CCOO denuncia ante la Inspección de Trabajo el enchufe en Tragsatec de la amiga del ministro 

El sindicato mayoritario de Tragsatec, la filial de la empresa pública Tragsa, ha denunciado ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (dependiente del Ministerio de Trabajo) la contratación de Jésica Rodríguez, la amiga especial del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en su la compañía en 2021. Así lo anunció la sección sindical estatal de Comisiones Obreras (CCOO) en Tragsatec hace unos días en una circular.

La denuncia fue registrada el pasado 7 de abril y, según el sindicato, «plantea posibles irregularidades en el proceso selectivo, así como en el cumplimiento de la normativa laboral vigente, particularmente en lo relativo al registro horario, modalidad contractual y principios de igualdad en el acceso al empleo público». El pasado 27 de febrero, la amiga especial del exministro declaró ante el Tribunal Supremo que cobró, pero no acudió a trabajar. Desde Tragsa se defendieron y acusaron a ADIF (que encargó ese trabajo a Tragsatec) de ser la responsable última de dicha contratación.

La denuncia de CCOO se sostiene con dos principales argumentos que apuntan a un enchufe y al absentismo laboral: «Un proceso selectivo atípico, con una convocatoria publicada posiblemente durante un tiempo muy reducido (siete horas) y una valoración de méritos que habría beneficiado exclusivamente a la persona seleccionada; ausencia de actividad efectiva de la trabajadora durante su contrato de seis meses con Tragsatec, sin que conste ningún registro de presencia ni desarrollo de tareas asignadas».

Presunto fraude de ley

Por otro lado, resaltan otros argumentos de peso, como «la asignación formal a un proyecto con ADIF en el que no se habrían desempeñado funciones reales, pese a lo cual se certificaron sus servicios y se abonó el salario correspondiente, un posible uso inadecuado del contrato temporal, en presunto fraude de ley, al no existir causa objetiva ni actividad laboral que justificara dicha modalidad. Por último, una reacción tardía de la empresa, que solo inició una auditoría interna y cesó a una responsable tras la aparición pública del caso en medios y comparecencias judiciales».

«La denuncia fundamenta estos hechos en diversos preceptos del Estatuto de los Trabajadores, la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (Lisos), la Constitución Española, y el Convenio Colectivo de aplicación en Tragsatec, así como en las obligaciones de transparencia y legalidad propias de una sociedad pública. Además, se solicita a la Inspección de Trabajo que investigue los hechos y, en su caso, adopte las medidas sancionadoras, correctoras y de garantía necesarias para evitar que situaciones similares puedan repetirse», sentencian desde el sindicato.

Investigación en el Supremo

De esta forma, se abre una nueva vía de investigación sobre la contratación de Jésica Rodríguez, además de la que ya hay en el Tribunal Supremo. Hace unos días, la joven evitó acudir a la comisión de investigación del Senado. Rodríguez alegó ansiedad, pero envío un escrito donde ratificó la versión que ofreció en el Tribunal Supremo a finales del pasado mes de febrero.

La joven, por entonces, aseguró que estuvo contratada en dos empresas públicas, Ineco y Tragsatec, pero que cobraba sin acudir a trabajar. También subrayó que el exministro no medió para que la contratasen. No obstante, la Guardia Civil ha encontrado evidencias de que las gestiones corrieron a cargo de su asesor, Koldo García. El mismo que habría favorecido el alquiler del lujoso piso en el centro de Madrid en el que residió casi tres años.

El Supremo ha pedido a dos de las empresas salpicadas, Ineco y Tragsatec, que le remitan información y documentación sobre el modo en que fue publicada la vacante que acabó cubriendo Jésica Rodríguez. El juez les reclama que aporten la fecha y el canal de publicación de la oferta de trabajo. De momento, por este caso solo ha habido una víctima: el despido de un cargo intermedio de Tragsatec.

En esta polémica contratación ha habido tres empresas responsables: ADIF (que es la que hizo el encargo como medio propio), Ineco y Tragsatec. Cada una ha seguido una estrategia diferente. La primera ha optado por el silencio, e incluso ha premiado y protegido a cargos salpicados con su contratación. La segunda ha optado por enfrentarse a Jésica y desmintió a la afirmación de la joven que decía que no había trabajado aportando partes laborales. Por último, Tragsatec, y como antes se ha mencionado, cargó la responsabilidad en ADIF.