen de negociación. Como publicó El Confidencial, desde el Gobierno se ha deslizado que una forma de desbloquear las negociaciones podría ser la salida de Ángel Escribano como presidente. Esto va claramente en la línea de las informaciones que ha confirmado este diario: la prioridad de la SEPI es mantener el control de Indra y una forma de blindarse ante el nuevo reparto accionarial tras la fusión sería designar a un primer ejecutivo de su plena confianza.

SAPA Placencia

Hace exactamente un año se designó de emergencia a Ángel Escribano por la salida del anterior presidente, Marc Murtra, que fue a Telefónica. Un movimiento acelerado para evitar un vacío de poder y que en la SEPI siempre fue visto como temporal, pero que con el paso del tiempo se volvió permanente. Muchos dentro del Gobierno se arrepienten de dejar la gestión en manos del segundo accionista y no en un hombre con el respaldo total de la Moncloa.

En cualquier caso, la actual situación no invita a esperar un trámite expedito y abre un nuevo frente que se suma a las dudas de SAPA Placencia, compañía que desde hace meses está enfrentada a los Escribano por el plan estratégico y sus alianzas con competidores de la española, como General Dynamics. Hablamos del tercer accionista, con un 7,94% del capital, que ya apoyó a la SEPI tras la llegada de Murtra. Junto con Amber Capital generaron un núcleo de control que supervisó los destinos de la empresa hasta antes de la irrupción de Escribano en mayo de 2023.