Moncloa vuelve a salvar a Plus Ultra con otra prórroga 'in extremis' del decreto antiquiebras

El Gobierno ha dado el enésimo salvavidas económico a Plus Ultra y Air Europa, dos empresas muy cuestionadas por los rescates de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) concedidos en la pandemia. El 24 de diciembre —en vísperas de Nochebuena— el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó in extremis una nueva prórroga hasta finales de 2026 del decreto que permite no contabilizar las pérdidas de 2020 y 2021 a efectos de causa de disolución. Esto evita —por sexto año consecutivo— que estas sociedades tengan que enfrentarse al concurso de acreedores, como ha podido confirmar THE OBJECTIVE.

El Real Decreto-ley 16/2025 aprobado por el Consejo de Ministros del 23 de diciembre prorrogó determinadas medidas «para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, incluyendo medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social». Este decreto «coló» la prórroga de la moratoria antidesahucios y la ratificación un año más de esta norma que libra de la quiebra a empresas en situación de severo desequilibrio patrimonial.

En este último caso, estamos ante una prórroga que se mantiene a golpe de sucesivos decretos desde 2020, generando un blindaje económico artificial. Esta moratoria contable fue justificada primero por los efectos de la pandemia, luego por la invasión de Ucrania y el año pasado por los devastadores efectos de la dana. El Gobierno siempre ha argumentado que busca proteger a las empresas que serían viables sin el impacto de estas situaciones extraordinarias, por ello excluye del cómputo patrimonial las pérdidas de 2020 y 2021.

Decreto antiquiebras

Es así como a finales de 2024 se aprobó un decreto similar -incluyendo 2025 y 2026 en la moratoria-, pero fue rechazado por el Congreso con los votos en contra de Junts, por lo que decayó. Posteriormente, en abril, se volvió a incluir esta prórroga en una ley ómnibus que se validó, aunque solo con el año 2025. Es así como, a falta de siete días para que cerrase el año, se amplió hasta 2026 por una «extraordinaria y urgente necesidad, en vista de que, de manera inminente, expirarán los efectos de la ampliación acordada en virtud del artículo 6 del Real Decreto-ley 4/2025, de 8 de abril».

No obstante, no hay un argumento claro que justifique esta nueva prórroga hasta finales de 2026. «Esta medida, de carácter transitorio, permitirá que las pérdidas provocadas por determinados hechos, de carácter sobrevenido y extraordinario, sean absorbidas en un tiempo prudencial con el fin de favorecer que empresas viables que atraviesan ciertas dificultades ocasión», dice el BOE publicado hace una semana.

Y agregan que «los mismos motivos que justificaron el esfuerzo desplegado para conservar el tejido productivo abultadamente afectado por el covid-19 aconsejan que las compañías que siguen siendo consideradas viables puedan conservar la expectativa de una plena recuperación, sin que la misma se vea abortada prematuramente por la mera aplicación de una regla contable que no es indicativa, por sí sola, de la capacidad de la empresa de continuar con su actividad».

Problemas de Plus Ultra

Una justificación que sugiere más bien un traje a medida para determinadas empresas que siguen en desequilibrio patrimonial cinco años después de la pandemia. En el caso de Plus Ultra Líneas Aéreas, este decreto es precisamente una de las normas que mantiene a la compañía con vida. En 2024 -las últimas cuentas presentadas- registró un patrimonio neto negativo de 40,5 millones de euros -por encima de los 24 millones de 2021-, lo que refleja una situación de riesgo financiero serio y potencial insolvencia.

Y su propio auditor advierte de que la empresa tiene serios problemas para seguir en funcionamiento. De hecho, según la ley de sociedades de capital, la compañía debe buscar soluciones para no entrar en riesgo de insolvencia y equilibrar su patrimonio con herramientas como la reducción o ampliación de capital, la reestructuración de su deuda o, si nada de esto funciona, recurrir al concurso de acreedores para evitar la quiebra.

Pero, en estas mismas cuentas de 2024, Plus Ultra advierte que sigue en funcionamiento precisamente por la norma que permite computar como patrimonio sus préstamos participativos (no de 34 millones de la SEPI y otro de 6,3 millones) y este decreto antiquiebras que le permite excluir del cómputo patrimonial pérdidas de 2020 y 2021. Es así como con esta nueva prórroga ‘in extremis’, Moncloa ha dado un año más de vida a la aerolínea que, ya que no podrá quebrar ni en 2025 y ahora en 2026. En tanto, debe abonar 19 millones por préstamo covid en 2026 y los otros 34 millones de crédito participativo en 2028.

Air Europa

Recordemos que el rescate de Plus Ultra está nuevamente bajo investigación judicial, esta vez porque la Policía intenta determinar dónde fueron a parar los 53 millones que recibió de la SEPI. Todo ello después de que hace dos años se cerrara otro juicio por un defecto de forma en el que se analizaron una serie de presuntas irregularidades en la concesión de la ayuda así como la idoneidad de las condiciones (económicas y estratégicas) que presentaba la aerolínea al momento de recibir el dinero en marzo de 2021.

Por su parte, la situación de Air Europa es similar. Las últimas cuentas presentadas de Air Europa Líneas Aéreas SA en 2024 indican que tiene un patrimonio neto negativo de 349,7 millones de euros, lo que le obliga a buscar soluciones para evitar la disolución. Sin embargo, en su balance se argumentan las dos normas que esgrime Plus Ultra: la de los préstamos participativos contabilizados como patrimonio y el decreto que excluye las pérdidas de 2020 y 2021.

Air Europa devolvió hace pocas semanas el préstamo íntegro a la SEPI, un total de 475 millones. Esto significa que técnicamente ya no pueda computar este crédito como patrimonio a efectos de causa de disolución, aunque también es cierto que ha reducido su endeudamiento y su liquidez. En cualquier caso, la compañía no tendrá que preocuparse por equilibrar sus cuentas tampoco en 2026 gracias a la prórroga del decreto antiquiebras, lo que le da al menos dos años para que ajuste sus cuentas sin tener que preocuparse por la disolución.