El Gobierno asume su fracaso en la operación Skoda para evitar que Magyar tome Talgo
Los checos son su gran apuesta tras haber fallado en los últimos meses CAF, Stadler, Alstom, Escribano y Criteria
La fecha en la que el Ejecutivo debe dar una respuesta es el próximo 10 de agosto. | Europa Press
El Gobierno asume su fracaso en la ‘operación Skoda’ con la que buscaba lograr un socio alternativo que impidiese la irrupción de los húngaros al capital de Talgo. El pasado viernes, la empresa checa desveló sus cartas ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y descartó entrar en una guerra de opas (ofertas públicas de adquisición) con Magyar Vagon y ofreció en su lugar una fusión de los negocios industriales. Un escenario que, según fuentes cercanas al Ejecutivo, deja apenas sin opciones esta fórmula, que además había alentado La Moncloa.
Fuentes cercanas al Gobierno aseguran a THE OBJECTIVE que «la viabilidad de una fusión de negocios es prácticamente nula, salvo que quede descartada la OPA de Magyar por denegación de la autorización de la Junta de Inversiones Exteriores (Jinvex). Los accionistas de referencia de Talgo ya han manifestado que rechazan cualquier oferta que no sea una oferta de adquisición competidora, en efectivo y a mejor precio».
El principal grueso de accionistas de Talgo, formado por el fondo de inversión Trilantic, Torreal (brazo inversor de la familia Abelló) y los Oriol (que son la familia fundadora), buscan desprenderse de sus acciones dentro de la compañía, por lo que la oferta de cinco euros por acción presentada a finales de marzo por el consorcio húngaro es la que más les tienta. De momento, se mantienen prudentes tras la publicación de esta comunicación: en silencio y sin mantener contacto con los húngaros.
La oferta de Skoda llega a escasas dos semanas del límite que marcó Magyar para que el Gobierno diese luz verde a su operación. Según los húngaros, la fecha en la que el Ejecutivo debe dar una respuesta es el próximo 10 de agosto. En caso de que el Gobierno active la opción del silencio administrativo y decaiga su opa, estos ya han amenazado con preparar una batalla en los tribunales. La otra fórmula es que se les vuelva a requerir nueva información. Ayer, el Gobierno aseguró que contaba con hasta tres meses más para pronunciarse sobre la opa lanzada por el consorcio húngaro Ganz Mavag para hacerse con Talgo, después de haber requerido más información antes de aprobar una operación que en principio no ve con buenos ojos.
Por otro lado, la Asociación Española de accionistas Minoritarios en Empresas Cotizadas (Aemec) publicó un comunicado esta semana asegurando que «iniciará acciones judiciales de resarcimiento contra el Gobierno en el caso de que con sus actos se generase un daño efectivo o un lucro cesante en el patrimonio de los accionistas. La aparición de una potencial operación rescate, que supuestamente, viene a contrarrestar esta opa iniciada por la compañía Skoda, hace saltar las alarmas en cuanto al cumplimiento de la normativa europea sobre el funcionamiento de los mercados de valores».
«El valor de la acción de Talgo ha caído ya algo más del 7% en lo que llevamos del 2024, siendo su caída estrepitosa a raíz de la aparición de la operación checa. En opinión de AEMEC, la OPA lanzada por la totalidad del capital social de Talgo es beneficiosa para los más de 8.000 accionistas de la compañía», sentencian desde Aemec.
Hasta ahora, había generado cierto debate jurídico la posibilidad de que se introdujera una oferta de fusión en plena opa de Ganz Mavag. Los húngaros defendían que la única vía era a través de una contraopa (que debería superar su precio), mientras que desde el Ejecutivo defendían la posibilidad de otro tipo de métodos que permitiesen argucias legales. «No existe ninguna norma que prohíba a terceros formular ofertas de fusión a sociedades que son objeto de un anuncio de OPA. Lo único expresamente prohibido es que esa operación sea promovida por los administradores de la opada sin obtener la autorización previa de la Junta General. Y eso no está ocurriendo», aseguran fuentes cercanas al Gobierno.
En estos últimos meses, y después de que se conocieran las intenciones de Magyar por hacerse con el 100% de la compañía, Moncloa ha intentado armar una alternativa que evite la llegada de un consorcio que cuenta con la ayuda de Viktor Orbán, al que acusan de tener vínculos con el Kremlin. Estos aprovecharon en una rueda de prensa que tuvo lugar en Madrid a principios de julio para desmarcarse de Rusia y aseguraron que el dinero público de su país solo serviría como vehículo de inversión, y que saldrían del accionariado.
