La Agencia de Seguridad Ferroviaria advirtió a ADIF por minusvalorar la supervisión de las vías
Al organismo público le preocupa que la seguridad de la circulación haya quedado relegada en su organigrama
El presidente de ADIF, Luis Pedro Marco de la Peña. | EP
La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) —un organismo dependiente del Ministerio de Transportes— lleva desde principios del año 2025 inquieta por la situación de la dirección de seguridad del gestor de la infraestructura ferroviaria, ADIF. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, la agencia pública pide una justificación a la empresa pública por tener la competencia de la seguridad de la circulación en un área que no parece la más idónea. Un escenario que le ha supuesto a la empresa pública tener «un condicionamiento grave en la autorización de seguridad ferroviaria».
ADIF decidió a principios de año desmantelar la Dirección General de Seguridad Procesos y Sistemas Corporativos, lo que provocó que la seguridad de la circulación (que garantiza que los trenes circulen sin riesgo por la red ferroviaria y se eviten colisiones y descarrilamientos) pasara por diferentes departamentos de la empresa (entre ellos Mantenimiento y Gabinete de Presidencia) durante 2025. Finalmente, ADIF optó por incluir el pasado octubre la dirección de seguridad en el área de comunicación, lo que generó una nueva advertencia de la agencia estatal.
Este asunto le preocupa al organismo público porque se trata de la Dirección de Gabinete de Presidencia, Comunicación y Relaciones Institucionales, que es además la única de la cúpula de la empresa pública que no tiene el estatus de «Dirección General», y que está liderada por el periodista Salvador Almenar (previamente director de comunicación de la empresa). Para ello, el organismo público ha instado a ADIF a presentar un «análisis de riesgos» sobre este cambio organizativo, que todavía no ha llevado a cabo, porque no confía en los conocimientos del que lleva la dirección.
Para que ADIF pueda abrir su infraestructura a las compañías ferroviarias (Renfe, Iryo y Ouigo) cada día necesita previamente tener la autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Según ha podido saber este medio, esta ha permitido durante estos meses a ADIF explotar los 15.000 kilómetros de red ferroviaria, aunque sujeto a diferentes condicionantes, entre los que se encuentra la necesidad de trasladar un informe que justifique el controvertido movimiento corporativo con el área de seguridad.
Una exigencia que además está precedida por la presión que ejerce la Unión Europea (UE) en esta materia, con una normativa rigurosa en seguridad ferroviaria y que deben cumplir las empresas públicas como ADIF. De hecho, mide con precisión cualquier movimiento, incluidos los nombramientos. Por otro lado, y según ha podido saber este medio, la seguridad no es precisamente la competencia que más seduzca a algunos directores generales por los problemas que genera. Ahora esta competencia se vuelve esencial tras el trágico accidente del pasado domingo en Adamuz (Córdoba).
El hecho de que la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) permita operar a ADIF bajo condicionantes es porque no puede de facto parar la circulación ferroviaria en España, por el caos que provocaría dicha decisión. Sin embargo, es un asunto sensible dentro del organismo público dependiente del Ministerio de Transportes, y así se lo ha hecho llegar durante varias ocasiones a la empresa pública después de que desmantelase a principios de año la dirección general en la que se encontraba. En noviembre de 2025, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria dio finalmente la autorización de seguridad a ADIF, pese a sus dudas sobre el hecho de que la seguridad de la circulación se alojara en el área de comunicación.
Existe un enfado interno en la empresa pública por cómo se ha tratado no solo la seguridad de la circulación, sino también el área de mantenimiento de la red ferroviaria, de la que se encarga la dirección general de Operaciones y Explotación. Un departamento dirigido por Raúl Míguez, mano derecha de la controvertida expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera. Según las investigaciones hasta el momento, el accidente habría sido causado por una rotura de la vía. De acuerdo con fuentes del sector, esto se ha debido a la falta de mantenimiento de la red por parte de la empresa pública.
Paralelamente, hay un hecho que ha llamado la atención en el sector ferroviario: la nula aparición pública del presidente de ADIF, Luis Pedro Marco de la Peña. Desde el accidente ha habido declaraciones de todos los relacionados con lo ocurrido: el presidente del operador privado Iryo, Carlos Bertomeu, el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, y el ministro de Transportes, Óscar Puente. Precisamente este último compareció el miércoles para dar nuevas explicaciones sobre el suceso junto con un alto cargo de Renfe y otro de ADIF.
La asociación Liberum ha presentado una denuncia ante el tribunal de Montoro (Córdoba) por homicidio por imprudencia grave, lesiones por imprudencia grave y un delito contra los derechos de los trabajadores contra los siguientes tres cargos: el director de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), Pedro Lekuona, el director corporativo de Seguridad en la Circulación de ADIF, David Gómez Rey, y el subdirector de Circulación de Alta Velocidad (AV) de ADIF, Francisco Martín.