El Gobierno lleva 44 meses ocultando los detalles del rescate de Air Europa
El Ministerio de Hacienda y la SEPI han recurrido sistemáticamente las resoluciones del Consejo de Transparencia
Pedro Sánchez y María Jesús Montero en una reciente sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. | Alberto Gardin / Zuma Press
El Gobierno lleva 44 meses ocultando los detalles del polémico rescate de Air Europa e ignorando las sucesivas resoluciones del Consejo de Transparencia que le han obligado a entregarlos, según ha podido confirmar THE OBJECTIVE. La concesión de 475 millones del fondo de rescate de la SEPI en noviembre de 2020 ha vuelto estos días al primer plano informativo, tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que sitúa a Víctor del Aldama, cabecilla de la trama Koldo, y al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, como impulsores de toda esta operación.
En febrero de 2021, el Partido Popular registró en el Congreso de los Diputados una pregunta parlamentaria solicitando el «expediente completo» y advirtiendo de la falta de transparencia del proceso. Posteriormente, el 25 de mayo de 2021 comenzó su tramitación en el Portal de Transparencia un requerimiento de la resolución del Consejo Gestor del Fondo de Ayuda a la Solvencia de las Empresas Estratégicas (Fasee) de la SEPI en la que se aprobó el desembolso, además de los detalles y condiciones de la ayuda concedida a la aerolínea de Globalia.
No obstante, al cierre de este artículo -el 14 de octubre de 2023- el Ejecutivo sigue sin dar respuesta. En el caso del PP se ha desoído completamente el requerimiento parlamentario y en cuanto la petición a Transparencia, el Ministerio de Hacienda y la SEPI han evitado por todos los medios remitir la información, pese a las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que exigían la entrega de parte de esta información. En estos momentos, el caso se encuentra en la Audiencia Nacional y hasta la fecha, según ha confirmado este diario, sigue sin veredicto.
Resoluciones de Transparencia
En julio de 2021, el Ministerio de Hacienda respondió con evasivas al requerimiento indicando que se abría audiencia para recibir información de terceros, ante lo que el interesado recurrió al Consejo de Transparencia. Esta entidad abrió un proceso de alegaciones y ante la negativa de la cartera de María Jesús Montero, el 9 de febrero de 2022 falló que se entregara toda la información solicitada, es decir, la resolución del Consejo Gestor del fondo con el acuerdo de apoyo financiero y el acuerdo de accionistas o el acuerdo de gestión con Air Europa.
Además, se solicitaban los detalles y condiciones de la ayuda concedida y el acuerdo en el que se determinaban las decisiones estratégicas de la empresa que quedan supeditadas a autorización previa del Consejo Gestor (de la SEPI), «en la forma más apropiada según la modalidad de intervención, con la finalidad de asegurar el buen fin y adecuada asignación de los recursos públicos, así como el cumplimiento de las condiciones establecidas».
La información no se entregó y en mayo de 2022 empieza un nuevo proceso en el que Hacienda otra vez abre un plazo de audiencia para las partes, pero no contesta la información. En marzo de 2023, Transparencia vuelve a exigir, esta vez parcialmente, que se remita la información. El Ministerio de Hacienda, a través de la SEPI, recurre la resolución al Juzgado central administrativo número 7 de Madrid, que en noviembre de ese año desestima la resolución del Consejo y da la razón al Gobierno. Transparencia recurre a la Audiencia Nacional a los pocos días, organismo que todavía no ha realizado ningún fallo, según ha confirmado este diario.
Argumentos de Hacienda
Para denegar esta información, el Gobierno utiliza dos argumentos. El primero es la existencia de un régimen específico establecido en el real decreto de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica durante la covid, que establece el carácter reservado de los datos, documentos e informaciones que obren en poder del Consejo Gestor y del SEPI, una norma «que desplaza lo dispuesto en la ley de transparencia«, dice Hacienda.
La SEPI alega también la concurrencia de los límites del ejercicio del derecho de acceso a la información contemplados en la ley de transparencia referida a la protección de intereses comerciales, la política económica y el deber de confidencialidad, que entroncan directamente en la obligación de reserva y la «inexistencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso siendo desfavorable al mismo el test del daño y del interés consagrados por este Consejo en su criterio interpretativo».
Por contra, Transparencia defiende que aunque el real decreto de la pandemia constituya un régimen específico (al menos en lo que concierne a la reserva de confidencialidad que establece), no debe entenderse en términos absolutos que impliquen el desplazamiento total de la ley de transparencia, tal como parece entender el Gobierno.
Intereses de Air Europa
Sobre la aplicación del límite al acceso previsto en relación a los intereses económicos y comerciales, el Consejo considera que resulta razonable y justificado el bloqueo respecto del acceso al plan de viabilidad de la empresa y de los acuerdos de accionistas (o acuerdos de gestión de la empresa) en los que se determinen sus decisiones estratégicas, pues tales decisiones conforman, en efecto, «el núcleo de sus intereses económicos y comerciales».
Sin embargo, por lo que concierne a la información relativa a la ayuda concedida y al cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma para su concesión, consideran que la reclamación debe ser estimada al «no haberse justificado la afectación de los intereses económicos y comerciales de la empresa y, por tanto, la necesidad de mantener la confidencialidad de la información».
Finalmente, agregan que tampoco se aprecia la concurrencia del resto de límites invocados y se enfatiza el elevado interés público en conocer los documentos objeto de la solicitud de acceso y elaborados en el marco de un procedimiento de concesión de ayudas públicas a una entidad empresarial con cargo al fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas.
Presiones de Ábalos
En conclusión, Transparencia reconoce el derecho de acceso a la resolución del Consejo Gestor del fondo de la SEPI por el que se aprueba conceder apoyo temporal a Air Europa y al acuerdo de gestión con Air Europa en el que se incluyan los detalles y condiciones de la ayuda concedida; con exclusión (y aquí está la explicación de la concesión parcial) del plan de viabilidad de la empresa y de aquella otra documentación que, «en su caso y mediante justificación expresa», contenga información estratégica susceptible de comprometer de manera real los intereses económicos y comerciales de la empresa concesionaria de la ayuda.
Este diario ha explicado en varias oportunidades la serie de interrogantes que han sobrevolado el rescate. Fue el primero en concederse y además en tiempo récord, el que mejores condiciones otorgó en cuanto en plazos de entrega, además del más elevado finalmente concedido. Las condiciones económicas reales de Air Europa tampoco quedaron realmente claras y su concesión salió adelante, pese a que llevaban años con problemas financieros.
Del mismo modo, en el informe aportado por la UCO la semana pasada se concluye que «las conversaciones halladas en los dispositivos electrónicos intervenidos permiten apreciar de manera indiciaria como (Víctor de) Aldama se valió de su relación Koldo-Ábalos, para influir en la concesión final del rescate a Air Europa». Un rescate que, según estas mismas informaciones, negoció José Luis Ábalos ante Pedro Sánchez y Nadia Calviño. Posteriormente, el exministro de Transportes presionó a su secretario de Estado de Infraestructura, Pedro Saura, y el presidente de la SEPI, Bartolomé Lora, para que cerraran cuanto antes los detalles de la operación.
