Las empresas que contrataron a Jésica han disparado sus plantillas en los últimos años

Las empresas Ineco y Tragsa, salpicadas hoy por la polémica contratación de Jésica Rodríguez, la amiga especial del exministro de Transportes José Luis Ábalos, han disparado sus plantillas en los últimos años. Un escenario que está ligado con la cantidad de contratos públicos que ha recibido en esos mismos años, aprovechando su condición de «medio propio». Lo que les ha permitido recibir a dedo adjudicaciones de las Administraciones, entre las que cabe mencionar al gestor de la vía ferroviaria, ADIF.

Según las cuentas anuales de Ineco, en 2020 la empresa contaba con 3.528 empleados repartidos en diferentes direcciones (ingeniería y consultoría, negocio nacional, internacional, organización, recursos y presidencia). Una cantidad que en 2021 pasó a ser de 3.748 y que los siguientes años siguió aumentando de forma paulatina: 4.120 trabajadores (2022) y 5.133 empleados (2023). Es decir, que entre 2020 y 2023 (último año del que se tienen datos), hubo un aumento en plantilla del 45%.

Por otro lado, si atendemos a las últimas cuentas anuales de Tragsa, el número medio de personas empleadas en 2022 fue de 4.186 trabajadores fijos y 6.081 empleados (no fijos). Un número que en 2023 aumentó, pasando a 4.364 trabajadores (fijos) y 7.165 empleados (no fijos). Un escenario que cambió con respecto a 2021, que situaba a las personas empleadas en 3.822 (fijos) y 4.948 (no fijos).

La filial de ADIF -ADIF AV- está en el foco por la contratación de Jésica Rodríguez por haber sido la responsable última de dicho fichaje. Así, fue esta la que encargó a Ineco y Tragsatec (filial de Tragsa) la contratación de la amiga especial del exministro entre los años 2019 y 2021. Según aseveró la joven el pasado 27 de febrero en el Tribunal Supremo, cobró de ambas empresas sin ir a trabajar. Un escenario que ha provocado respuestas distintas por parte de las empresas afectadas: ADIF ha mantenido silencio, Ineco lo ha desmentido aportando partes de laborales y Tragsatec ha cargado la responsabilidad en ADIF AV.

Pero Jésica Rodríguez no es la única contratación polémica. El hermano del asesor del exministro Ábalos, Joseba García, también comenzó a trabajar en Ineco (por encargo de ADIF) por las mismas fechas que lo hizo ella. Tanto el fichaje de Jésica Rodríguez como el de Joseba García por parte de ADIF AV a través de una subcontratación se debe a que las plazas de ADIF y ADIF AV van por concurso público tras previa aprobación del Gobierno, por lo que los trabajadores de estas compañías se computan como un gasto para el Estado. En cambio, empresas como Ineco, Tragsa y Emfesa no cuentan con este requisito y al ser contratados indirectamente desde ADIF o ADIF AV se entiende que es una inversión.

De esta forma, como ni ADIF ni ADIF AV pueden fichar libremente en el mercado, usan como subterfugio un contrato de asistencia técnica a un «medio propio» para camuflar una cesión de personal. Estas empresas no necesitan hacer un concurso de oposición para contratar, sino un proceso selectivo.

Pero Ineco y Tragsa también reciben por su condición de medio propio adjudicaciones de forma directa. De esta forma, Tragsa se ha aprovechado de la llegada de los fondos europeos y se ha erigido como una empresa clave para canalizar las ayudas. Y también lleva a cabo subcontrataciones con empresas privadas.

Así, y según ha publicado este medio de forma reciente, el Grupo Tragsa ha copado el 40% del incremento de las adjudicaciones públicas a medios propios. Este fuerte incremento de los encargos de adjudicaciones de obras públicas a empresas de la administración está además altamente concentrado. Según la patronal, el 64,2% de este crecimiento en los encargos lo han copado diez empresas públicas, especialmente Tragsa y Tragsatec con el 21% y 17,5%, respectivamente.

Los encargos a estas empresas han generado polémica. Por ejemplo, uno de los que ha levantado más revuelo en el sector de la ingeniería es el del puente de la carretera SE-40 de Sevilla, que fue adjudicado a Ineco. «Un megaproyecto valorado en 458 millones de euros, cifras que lo convierten en uno de los proyectos de mayor envergadura que depende de la Dirección General de Carreteras, dependiente del Ministerio de Transportes». A principios de año, se conoció que el caso se iba a llevar a la Audiencia Nacional.

Ineco está participada por ADIF (que cuenta con el 20,69%), ADIF Alta Velocidad (20,68%), Enaire (45,85%) y Renfe (12,78%), mientras que Tragsa está participada por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) en un 51%, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) con un 38,8% y la Dirección General del Patrimonio del Estado por un 9,8%.