Los húngaros apurarán hasta el final para decidir si recurren el veto a la opa de Talgo
Dudan por el coste económico que supondría una guerra jurídica que puede no ser eficaz. Les quedan 18 días de plazo
El empresario András Tombor, representante de Ganz-Mavag | Gustavo Valiente - Europa Press
Los húngaros del consorcio Ganz-Mavag tienen 18 días de límite para decidir si recurren finalmente el veto del Gobierno a su opa presentada por Talgo. Fuentes cercanas al consorcio aseguran a THE OBJECTIVE que su decisión se tomará «en el último momento» porque siguen estudiando el coste -principalmente de los despachos de abogados- que les supondrá todo el periodo de litigio contra el Ejecutivo tras su resolución.
Los que asesoran a Ganz-Mavag en España son los bufetes de Garrigues y de CMS Albiñana & Suárez de Lezo. Los equipos jurídicos sí están trabajando en el recurso, pero hace falta la decisión final de los húngaros. El argumento del Gobierno, usando informes de Inteligencia, eleva la guerra jurídica a un terreno complejo de combatir por parte de los juristas. La razón no es otra que el Tribunal Supremo, que sería el que dictase sentencia en caso de que hubiese recurso, no puede contradecir los informes del CNI (Centro Nacional de Inteligencia) porque se escapan de su ámbito de acción. A esto último es lo que se agarran desde el Ejecutivo para mostrar su confianza.
Fuentes jurídicas aseguran que los dos meses (60 días naturales) comienzan a descontarse desde la fecha en que el acuerdo del Consejo de Ministros denegó la autorización de inversión a Ganz Mavag, que tuvo lugar el pasado 27 de agosto. En una entrevista en Financial Times acusaron a España de incumplir con la normativa europea. El presidente György Bacsa aseguró que «el Gobierno español había dejado de lado la libertad empresarial en Europa, especialmente la libre circulación de capitales, por intereses políticos».
De momento, sigue sin haber una alternativa clara a los húngaros. El último nombre en salir ha sido el del gobierno vasco, que se atrevería a aventurarse en esta operación si la propia compañía Talgo logra un socio industrial. El objetivo no es otro que la empresa mantenga su presencia en País Vasco. Precisamente es esto último lo que falta en todas las ofertas que se han lanzado, empezando por la única que se ha hecho oficial, a través de la CNMV, junto con Ganz-Mavag: la de la checa Skoda.
Por otro lado, los accionistas minoritarios de Talgo, que representan el 50% de la compañía española de fabricación de trenes y a unos 8.000 accionistas, han frenado su recurso contra el Gobierno. «El recurso está parado. Se está viendo si se producen movimientos del fondo y de la compañía, o incluso del Gobierno con nuevos posibles compradores», aseguraron a THE OBJECTIVE fuentes conocedoras de la situación. La nueva decisión de los minoritarios llegó unas semanas después de que la asociación que los reagrupa anunciase que acudiría a los tribunales «para defenderse de la injerencia del Gobierno».
El anuncio del Gobierno
El pasado 27 de agosto, el Consejo de Ministros acordó no autorizar la inversión extranjera directa en Talgo por parte de Ganz-MaVag, «por motivo de protección de los intereses estratégicos y de la seguridad nacional de España». Según explicó el Gobierno, «esta autorización fue solicitada por el inversor como requisito legal previo para la ejecución de la Oferta Pública de Adquisición (opa) por el 100% de Talgo y, por consiguiente, no podrá tener lugar».
«La no autorización de la operación se produce en aplicación de la normativa vigente en nuestro país en materia de control de inversiones exteriores y con pleno respeto al Derecho Comunitario y las competencias de la Unión Europea sobre inversiones extranjeras directas, protección del mercado interior y la libre circulación de capitales. En base a esta normativa, la operación ha sido analizada con todo rigor previamente por la Junta de Inversiones Exteriores (Jinvex), órgano interministerial colegiado encargado de informar sobre cada operación, basándose en la información aportada por los ministerios y organismos relevantes. Las operaciones sujetas a autorización son evaluadas para garantizar la protección de la seguridad, la salud o el orden público», sentenciaron desde el Ejecutivo.
«El análisis llevado a cabo ha determinado que la autorización de esta operación conllevaría riesgos para garantizar la seguridad nacional y el orden público. En este contexto, el Consejo de Ministros ha declarado la información contenida en este expediente como clasificada. Para el Gobierno, Talgo es una empresa estratégica dentro de un sector clave para la seguridad económica, la cohesión territorial y el desarrollo industrial de España», concluyeron.
