El Gobierno confía en que el Supremo tumbe el recurso húngaro por Talgo: "No rebatirán al CNI"
Consideran que el alto tribunal no tiene margen jurídico y se espera también que no se decreten medidas cautelares
La empresa Talgo. | Europa Press
Ganz-Mavag, el consorcio de capital público y privado de Hungría liderado por Magyar Vagon y que ha tratado de hacerse con el cien por cien del capital de la empresa española de fabricación de trenes, Talgo, prepara con un margen de dos meses un recurso ante el Tribunal Supremo tras la decisión del Gobierno de tumbar su opa (oferta pública de adquisición). Pero fuentes cercanas al Ejecutivo señalan a THE OBJECTIVE el optimismo que existe con el hipotético desenlace judicial de la operación. La razón no es otra que la presencia de informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que desaconsejan la entrada de Magyar.
Así, se remarca que, tratándose de seguridad nacional y formando parte del expediente informes de Inteligencia y del Consejo de Seguridad Nacional, el Supremo acabará tumbando el recurso de los húngaros porque la Sala Tercera tendría que sustituir el criterio de seguridad nacional del CNI por el suyo propio, lo que desborda los límites del control jurisdiccional porque no es un juicio jurídico.
La única forma que podría desbaratar el devenir de esa sentencia que tratan de atisbar desde el Ejecutivo, comentan fuentes conocedoras, es si el alto tribunal apreciase los informes irrazonables o arbitrarios. Una decisión compleja para los jueces porque el expediente comprende informes de los servicios secretos.
Algunas voces dentro del consorcio húngaro creyeron hasta el último momento en esta operación, mientras que otras dieron por descontado hace ya meses que el Gobierno acabaría tumbando cualquier opción. Ahora todos son conscientes de la imposibilidad de la compra de la compañía, principalmente porque la sentencia no se dictará antes de 18 meses en el mejor de los casos. No obstante, los húngaros ejercerán una acción de responsabilidad patrimonial contra el Estado. Primero ante el alto tribunal y después en Europa.
Sin medidas cautelares
El Gobierno tiene claro que el Tribunal Supremo no decretará medidas cautelares. De hecho, los propios accionistas de Talgo -con el fondo de inversión Trilantic, Torreal (brazo inversor de la familia Abelló) y los Oriol (que son la familia fundadora) a la cabeza- esperan lo mismo. Según se argumenta, durante la activación de esa resolución, ninguna empresa podría lanzar una opa sobre Talgo, lo que provocaría sacar a la compañía de facto de mercado y, por ende, «el desplome» del valor de la acción y un daño para el accionista «irreparable». Hoy cotiza Talgo a su nivel más bajo desde que se conocieron los intereses de los húngaros de comprar la empresa.
Donde no hay dudas es en la admisión a trámite. Un recuso contencioso-administrativo en única instancia -como es este caso- no cuenta con un trámite para su admisión, como ocurre en la casación. Lo que no evita que el alto tribunal examine algunos detalles menores, como si se ha interpuesto en plazo (dos meses) o si el recurrente tiene poder. Por otro lado, el trámite suele ir rápido, como mucho un mes, ya que consiste en tener por interpuesto el recurso y solicitar el expediente a la Administración.
El Ministerio de Transportes y La Moncloa han sido los dos organismos claves que han rechazado el desembarco de los húngaros en la empresa española de fabricación de trenes. Una operación, que pese a su elevado grado en materia industrial, no ha contado apenas con el Ministerio de Industria que dirige Jordi Hereu. Fuentes conocedoras de la negociación aseguran a este medio que este último «ni ha pinchado ni cortado» durante este proceso.
Según los especialistas jurídicos, la seguridad nacional está considerada como una de las razones imperiosas de interés general que puede permitir la denegación de la autorización de inversión. Las mismas fuentes señalan que «al tratarse de un concepto jurídico indeterminado, en la apreciación de la concurrencia de este motivo asiste al Gobierno un amplio margen de apreciación que debe ser respetado por la jurisdicción». Al afectar a la seguridad nacional, los informes en los que se basa la decisión del Gobierno han sido clasificados como reservados. Por lo que la Sala Tercera tendrá que decidir si solicita al Consejo de Ministros la desclasificación para poder revisar la legalidad de la decisión de denegar la autorización a los húngaros.
Por último, el fallo de hace unos años del Supremo que evitó que el Estado indemnizase a las empresas tras recortar las primas a las renovables sobrevuela sobre el desenlace de este caso. Un escenario que ha provocado laudos condenatorios por diferentes tribunales de todo el mundo por dicha decisión.
