La pública ADIF ignora cuántos subcontratados como Jésica Rodríguez ha tenido y su coste

La empresa pública de gestión de la red ferroviaria, ADIF, desconoce el número de subcontratados y el coste en los últimos años que ha tenido con la empresa Ineco, que fue una de las compañías que contrató a Jésica Rodríguez, la amiga especial del exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Una empresa, participada por ADIF (20,69%), ADIF Alta Velocidad (20,68%), Enaire (45,85%) y Renfe (12,78%), que es utilizada por el gestor como «medio propio» de forma habitual por la falta de personal de la propia empresa.

THE OBJECTIVE preguntó a través de Transparencia el pasado mes de marzo al gestor de la red ferroviaria sobre el gasto anual de ADIF en los últimos cinco años (2020, 2021, 2022, 2023 y 2024) por contratar a trabajadores de la empresa Ineco y que se especificase en cada año el número de personas por categoría (ingenieros, técnicos, administrativos…) que se requirieron. Ocurría en pleno escándalo por las polémicas contrataciones de la ya mencionada Jésica Rodríguez y el hermano del asesor del exministro Ábalos, Joseba García, en esa misma empresa.

Hace unos días, ADIF respondió a la pregunta de este medio rechazando facilitar la información por su complejidad. «Esto supone que, para el periodo concreto de referencia, el número de expedientes de contratación celebrados con Ineco asciende a 671, ello implica comprobar cada expediente de contratación, revisar todos y cada uno de los archivos que en ellos se recogen y dentro del pliego de prescripciones técnicas particulares, extraer la información relativa a las contrataciones de trabajadores de la empresa Ineco y que se especifique en cada año el número de personas contratadas por categoría. Es decir, se recurre a documentos que tienen un contenido mucho más amplio que el propio dato que se pretende recabar, lo que provocaría que el trabajo se demorase durante meses».

«Sin recursos humanos suficientes»

No obstante, la propia empresa en su respuesta reconoció que su justificación no era válida para acogerse al artículo 18 de la Ley 19/2013 (sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno) para inadmitir solicitudes de información. «Si bien es cierto que para el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno el hecho de que la información solicitada se caracterice por su volumen y complejidad no es motivo suficiente para la observancia del motivo de inadmisión, lo realmente determinante en este caso es la necesidad de recurrir, para obtener la información, a un número muy elevado de documentos y de expedientes diferentes, que se encuentran dispersos por localizarse en multitud de archivos y de la necesidad de una formación determinada por parte de los trabajadores para poder entenderlos y examinarlos».

Por otro lado, ADIF alegó además que «la información que se debía extraer no era simple y directa y requería una actividad de interpretación y análisis técnico que no puede llevarse a cabo por cualquier trabajador de la entidad». De esta forma, sentenció: «Teniendo en cuenta estas consideraciones, se concluye que los departamentos de gestión documental e información no disponen de los recursos humanos suficientes para realizar dicha tarea, siendo el coste económico que pudiera suponer la consecución de los datos reclamados, elevadísimo».

Pardo de Vera, al borde de la imputación

La expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, se encuentra salpicada por la contratación de Jésica Rodríguez por su supuesta participación activa. Así, hace unos días se conoció que el Tribunal Supremo apreció delito en la forma con la que actuó la expresidenta en la contratación de Jésica Rodríguez y dejó la decisión de imputarla a la Audiencia Nacional. Pardo de Vera no solo tiene este frente abierto tras su paso por ADIF. La auditoría interna que montó el ministro de Transportes, Óscar Puente, el pasado año apunta a la cúpula por haber comprado mascarillas a la trama Koldo contra el criterio de los técnicos.

Por último, y como informó este medio, las empresas Ineco y Tragsa, salpicadas por la contratación de Jésica Rodríguez, han disparado sus plantillas en los últimos años. En el caso específico de Ineco, y según sus cuentas anuales, en 2020 la empresa contaba con 3.528 empleados repartidos en diferentes direcciones (ingeniería y consultoría, negocio nacional, internacional, organización, recursos y presidencia). Una cantidad que en 2021 pasó a ser de 3.748 y que los siguientes años siguió aumentando de forma paulatina: 4.120 trabajadores (2022) y 5.133 empleados (2023). Es decir, que entre 2020 y 2023 (último año del que se tienen datos), hubo un aumento en plantilla del 45%.