Moncloa cuela en el decreto de aranceles otro salvavidas para rescatadas como Air Europa

El Gobierno ha colado un salvavidas para las empresas rescatadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) durante la pandemia. En el Real Decreto-ley de medidas urgentes de respuesta a la amenaza arancelaria y de relanzamiento comercial, se ha incluido un artículo destinado a la suspensión de la causa de disolución por pérdidas provocada por diversos acontecimientos naturales, lo que -indican fuentes consultadas por THE OBJECTIVE– es un traje a medida para las empresas que recibieron dinero público a causa de la covid y siguen sin levantar cabeza cinco años después.

El artículo 6 del decreto indica que solo a efectos de determinar la concurrencia de la causa de disolución de la Ley de Sociedades de Capital «no se tomarán en consideración las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021 hasta el cierre del ejercicio que se inicie en el año 2025». Todas las empresas estarán protegidas de causa de disolución por pérdida patrimonial si esta situación se produce por el impacto de los años de la pandemia.

Y hay más. Los administradores de la sociedad que, a la entrada en vigor de este real decreto-ley, ya hubieran formulado las cuentas anuales, podrán reformularlas en el plazo máximo de un mes, a contar desde dicha entrada en vigor, tomando en consideración la eliminación de sus balances de los resultados de 2020 y 2021. En este caso, tienen tres meses e incluso podrán revocar (y reconvocar) su junta general de accionistas, si van a hacer este cambio.

Decreto de aranceles

En términos prácticos, esto supone que si las empresas eliminan de sus cuentas el efecto de la pandemia y vuelven a cifras patrimoniales positivas, no podrán quebrar hasta finales de 2025. El objetivo inicial del Gobierno era extender esta prerrogativa hasta 2026, pero tras las negociaciones con el Partido Popular (PP) decidió dar una moratoria solamente de un año.

El Gobierno justifica esta medida ante el temor de que se produzca una oleada de quiebras -similar a la de la covid- por la avalancha arancelaria impuesta por Donald Trump. Un “escudo de seguridad” que llega con miles de millones de créditos, pero sin la concesión de ayudas directas, lo que realmente podría ayudar al tejido productivo, dicen en el mundo corporativo.

Sin embargo, lo sorprendente es que esta moratoria contable fue una de las normativas del decreto del Gobierno que a principio de año fue rechazado por el PP, Junts y el PNV. Esta prerrogativa iba incluida en el decreto ómnibus que se impugnó y en el que también venía incluida una nueva prórroga del gravamen extraordinario a las empresas energéticas.

Rescatadas por la SEPI

De esta manera, el Gobierno rescató una moratoria que viene manteniendo con vida desde la pandemia y que ya ha entrado en su tercera prórroga. La primera se aprobó en marzo de 2020, en plena epidemia de covid y hasta finales de 2021, pero posteriormente se prorrogó para los años 2022, 2023 y 2024. A principios de este año una nueva prórroga decayó en el Congreso y ahora se volvió a retomar con un decreto que difícilmente será rechazado al estar incluido en las medidas de protección por la guerra arancelaria.

En cualquier caso, todas las fuentes consultadas indican que estamos ante un nuevo salvavidas para las rescatadas por la covid, tanto por la SEPI como por Cofides. El Fondo de Ayuda a la Solvencia de las Empresas Estratégicas (Fasee) ayudó a una treintena de compañías por valor de 3.200 millones entre las que se encontraban Air Europa, Duro Felguera, Plus Ultra, Técnicas Reunidas, Volotea, Air Nostrum y Wamos; mientras que el Fondo de Recapitalización (Fonrec) dio ayudas a un centenar de pymes con 779 millones en total.

Este diario ha advertido en varias oportunidades de que muchas de estas empresas siguen atravesando graves problemas financieros y un buen número de ellas no podrán pagar en tiempo y forma los rescates contraídos con la SEPI. Muchas han recibido prórrogas y una buena parte tiene en la nueva moratoria contable una herramienta para seguir negociando con acreedores y eludir el concurso por causas patrimoniales, al menos durante todo 2025. Además, considerando que hay un plazo de seis meses para presentar cuentas, tendrán un respiro al menos hasta mediados de 2026.

Air Europa y Duro Felguera

En el caso de Air Europa, ha logrado volver a la normalidad, disparando sus ingresos hasta los 2.900 millones en 2024. Pero la losa de la deuda sigue siendo de 800 millones, mantiene una situación patrimonial negativa y tiene el pago de la SEPI a la vuelta de la esquina, lo que -hasta antes del decreto- le obligaba a pensar en la entrada de un nuevo socio financiero o en una nueva ampliación de capital. A finales del año pasado ya realizó una ampliación en la que Globalia desembolsó 65 millones e Iberia otros 16 millones, aunque ahora, con la moratoria prorrogada, no podrá entrar en causa de disolución.

Diferente es el caso de Duro Felguera. La compañía está en preconcurso de acreedores y a sus problemas patrimoniales suma su falta de liquidez y sus inexistentes avales para participar en licitaciones. De hecho, la ingeniería deberá presentar una solución antes del 11 de junio; de lo contrario, tendrá que quebrar. Técnicamente, tendría imposible acogerse a esta moratoria contable, porque no mantiene negocios con Estados Unidos (y no tendría impacto por los aranceles), pero en ciertos sectores de la compañía creen que podrían obtener el plácet de la SEPI para realizar un movimiento en esta línea.