ADIF protege a tres cargos implicados en la contratación de Jésica Rodríguez
Una situación distinta a la de Tragsa, la otra empresa afectada, que aceptó la dimisión de su cargo salpicado
La amiga especial del exministro Ábalos. | Europa Press
La compañía de gestión de la vía ferroviaria, ADIF, mantiene en puestos de responsabilidad a los tres implicados en el encargo que hizo ADIF Alta Velocidad (AV) a Tragsa para contratar a Jésica Rodríguez, la mujer con la que el exministro de Transportes José Luis Ábalos tenía una relación especial. Un escenario que se da pese a que Tragsa ha apartado a su responsable del contrato hace un mes, coincidiendo con la declaración de Rodríguez, que confirmó la noticia adelantada por este medio.
Según ha podido saber THE OBJECTIVE a través de la encomienda del encargo que hizo ADIF AV, en el apartado de las autorizaciones, la relación de cargos firmantes del contrato fueron Ignacio Zaldívar (ADIF) y María Caridad (Tragsa), mientras que los que resolvieron aprobar el expediente y el gasto correspondiente de la liquidación del pedido fueron Elena Artalejo (como directora corporativa) y Juan Pablo Villanueva (como director general).
De los cuatro mencionados, solo se ha depurado responsabilidades con uno de ellos. Ha sido Tragsa, que hizo público que había aceptado la dimisión de María Caridad tras desvelarlo El Mundo. En su momento, hace ya un mes, la empresa afirmó a este periódico que «en el marco de la investigación, se produjo la renuncia de esta trabajadora de Tragsatec, gerente de Desarrollo rural y Política Forestal, que fue aceptada por la empresa». Por otro lado, en los últimos días desde la empresa han señalado a ADIF como la responsable última de esta contratación. Una acusación que también usó Ineco, la empresa previa en la que estuvo enchufada la amiga especial del exministro Ábalos.
No obstante, los tres restantes -que forman parte de ADIF- han mantenido sus puestos con responsabilidades similares. Villanueva, aunque ya no es director general de ADIF AV, sigue en la cúpula de la empresa, y ha sobrevivido a la revolución del nuevo presidente. Por otro lado, Artajo continúa como directora corporativa de ADIF AV y Zaldívar, que era un subordinado de los dos mencionados, también sigue en un puesto con responsabilidad.
Por encima de ellos estaba la presidenta Isabel Pardo de Vera que, según se ha conocido, sabía de la situación de Jésica Rodríguez en la empresa porque estaba adscrita a la presidencia. Aunque Pardo de Vera ya no se encuentra al frente de la compañía ferroviaria, sí continúan muchos de sus allegados, como el mencionado Villanueva. Recientemente, además, la expresidenta de la compañía -que está salpicada también por contratar mascarillas durante la pandemia con la trama Koldo en contra del criterio de los técnicos- ha fichado por la constructora ACS.
El pasado jueves, este medio publicó que ADIF tenía la competencia de supervisar el trabajo de Jésica Rodríguez, como así queda reflejado en una de las cláusulas del encargo. Así, y según la cláusula decimocuarta, «el lugar de la ejecución de los trabajos tendría que ser las oficinas de ADIF AV (en Madrid) o donde el responsable de ADIF AV estimase, así como los locales e instalaciones donde se debería efectuar los trabajos de control de la obra y siempre bajo las facultades inspectoras de ADIF AV».
Villanueva, en el foco
El actual director general de Negocio y Cliente, Juan Pablo Villanueva, también se encuentra salpicado por la contratación del hermano del asesor de confianza de Ábalos, Joseba García, en Ineco. Además de estas dos polémicas contrataciones, Villanueva se encuentra salpicado por un presunto caso de corrupción. Este periódico informó hace dos años de una denuncia en el canal ético de ADIF por directivos y trabajadores de la empresa pública que afectaban al hoy director general. Según los expertos, la compañía Obras Públicas y Regadíos (OPR) no debió obtener la mejor puntuación técnica en ninguna de las tres licitaciones evaluadas y consideraron que al menos en una de ellas se habría producido «un cambio significativo» en el orden clasificatorio final de las empresas.
Villanueva fue interrogado internamente junto con dos técnicos, y todos negaron los hechos «categóricamente». Finalmente, el ente público dio carpetazo al asunto y concluyó que no existían «indicios de irregularidad» en favor de OPR unos días después de que este periódico informase sobre el caso. Villanueva se ha salvado de la revolución en la cúpula que ha llevado a cabo el nuevo presidente de la compañía, que llegó después de que su predecesor se viese salpicado por amaños en dos contratos en los que se siguió una forma de actuar muy similar a la de OPR.