ADIF hizo 3.000 adjudicaciones por 15.000 millones mientras actuó la trama Koldo-Ábalos
La empresa pública con cuatro adjudicaciones investigadas por la UCO es la más activa en cuanto a licitaciones
José Luis Ábalos y Koldo García. | Ilustración de Alejandra Svriz
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) hizo 3.070 adjudicaciones por valor de 15.000 millones de euros durante los tres años en los que el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sitúa la acción de la trama que supuestamente cobró mordidas y en la que se señala directamente a Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. La información analizada por THE OBJECTIVE de la Plataforma de Contratación del sector público indica que la compañía dependiente del Ministerio de Transportes fue una de las más activas en cuanto a licitaciones, con algunas de las más cuantiosas realizadas entre los periodos analizados.
El sistema público de subvenciones repartió entre 25.000 y 30.000 millones de euros al año durante este periodo, exclusivamente en el marco de la Administración General del Estado (AGE), por lo que el peso de ADIF en las licitaciones es uno de los más grandes de todas las empresas públicas. Una compañía en el foco de las investigaciones policiales y que dependía jerárquicamente del exministro Ábalos y donde su principal asesor, Koldo García, supuestamente realizaba amaños en las concesiones, según la investigación judicial.
El último informe de la UCO -que ha forzado a Santos Cerdán a renunciar a su cargo de secretario de Organización del PSOE y a dejar su acta de diputado– menciona nueve adjudicaciones supuestamente amañadas que fueron a Acciona, Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) para proyectos en Andalucía, Asturias, Cataluña, Galicia, La Rioja, Región de Murcia y Teruel. De ellas, cuatro fueron adjudicadas por ADIF y el resto por la Dirección General de Carreteras. Y por todas ellas los involucrados habrían cobrado comisiones, o lo habrían intentado.
Contratos de ADIF
Solo en el caso de Acciona hablamos de 535 millones de euros en total para cinco adjudicaciones y un pago total a la trama de 620.000 euros y otros 450.000 euros que, según las conversaciones intervenidas no se terminaron de abonar. Del resto, tres contratos fueron para LIC o otro para OPR en procesos que temporalmente están situados entre junio de 2018, nada más llegar José Luis Ábalos al Ministerio de Transportes, hasta julio de 2021, cuando abandonó la cartera.
Nueve adjudicaciones en las que hay pruebas de presuntas mordidas, pero que podrían abarcar mucho más. Una decena de investigaciones periodísticas durante los últimos dos años hablan de más denuncias. Y de hecho, Víctor de Aldama, comisionista de la trama Koldo, involucrado en gestiones a favor de Air Europa e investigado por la trama de los hidrocarburos, presentó ante el Tribunal Supremo 128 contratos adjudicados que -según su versión- han estado amañados y su ganador estaba decidido antes de que empezara la adjudicación.
En el caso de ADIF, es la empresa de infraestructuras que más contratos ha resuelto durante los tres años de Ábalos en el Ministerio de Transportes y de Ana Pardo de Vera como presidenta de la compañía pública. Estamos hablando de 3.070 procedimientos con 15.000 millones de euros en concesiones. Entre ellos encontramos grandes proyectos como los 529 millones de un contrato para “la redacción de los proyectos constructivos, ejecución de las obras, conservación y mantenimiento de las instalaciones de enclavamientos, sistemas de protección del tren, control de tráfico centralizado, sistemas auxiliares de detección”.
Licitaciones bajo sospecha
También encontramos 419 millones “para el suministro de energía eléctrica durante los años 2019 y 2020 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por ADIF-Alta velocidad“; otros 404 millones para este mismo suministro entre 2021 y 2022; 294 millones para el tramo nudo la Encina-Xativa / Valencia; 286 millones para el mantenimiento de infraestructura y “vía para líneas convencionales y de ancho métrico de ADIF 2020-2022”; y 259 millones para la “redacción de proyectos constructivos, ejecución de las obras, conservación y mantenimiento de las instalaciones de enclavamientos, sistemas de protección del tren, control de tráfico centralizado, sistemas auxiliares de detección, telecomunicaciones”.
En el caso de los contratos investigados y donde hay sospechas de amaños y pago de mordidas, el último informe de la UCO sitúa uno de soterramiento de la red ferroviaria de Murcia, adjudicado a Acciona; otro de licitación de obras del corredor mediterráneo Murcia-Almería, también a Acciona; un tercero con la construcción del ferrocarril del Sant Feliu de Llobregat, a Acciona: y un cuarto con adjudicación de obras de emergencia en Asturias, esta vez a LIC.
Es evidente que no todas las 3.070 licitaciones de estas fechas por ADIF están bajo sospecha, pero fuentes del sector empresarial creen que muchas más de las cuatro señaladas terminarán finalmente saliendo a la luz. Por ejemplo, en el caso de Acciona, el operador ferroviario público otorgó en estos tres años analizados 947 millones de euros a 19 contratos, a alguna de sus filiales o en una UTE (Unión Temporal de Empresas) con otras constructoras. Y según la UCO, al menos la mitad de este montante está bajo sospecha. En el caso de OPR, se trata de tres contratos por 29,5 millones de euros.