Puente encuentra en el PP un aliado inesperado en su batalla contra Ouigo en Bruselas
El PP presiona a la Comisión Europea con sancionar a Francia con un argumento clave del macroinforme del ministro
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El ministro de Transportes, Óscar Puente. | EuropaPress
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha encontrado en el Partido Popular (PP) un aliado inesperado en su batalla contra el operador ferroviario francés Ouigo en Bruselas. Hace unos días, el PP presionó a la Comisión Europea para que concluyan las barreras de entradas de la compañía Renfe en Francia. Una denuncia que es uno de los argumentos clave del macroinforme con el que trabaja el ministerio para luchar contra la operadora francesa, a la que acusa de competencia desleal.
La preparación del dosier de Renfe va camino de los siete meses (se siguen incorporando acciones) y se confía en la ayuda de la exvicepresidenta Teresa Ribera, la nueva jefa de Competencia en Bruselas. Un apoyo que serviría de garantía para convencer en un hipotético futuro al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de las prácticas que denuncia el ministro Puente.
Ouigo defiende que «no reciben financiación pública y que lo demostrarán en 2025», ante las acusaciones de dumping de la empresa pública española. Además, niega que no exista reciprocidad entre ambos países después de que se subraye desde el Gobierno que la operadora francesa se ha integrado antes que la española en Francia. Sobre esto último, aseguran que «han esperado seis años para abrir una línea de Madrid a Sevilla y que la tecnología de esta línea no es la misma que la que va a Barcelona o Valencia, por lo que tienen que homologar los trenes según el destino y no creen que la llegada a España haya sido fácil».
Por otro lado, Ouigo señala que «todo operador tiene que pasar por un trámite de varios años y que no hay barreras ni mala voluntad». Además, explica que Renfe ha tomado «decisiones tecnológicas» que son arduas para penetrar en Francia y donde es necesario que haya «homologación». Por último, subrayn que en Francia ya operan, además de la propia operadora francesa, la italiana Trenitalia y la española Renfe.
La pregunta del PP
En España, el mundo de la consultoría se ha posicionado del lado de la operadora francesa, señalando que están en un momento de ramp up (atraer demanda) y que es positiva la inversión de una empresa, en este caso pública, en nuestro país. Por su parte, el pasado 7 de enero el europarlamentario del PP Borja Giménez presentó ante la Comisión Europea una pregunta con solicitud de respuesta escrita. La decisión del PP de presionar a la Comisión Europea llega justo cuando se está ultimando el macroinforme de Renfe.
«El 4º Paquete Ferroviario y la Directiva 2016/2370 buscan liberalizar el transporte ferroviario en la Unión, pero en Francia persisten barreras que dificultan la entrada de nuevos operadores, como los altos costes y la falta de transparencia. En 2022, la Autoridad Nacional de Transporte francesa advirtió de estos problemas. Durante la pasada legislatura, el eurodiputado Jordi Cañas (Renew) planteó una pregunta sobre los obstáculos de Renfe para acceder a Francia. La comisaria Vălean respondió que la Comisión estaba al tanto y en contacto con las autoridades francesas», comienza el escrito.
«Dado el tiempo transcurrido desde esa respuesta y la falta de avances, ¿qué seguimiento han realizado los servicios de competencia de la Comisión con las autoridades francesas para asegurar que el proceso de liberalización se ajusta a la normativa europea?, ¿qué acciones específicas ha tomado la Comisión desde entonces para eliminar barreras de entrada y facilitar el acceso de competidores? Visto que este asunto lleva tiempo en manos de la Comisión, ¿se ha incoado ya un procedimiento previo al de infracción (EU Pilot) o se planea iniciar en los próximos meses? En caso afirmativo, ¿en qué estado se encuentra? Por otro lado, ¿la Comisión prevé incoar un procedimiento formal de infracción contra Francia?».
Por último, la empresa pública va más allá de una lucha de precios (Ouigo los ha bajado considerablemente para atraer demanda en su estrategia de ramp up) y apunta a «conductas» como libertad de movimiento. Según fuentes cercanas al Gobierno, se buscó obviar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en esta batalla porque «no suele tratar bien a las empresas públicas», una decisión que enfadó al regulador español. De momento, se sigue ultimando el informe; en Renfe son conscientes de que determinar una práctica anticompetitiva es complejo.