Renfe pone en jaque 1.300 empleos en su cruzada contra los ferroviarios veteranos

La compañía pública Renfe prepara la jubilación forzosa de 1.300 trabajadores hasta finales de 2027. Una perspectiva que ha sacudido internamente a la compañía porque los empleados afectados, que son los que más experiencia acumulan en diversas áreas de la empresa, se quejan del trato de la nueva dirección «contra el ferroviario». Tanto el presidente de la compañía, Álvaro Fernández Heredia, como su número dos provienen del sector del autobús y buscan rediseñar el concepto de la empresa pública de trenes.

Un escenario que lamentan los trabajadores porque se va a prescindir de un capital humano muy valioso en un momento clave para la compañía, que tiene por delante varios frentes y retos clave. Desde principios de septiembre, Renfe ha comenzado a enviar cartas de extinción de contratos a un primer grupo de empleados, cerca de 300, que en principio dejarán su puesto el 31 de diciembre de este año. Además, y según fuentes conocedoras, se preparan 500 jubilaciones forzosas en 2026 y otras 500 en 2027.

Hay agitación dentro de la empresa por la cruzada contra el ferroviario, que es el perfil que mejor conoce la compañía, y que comenzó a formar parte de la plantilla en los años 80. Los empleados denuncian que la cúpula considera a estos veteranos «la razón de todos los males de Renfe» y creen que es un error acabar con el talento interno de personas con una gran capacidad técnica para sustituirlas por otras inexpertas. Este año han desembarcado aproximadamente una veintena de nuevos directivos, y aunque hay algunos con capacidad, también hay otros que cuentan con un «pobre» conocimiento del sector.

Entre los empleados se asegura que la nueva dirección «va a por los que tienen ocho apellidos ferroviarios». Es decir, aquellos que tienen un historial familiar ligado al tren. En el foco está el director general de Organización y Talento, Lucas Calzado, ligado por su familia a este sector y al que se le acusa de «traidor». «Se buscan mujeres y gente joven, y eso está bien, pero sin perder el conocimiento que ya existe y que serviría para formar a los que entran», relatan fuentes conocedoras del asunto.

Jubilación impugnada

Según adelantó este medio, un sindicato minoritario de la empresa pública, CSIF, ha impugnado la jubilación forzosa que se pretende llevar a cabo este año ante la Audiencia Nacional, lo que abre la posibilidad de que se anule o retrase la decisión si este órgano jurisdiccional falla a favor del sindicato o pide una medida cautelar. Aunque oficialmente los trabajadores a los que se pretende incluir en la jubilación forzosa son 186, fuentes conocedoras apuntan que existe un grupo no identificado que suma 100 personas más.

Entre estas personas hay aproximadamente 50 directivos (conocidos como la ‘vieja guardia’ de la empresa); el resto son personal de conducción, comerciales y operativos, y afecta tanto a la corporación de Renfe como a sus filiales de Viajeros y Mercancías. Los trabajadores buscan abogados para protegerse de este movimiento de la compañía pública porque quieren seguir trabajando hasta los 68 años en la empresa, sobre todo tras rechazar las propuestas de jubilaciones voluntarias o parciales recogidas en los planes de desvinculaciones.

«Sin un plan estudiado y ordenado»

El polvorín en Renfe comenzó a finales de julio, cuando se envió una carta anónima que anunciaba la salida forzosa de empleados a partir del 1 de septiembre. Al día siguiente, y tras intervenir el Ministerio de Transportes, se anuló y se volvió a mandar otra carta, esta vez firmada, para anular dicha fecha. Ahora se confirman las mismas intenciones pero con una nueva fecha: 31 de diciembre de 2025. Renfe trata de rebajar la tensión y fuentes oficiales argumentan que todo se remonta a un acuerdo alcanzado el 25 de junio de 2024 entre la empresa y los sindicatos con mayor representación (CCOO, Semaf y UGT) y que la decisión está «orientada al relevo generacional y el objetivo de igualdad hombres y mujeres en la compañía».

«En cuanto a la jubilación ordinaria, causan baja todas las personas con una edad igual o superior a 68 años, siempre que se cumplan los requisitos exigidos por la normativa de la Seguridad Social para tener derecho al 100% de la pensión ordinaria. Sin embargo, con el objetivo de fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, el límite anterior podrá rebajarse hasta la edad ordinaria de jubilación fijada por la normativa de Seguridad Social cuando la tasa de ocupación de las empleadas en alguna de las actividades económicas del convenio sea inferior al 20%».

Los afectados señalan que se desestima la jubilación demorada que promovía la Seguridad Social para alargar la vida laboral, se asumen las posibles pérdidas económicas por demandas y se activa un relevo sin un plan estudiado y ordenado. Una situación que ha provocado que en la plantilla haya una reacción de desconfianza y desánimo.